Cinco detenidos por otorgar el tercer grado a internos de Puerto III a cambio de dinero

La Guardia Civil, en colaboración con la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, en el marco de la operación «ERGÁSTULO», ha procedido a la detención de cinco personas pertenecientes a un grupo delictivo dedicado a facilitar beneficios penitenciarios a internos del Centro Penitenciario Puerto III. Entre los detenidos se encuentra el ex director de la prisión y el actual administrador.

La trama cobraba 9.000 euros por cada permiso penitenciario y entre 14.000 y 15.000 euros por cada tercer grado. De estos beneficios se han beneficiado numerosos narcotraficantes que cumplían condena en el centro.

La operación, que ha contado con la colaboración de la actual directora de la prisión, se inició a finales de año 2022, a raíz de una denuncia presentada por la pareja sentimental de uno de los internos del Centro Penitenciario «Puerto III», la cual manifestaba que su esposo había pedido un permiso penitenciario y que se encontraba pendiente de valoración, y que, aprovechando dicha circunstancia, otro preso le declaró que él podía ayudarle a través del personal que trabajaba para el Centro Penitenciario a cambio de una compensación económica.

Por tal motivo, los agentes comenzaron una investigación para dar con la supuesta trama corrupta que de manera concertada se estarían lucrando a través de la venta del tercer grado y otros permisos.

Fruto de las investigaciones, los agentes pudieron determinar que los cabecillas de la trama eran dos trabajadores de la propia prisión quienes, aprovechando su posición ejercerían influencia sobre otros trabajadores del centro penitenciario y obtenían información secreta o privilegiada que trasladaban a abogados y/o familiares de estos.

Asimismo, los agentes pudieron constatar que uno de los internos, se dedicaba a captar a otros internos dispuestos a pagar por estos beneficios, y a otra persona quien, junto a aquel, llevaban a cabo en el exterior de la prisión las gestiones necesarias para convencer a familiares de los presos para que pagasen por obtener dichos beneficios penitenciarios.

A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de uso de secreto o información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, estafa y extorsión.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz-Equipo de Delitos Económicos, Tecnológicos y contra la Administración y dirigida por la Fiscalía Anticorrupción.