Hacienda

Las subvenciones de Dos Hermanas a las entidades vecinales «no se ajustan» a la ley

Un dictamen del Consejo Consultivo censura estos convenios con las asociaciones para la limpieza de espacios comunes

El Consejo Consultivo de Andalucía ha avisado al Ayuntamiento de Dos Hermanas por sus ayudas vecinales L. M.

L.MONTES

El Consejo Consultivo de Andalucía ha avisado al Ayuntamiento de Dos Hermanas de que los convenios que viene suscribiendo desde hace años con las asociaciones de vecinos del municipio, para que estas «colaboren» en el mantenimiento de su entorno, «no se ajustan» a la normativa reguladora , la Ley de Contratos Públicos y la Ley General de Subvenciones. Se trata, en concreto, del convenio de conservación, mantenimiento y adecentamiento de espacios urbanos comunes y zonas libres que tiene en vigor el Consistorio y por el cual concede una serie de ayudas económicas a las entidades vecinales para esta «colaboración» en las zonas de su vecindario.

El dictamen, fechado el pasado 8 de marzo, es la respuesta a la consulta formulada por el propio Ayuntamiento de Dos Hermanas, tras un acuerdo de su Junta de Gobierno local, sobre la «corrección» de estos convenios entre la corporación municipal y las asociaciones de vecinos, a raíz de que varios grupos municipales –Sí Se Puede, Izquierda Unida y Ciudadanos- plantearan sus dudas acerca de la legalidad de estas subvenciones.

En concreto, el gabinete del alcalde Francisco Toscano (PSOE) preguntó al Consultivo si este tipo de acuerdos constituían una prestación contractual o, por el contrario, poseían naturaleza de convenio, con el fin de saber si contravenían o no a las leyes en vigor. La respuesta del órgano superior consultivo andaluz ha sido clara a este respecto; el convenio no encaja en los «límites impuestos» por la normativa reguladora, al ser la limpieza viaria y la conservación de los espacios públicos y zonas verdes el «contenido típico de un contrato de servicios».

Así, el Consejo Consultivo recuerda que estas tareas son «competencia municipal» y explica que, según se recoge en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, «los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos ». De hecho, el Ayuntamiento ya tiene «un contrato en vigor para la limpieza de determinadas zonas de la ciudad», según subraya el organismo andaluz. «Puede concluirse que dichos convenios no responden a la delimitación que pretende establecer el legislador», añade el dictamen, en el que se señala también que el «instrumento de financiación» previsto en dichos convenios entra «en contradicción» con el concepto legal de subvención.

Más de 600.000 euros

El Ayuntamiento explicó en su escrito que con este convenio se busca « más la participación e implicación» de los vecinos en los asuntos de su propio barrio, «que la operación técnica de limpieza viaria exhaustiva» como tal, la cual depende de los servicios municipales o de los que se tengan contratados. En la actualidad, estas subvenciones nominativas se conceden a un total de trece asociaciones vecinales que lo han solicitado, destinándose este año para ello un total de 649.064 euros , si bien dos de las entidades beneficiarias llegan a superar los 100.000 euros de importe.

Preguntados por este asunto, el concejal delegado de Participación Ciudadana, Juan Antonio Vilches, explicó a ABC que los servicios jurídicos del Consistorio están estudiando el dictamen para « buscar la fórmula legal que, en la medida de lo posible, permita el máximo nivel de participación de las asociaciones». En este sentido, el edil socialista señaló que pese a no ser un informe vinculante, «se tendrá en cuenta y se harán las adaptaciones que se tengan que hacer», si bien subrayó que se trataba de un «modelo que había dado muy buenos resultados», el cual lleva en marcha desde 1994 y, precisamente, en las «zonas más humildes» del municipio, a petición de las propias entidades.

Según defendió Vilches, este convenio permitía que fueran los vecinos los que «gestionaran el mantenimiento como ellos crean más conveniente» y, al mismo tiempo, « cumplía un fin social », ya que la contratación de personal por parte de la asociación para desarrollar dichas tareas se realizaba entre «gente del barrio con necesidades». La intención del Gobierno local, subrayó el edil, es «adaptarse a la nueva normativa» y, al mismo tiempo, « seguir» fomentando la participación ciudadana con un modelo en el que, de hecho, se habían interesado otros municipios, según apostilló.

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