Las empresas de transportes de Cádiz confían en la escolta para afrontar la huelga

La huelga indefinida de los camioneros, convocada por la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, parece inevitable a partir del lunes después de acabar sin acuerdo la reunión mantenida este jueves en el Ministerio de Fomento.

Según el departamento que dirige Raquel Sánchez, la cita tenía «carácter informativo», no era para negociar, y se celebró a petición de los propios transportistas que la habían pedido hace días por carta.

Ante esta situación, la Asociación Provincial del Transporte ha solicitado el apoyo de las Fuerzas de Seguridad del Estado para escoltar a los camioneros que no secunden la huelga. Igualmente se ha pedido la presencia policial en los principales centros logísticos de la provincia, concretamente en la Ciudad del Transporte de Jerez, con el fin de evitar altercados con los piquetes. Cádiz cuenta con unos 4.000 camioneros, de los que 2.700 son autónomos.

La Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha confirmado que el pasado miércoles se celebró una reunión entre los responsables de las comandancias de la Guardia Civil de Cádiz y Algeciras, además del comisario provincial, para coordinar las acciones a partir de la madrugada del lunes y garantizar la seguridad de las mercancías y de los camioneros que no secunden la huelga.

Además, desde la Subdelegación se ha enviado una carta a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes para que sus policías locales estén alerta y presten apoyo para garantizar la distribución de mercancías.

El secretario de la Asociación Provincial de Transportistas, Javier Lobato, ha insistido en que hay que dar tiempo para la implantación de las medidas que se pactaron el pasado marzo entre el Gobierno y las distintas patronales del transporte y que se regularon bajo decreto-ley en junio. Entre los pasos dados por el Gobierno en los últimos meses, consensuados con el sector, destaca la nueva ley para evitar que los transportistas trabajen a pérdidas o un paquete de 450 millones en ayudas directas, que se suman a las ya aprobadas en 2021 y en abril de 2022 como el descuento de 20 céntimos en el precio del combustible; la prohibición de que los conductores hagan la carga y descarga; la limitación a una hora de los tiempos de espera en las zonas de carga y descarga; el refuerzo de la inspección de transporte, o las ayudas al abandono de la profesión.

La Plataforma convocante del paro exige más inspecciones para hacer cumplir la nueva normativa. Según el Ministerio, en el encuentro del jueves se explicó a los camioneros que todo lo que solicitan, o está ya en marcha o está siendo abordado con el CNTC (que no integra a la Plataforma). Y que, en el caso de las contrataciones a pérdidas, se puede hacer una denuncia incluso de forma anónima. Hasta ahora, se han recogido solo 88, algunas de ellas incompletas. En todo caso, en el ministerio trabajan en un plan para reforzar las inspecciones. Estará listo el próximo año.

En esa línea, los transportistas han exigido que se refuercen los servicios de inspección y se establezcan sanciones «ejemplares» a los infractores. Pero también plantean que cualquier promesa quede por escrito. Así que, de momento, «el paro convocado para el lunes próximo, continúa». Hasta entonces, no hay prevista una nueva reunión.

La Plataforma que ha convocado el paro ha comrpobado en las últimas horas como todas las patronales del sector, más las nacionales como CEOE o Cepyme o los autónomos de ATA, han rechazado sumarse a las movilizaciones, pues llegan en un momento crítico y supondrían un mayor castigo para las empresas y las familias.