reportaje

Educadores sociales de Cádiz tras el violento crimen de Badajoz: «Es terrible pero puede pasar en cualquier centro, en cualquier momento»

Cuidadores de centros de la provincia advierten que las agresiones o las amenazas se repiten y que es urgente dar seguridad y agilizar trámites judiciales para que los infractores estén siempre «dónde y cómo tienen que estar»

Concentración en repulsa por el asesinato de la educadora social de Badajoz, esta semana. efe
María Almagro

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«Puede pasar en cualquier momento, en cualquier centro». Eso es lo que se escucha de primeras en esta conversación. Se mantiene con una veterana cuidadora de un centro de menores de la provincia de Cádiz. Prefiere que no demos su nombre. Se entiende perfectamente la petición. Es una instalación pública, con lo que ello conlleva, pero, además, es una profesional medida que a diario mantiene contacto directo con chicos que -no tiene por qué- pero pueden causar problemas. Su entrega y vocación quedan claras también desde el principio. Y su sensibilidad en cada reflexión que hace. Además, el tiempo que lleva viviendo episodios de todo tipo -buenos, regulares y malos- le ha dado la experiencia para mantener una visión más objetiva y global sobre el delicado asunto que tratamos. Se agradece que sea tan real, nada alarmista, porque así acerca el día a día de su labor. Es difícil imaginarse cómo es, sólo lo sabe «el que está ahí».

Esta charla se mantiene por lo que ya sabemos ambas. El país entero ha estremecido con un suceso tan cruel como escalofriante pensar quienes han sido sus presuntos actores. Belén Cortés tenía 35 años. Natural de un pequeño pueblo pacense, trabajaba como educadora social en Badajoz capital. Allí fue asesinada la noche del pasado domingo mientras, en su papel de educadora, hacía turno de noche en una vivienda de cumplimiento de medidas judiciales para menores de la Junta de Extremadura.

Como ya se conoce, los primeros indicios apuntan a que fue asfixiada con un cinturón y que presentaba varios golpes. Tres chicos fueron detenidos a las horas. Dos adolescentes de 14 y 15 años, y una joven de 17. Todos ellos estaban en ese piso tutelado y, al parecer, ya habían tenido problemas en otros centros. Además, y según aseguran algunas informaciones, Belén había denunciado días antes amenazas y había dicho a su familia que tenía «miedo».

Tras el crimen ¡, los menores cogieron el coche de la víctima y se escaparon, tuvieron un problema y llegaron en auto stop hasta Mérida, donde fueron detenidos. La menor avisó a otro cuidador que dio la voz de alarma. Pero ya no se pudo hacer nada por salvar la vida de Belén.

El asesinato de la cuidadora ha provocado una gran conmoción por las circunstancias del hecho en sí pero también ha puesto en el foco la gestión y las condiciones en las que trabajan todos los profesionales de los centros en los que se ingresan a menores infractores u a otros chicos y chicas con diferentes problemas o carencias.

«Es terrible lo que ha ocurrido, eso que vaya por delante por supuesto, pero también es horrible que haya tenido que perder la vida una compañera para que se hable de esto, para que se nos oiga, porque todo eso no es nuevo, se lleva años avisando de muchas cosas... y claro que puede volver a ocurrir», cuenta esta profesional gaditana. «Las agresiones físicas, y sobre todo los insultos o las amenazas se dan. Pero tampoco hay que llevarlo al extremo, siempre depende de las circunstancias, del centro en el que estés y de qué tipo sea, pero, sí, se dan. El riesgo está ahí».

Porque esta cuidadora advierte de algo importante. Y es que, como explica, no se puede extrapolar una situación así a todos los lugares en los que se ingresan a menores por diferentes motivos. Cada lugar tiene lo suyo, digamos. Y por ello en cada sitio tiene que estar quien debe estar y con las medidas de seguridad que se precisen. Y que se lleven a efecto.

Diferentes centros

De esta forma, en Cádiz existen varios tipos de centros. Por un lado los de internamiento. En el caso de la provincia se encuentra en Algeciras y en él entran según dictamine el fiscal chicos infractores a los que, tras la comisión de un delito, se les imponen medidas cautelares acordes a la gravedad del hecho cometido como: libertad vigilada o régimen semicerrado o cerrado.

Por otro lado están los que tienen carácter terapéutico, donde hay menores que pueden padecer ciertas psicopatías y así lo manifiestan los informes médicos forenses que se les hacen. Y, los de protección, niños o niñas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión, que son ingresados en estos pisos o casas para prestarles cobijo y apoyo por un amplia casuística. En estos centros también se alojan a los menores inmigrantes. Además hay que tener en cuenta que a las plazas que coordinan los organismo públicos, existen las que ponen a disposición las entidades colaboradoras y ONG.

Y en este marco se entiende que dependiendo del lugar y los usuarios que hay o conviven se pueden dar diferentes circunstancias. Pero ante todo ello los educadores, cuidadores o demás profesionales trabajan en contacto directo con menores a los que intentan ayudar y a los que tienen que poner reglas. «Es un trabajo complicado. Puede ocurrir que esté la cosa tranquila pero que haya alguno que no y que el compañero esté solo de turno de noche, o que otro se haya saltado una medicación y esté más violento, no es que haya más crueldad ahora que antes, es que hay muchas situaciones distintas», cuenta. Aún así, «claro que tenemos que estar en alerta continua».

Se da la circunstancia de que los niños agresores de Badajoz tenían un amplio historial anterior y ya habían pasado por otros centros. O que días antes se habían fugado. «Cuando hay cualquier incidente o amenaza se hace un informe y se advierte», explica.

Piden una mayor agilidad administrativa y judicial

Pero para esta profesional el problema viene en la lentitud de la burocracia legal que envuelve toda la mecánica de estos procedimientos y requerimientos. Como que un menor tenga que ser trasladado a otro lugar por alguna incompatibilidad y se mantenga en el mismo espacio a la espera de una resolución que lo indique. «Estas estancias se prolongan a veces en centros que no les corresponden por su perfil. Esos chavales deberían de haber estado en otro sitio...», lamenta.

«Se tienen que cumplir las medidas y actuar más rápido». Además entiende que, al margen de lo sucedido en Badajoz, «el asunto de los menores hay que trabajarlo con mayor profundidad». Y reflexiona sobre la necesidad de no estigmatizar a quienes tienen problemas o necesitan una segunda oportunidad. «Muchas veces lo que buscan es afecto, atención... hay que recuperarlos, se trata de reinsertarlos de nuevo... cuando ves que responden, muchos de ellos, es muy reconfortante. Merece la pena».

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