Tribunales
El parto de una abogada obliga a suspender otra vez el juicio por el secuestro y muerte de Cayetano Romero
El abogado de la familia de la víctima acusa a los implicados de asesinato, aunque el tribunal le aclara que tiene que retirar dicha imputación; un asesinato debe ser juzgado por un jurado popular y no un tribunal profesional
Este lunes era el día fijado por la Audiencia de Sevilla para celebrar el juicio contra los nueve acusados de secuestrar, extorsionar y agredir brutalmente a Cayetano Romero , cuyo cuerpo sin vida fue hallado el 8 de marzo de 2019 en un descampado situado a las afueras de una residencia canina, en Dos Hermanas . Era el segundo intento tras la suspensión de la vista oral el pasado mes de julio por un cambio de letrado en las defensas. No hay dos sin tres. Hoy se ha vuelto a suspender el juicio porque una abogada de la defensa se ha puesto de parto.
El tribunal ha citado para mañana martes a los abogados para fijar una nueva fecha en esta causa, en la que los dos principales acusados están en prisión . Hoy se ha producido un intento de acuerdo de conformidad, pero no ha sido posible.
De otro lado y según han informado a este periódico fuentes del caso, los tres magistrados que conforman la Sala han aclarado al abogado de la familia de la víctima que no puede continuar imputando a los investigados un delito de asesinato , cuando ni en el auto de procesamiento ni el auto de apertura de juicio oral se hace referencia a hechos que pudieran constituir dicho delito. Además, la Sala ha precisado a esta parte que no es competencia de un tribunal profesional el enjuiciamiento de un asesinato, sino de un tribunal popular .
La Fiscalía en esta causa imputa a ocho personas y la acusación particular, a nueve. Según el Ministerio Público, la muerte de Romero se pudo producir tres días antes de ser localizado y como consecuencia de las lesiones sufridas por la brutal paliza que recibió presuntamente a manos de los hermanos Israel y Juan Manuel G.F. días antes en distintos pisos del Polígono Sur de la capital. Detrás se escondía una operación de drogas fallida.
La venta de marihuana, el detonante
Los dos principales acusados se enfrentan a 18 años de cárcel y 17 años y tres meses , respectivamente. También están acusados el padre de éstos y dos sobrinos. Los hehos se remontan al 1 de marzo de hace dos años. Cayetano y un amigo, que corrió mejor suerte, se disponían presuntamente a participar como intermediarios en una venta de marihuana , para lo cual se concertaron con Israel G.F. en la barriada de las Tres Mil Viviendas .
La operación salió mal. A Cayetano le habían robado la mercancía . Israel acusaba a Cayetano, según la Fiscalía, de que la operación de droga no se pudiera llevar a cabo. Esto fue el causante de la brutal paliza y extorsión que durante horas recibió en distintos pisos de las Tres Mil pertenecientes a los principales acusados, según la Fiscalía.
En la madrugada del día 2 , dos de los acusados, acompañados en el coche por Cayetano, recogieron al amigo de éste y le pidieron que les indicara y les acompañara al domicilio del primero. A escasos metros de su casa, dejaron que Cayetano se bajara del coche, según la Fiscalía. La acusación particular señala que «lo dejaron tirado» cuando estaba «grave».
Seis después fue localizado muerto en un descampado . Según la Fiscalía, pudo fallecer entre las 21.00 y las 24.00 horas del 5 de marzo como consecuencia de las múltiples lesiones sufridas por los golpes en la cabeza, en el tórax, abdomen, piernas y brazos. El informe de autopsia del cadáver de Cayetano refleja que la muerte del mismo es secundaria a un shock hipovolémico por desgarro del bazo tras traumatismo abdominal.
El fiscal ve homicidio imprudente y la familia, asesinato. Los dos principales acusados deberán indemnizar al hijo de la víctima y a la madre de éste en 1 85.000 euros en total, según la Fiscalía. Por su parte, la acusación particular califica los hechos como un delito de asesinato u homicidio doloso, o subsidiariamente imprudente en concurso con delito de lesiones; otro delito de detención ilegal y otro de extorsión. Por ello llega a pedir hasta 25 años por el asesinato . Las indemnizaciones también aumentan a 800.000 euros en total. El tribunal ya le ha dicho a la acusación particular que no puede imputar un delito de asesinato.
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