Urbanismo
Denuncian la venta ilegal de parcelas de una futura urbanización en suelo agrario en Dos Hermanas
Cerca de 150 agricultores del Bajo Guadalquivir se unen para frenar unas actuaciones urbanísticas junto a la Hacienda San Juan del Hornillo, del siglo XVI, cercana al parque de La Corchuela
« Se venden parcelas rústicas de 250, 500, 750 y 1.000 metros cuadrados y precios muy buenos desde cuatro mil euros. Ya se empezaron las obras para su próxima urbanización, quitar olivos y arbustos para hacer las calles y placas de hormigón en cerramiento. A 16 euros metro cuadrado. Se enseña sin ningún compromiso».
Este es uno de los anuncios publicados en uno de los portales más importantes de la provincia de Sevilla de compra y venta donde se ofrece la posibilidad de adquirir una parcela en la carretera Isla Menor-Los Palacios y Villafranca, kilómetro 7, pasado el parque de La Corchuela en una parcela de olivar en regadío, junto a la Hacienda San Juan Del Hornillo , catalogada en el Inventario Municipal de Dos Hermanas como Hacienda de Olivar del siglo XVI.
Ante esta actuación, un grupo formado por 130 agricultores pertenecientes al Bajo Guadalquivir han presentado sendas denuncias en el Ayuntamiento de Dos Hermanas y ante el Seprona de la Guardia Civil, que ha llegado a precintar las obras, para frenar lo que consideran «una urbanización ilegal en una parcela rústica de regadío» puesto que denuncian que con estas obras se les va a hacer un gran daño a sus parcelas.
La parcela en concreto donde se están llevando a cabo estas actuaciones irregulares es de «uso agrario y cultivo de olivar de regadío, polígono 36, parcela 199» y según la Dirección General del Catastro, su valor es de 61.957 euros y linda con otras parcelas, como la que acoge la histórica Hacienda de San Juan del Hornillo, donde se celebran en la actualidad todo tipo de eventos, como bodas, comuniones, bautizos y actos de empresas.
Se trata de una parcela de 20 hectáreas (200.000 metros cuadrados), que se vendió a un particular en el año 2003 y que más tarde «este lo ha revendido a un grupo que se dedica a la venta ilegal de parcelas». Ahora, estas 20 hectáreas de «cultivo de olivar y algodón, entre otros» lo ha dividido hasta en 500 pequeñas parcelaciones de 250 metros cuadrados cada una de ellas, según un documento al que ha tenido acceso ABC.
«Al actuar en suelo no urbanizable evitando todos los trámites urbanísticos los propietarios de esta parcela obtienen enormes beneficios. No ejecutan el alcantarillado, realizan en su caso pozos ilegales para piscinas y vierten los residuos en los canales de riego . Igualmente, pinchan la luz y el agua a las tuberías de regadío, quitando el agua que la comunidad de regantes del Bajo Guadalquivir mediante un canon anual proporciona a los agricultores para sus cultivos», explica el representante de este colectivo de agricultores sevillanos, Pedro Escudero.
Este grupo de personas que están levantando esta urbanización constituyen «un proindiviso en comunidad y mediante contrato privado que elevan a escritura pública, les ceden una cuota del total de la parcela, que les da derecho a 250, 500, 1.000 metros cuadrados».
De esta forma, al «vender ilegalmente» por metro cuadrado, si una parcela de uso agrario puede valer 30.000 euros, ellos obtienen unos 160.000 euros (a 16 euros el metro cuadrado), según las ofertas publicadas en internet, por cada hectárea que si lo multiplicamos por 20, o btienen hasta 3,2 millones de euros », denuncia Escudero.
«El beneficio es enorme y la gran mayoría es opaco. Muchos compran engañados ya que no pueden ni inscribir su contrato, ni pueden empadronarse , terminando todo una vez que los estafadores han hecho el negocio en estado de semiabandono y degradación» argumenta el representante de este colectivo de agricultores del Bajo Guadalquivir.
Por todo ello, el colectivo de los 130 agricultores (equivalente a cultivos superiores a mil hectáreas) que denuncia estos hechos ha elevado una escrito al Ayuntamiento de Dos Hermanas para que tenga constancia de estas actuaciones «solicitando la paralización inmediata de obras » por «vulneración de la normativa de ordenación del territorio» y al Seprona por un «delito medioambiental».
Al mismo tiempo, este colectivo está preparando una demanda colectiva ante la Fiscalía de Medio Ambiente y otra denuncia ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ( CHG ), por «no poder mantener tuberías y desagües de riego con cerramientos de placas de hormigón».
Se refiere así al cerramiento de todas las lindes de la citada parcela con «aproximadamente 50 centímetros de fosa de hormigón armado y pilares de 2,42 centímetros de altura», que servirán para el «anclaje de placas de hormigón en todo su perímetro, así como viales de tierra compactada».
De esta forma, « cuando levanten el muro, no se podrá ver desde fuera las obras que realizarán para la división de las parcela», critica el representante del colectivo de agricultores afectados, quien añade que por la citada parcela transcurre la tubería de riego de distintas parcelas de estos agricultores de la comunidad de regantes, así como el canal de desagüe, «impidiendo dichas obras de urbanización el mantenimiento adecuado de dichas canalizaciones de riego, con el riesgo de insalubridad por estancamiento de aguas de riego y vertido de residuos», como se recoge en el escrito que han enviado al Ayuntamiento de Dos Hermanas.
Asimismo, el estado actual de abandono de esta parcela «constituye un importante foco de incendio , agravándose con las altas temperaturas del verano. También exponen que la normativa municipal sobre el PGOU de Dos Hermanas «faculta al Consistorio la adopción de medidas para evitar la formación de nuevos asentamientos y parcelaciones en suelos no urbanizables».
Este colectivo afectado por las obras de parcelamiento solicitan al alcalde de la ciudad, el socialista Francisco Toscano , que incoe un expediente de protección de la «legalidad urbanística y se levante acta de paralización y precinto de las obras, así como que deniegue la licencia municipal de obra y segregación de parcelas por infringir la unidad mínima de cultivo y parcela mínima segregable».
Por último, solicitan que se le dé traslado a la Fiscalía de Medio Ambiente «de los hechos denunciados para la apertura de diligencias previas ante un posible delito contra la ordenación del territorio por vulneración del planteamiento urbanístico municipal».
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