Caso de los ERE
Dos gaditanos, atentos al Tribunal Constitucional tras la anulación parcial de la condena a Magdalena Álvarez
cádiz
Los políticos Antonio Fernández y Agustín Barberá, ambos en prisión, confían en que sus penas se puedan ver reducidas tras el último dictamen
El TC ampara a Magdalena Álvarez de la prevaricación de los ERE y despeja el camino de los demás condenados
La anulación parcial de la condena a Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y Hacienda entre 1994 y 2004, que ha avalado este miércoles el Pleno del Tribunal Constitucional, supone un tsunami dentro del caso ERE, una causa que golpeó de forma directa la gestión del PSOE al frente de la Junta y que la Justicia cifró en 680 millones defraudados.
La que fuera también ministra de Fomento durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero fue condenada a nueve años de inhabilitación por prevaricación continuada, al entender la Audiencia Provincial de Sevilla y el Supremo que Álvarez era responsable de los presupuestos de los que terminaron saliendo las partidas que sufragaron las subvenciones irregulares.
Los magistrados entendían que la falta de control para fiscalizar el dinero público permitió que el Instituto de Fomento de Andalucía, IFA, acabase repartiendo ayudas de forma fraudulenta, obteniendo de ello un beneficio personas y empresas que no requerían de dicho apoyo y dejando a su vez desasistidas a las compañías y trabajadores que sí necesitaban ese impulso, en plena crisis además.
Este caso involucraba de lleno al Partido Socialista en Andalucía, puesto que el ejercicio de corrupción que se llevó a cabo, a diferencia de otros muchos en los que la motivación principal era el enriquecimiento personal, buscaba generar una red clientelar, de forma que se favorecía a gente y entidades afines con la finalidad de generar apego hacia el partido que ostentaba el gobierno y mantenerse al frente de la Junta con el paso de los años.
Ahora, el Tribunal Constitucional enmienda la plana y anula parcialmente la condena sobre Magdalena Álvarez al entender que la aprobación de los anteproyectos y proyectos de ley de los presupuestos de 2002, 2003 y 2004 eran actos legislativos y no administrativos, que son los constitutivos de delito de prevaricación. Ahora la Audiencia de Sevilla se ve obligada a emitir una nueva sentencia al respecto atendiendo esta nueva interpretación, de forma que la política nacida en San Fernando recibirá presumiblemente una pena inferior a la actual.
El lío ha sido mayúsculo y el Partido Popular, que lleva meses denunciando que el Gobierno da pasos que ponen en entredicho la separación de poderes, ha calificado, en boca del exconsejero andaluz Elías Bendodo, de «escándalo» la decisión. Aseguran desde el entorno del PP que es muy sospechoso que Pedro Sánchez, en el mitin celebrado en Benalmádena en el cierre de campaña de las elecciones europeas, hiciera una defensa cerrada de la que fuera encargada de las cuentas en la Junta. Allí estaba presente Álvarez, de quien el presidente dijo que «ha sufrido el vil ataque de la derecha y la ultraderecha durante muchos años». Apenas once días después, la Justicia le otorga a la socialista una 'victoria' parcial en los tribunales.
«Hoy es un día de esperanza tras lo que creo que ha sido la mayor cacería política y mediática de la democracia», ha afirmado la exconsejera al conocer la noticia, asegurando que han sido víctimas de «un montaje político». Ha añadido además que espera que todos los que han sido «injustamente condenados» puedan recuperar sus vidas como «las personas honestas que somos».
En el PP creen que el PSOE quiere 'borrar' la mácula de los ERE, la mayor losa de corrupción con la que carga el partido, y dejar 'solos' a los populares en esa senda, trasladando de estos una imagen de partido corrupto por la trama Gürtel y la financiación ilegal de la formación a través de una caja B, rebajando el caso que salpicaba a los socialistas al frente de la Junta una cuestión «orquestada».
Fernández y Barberá, a la expectativa
Esta situación lleva a pensar que serán otros muchos encausados los que apuntarán en la misma dirección, esperando una anulación parcial de sus condenas que termine jugando en su favor. Y en el caso de la provincia de Cádiz, son dos políticos los que deben estar muy pendientes de todo lo que pueda derivarse de este cambio de parecer del Tribunal Constitucional.
Por un lado, Antonio Fernández, exconsejero de Empleo entre 2004 y 2010 y presidente anteriormente del IFA, una institución clave en el caso de los ERE. El político jerezano es una de las figuras implicadas que mayor pena recibió, junto al ya fallecido exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, con siete años, once meses y un día de cárcel, además de una inhabilitación de 19 años, seis meses y un día. Fue condenado por un delito continuado de prevaricación y otro continuado de malversación.
Fernández ingresó en la prisión portuense de Puerto III el 1 de enero de 2023, por lo que no podría salir de la cárcel teóricamente hasta mediados el año 2030, una situación sujeta a diferentes circunstancias que podrían acortar su paso penitenciario.
Sin embargo, ahora cabe esperar que el que fuera alto cargo socialista a nivel andaluz pida el amparo del Tribunal Constitucional para intentar ver reducida su pena tal y como va a suceder con Magdalena Álvarez, una vez que la Audiencia de Sevilla dicte una nueva sentencia acorde a la nueva interpretación que ha hecho el alto tribunal.
En todo caso, la situación de Fernández es bastante más compleja que la de la exministra, puesto que sí parece acreditado que en sus funciones al frente de Empleo tuvo influencia a nivel administrativo, circunstancia necesaria para la prevaricación.
«Yo no me entretenía en leer ninguno de los papeles del IFA por imposibilidad material y por innecesariedad», afirmó Fernández. Decía fiarse de su secretario general, quien le trasladaba los documentos para firmarlos sin revisarlos previamente.
El otro gaditano encausado es Agustín Barberá, que fue exviceconsejero de Empleo durante la etapa de Antonio Fernández. Fue condenado a siete años y un día de prisión y 18 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, pena por la que ingresó en abril del año pasado en la cárcel de Puerto III. Además, quedó señalado como uno de los encargados de impulsar desde su cargo las ayudas fraudulentas.
La defensa de Barberá solicitó la suspensión de la pena al padecer una enfermedad oncológica, situación por la que el expresidente José Antonio Griñán evitó su entrada en prisión. Sin embargo, los magistrados expresaron que, según los informes médicos, el paciente podía ser tratado dentro del centro penitenciario, por lo que han rechazado su puesta en libertad por cuestiones médicas.
Al igual que el que fuese su responsable directo, no pierde de vista los posibles cambios que se puedan ocasionar tras la sentencia que tiene que emitir nuevamente la Audiencia Provincial de Sevilla sobre Magdalena Álvarez, aunque su caso es igualmente distinto al de la exministra.
Un juez de Cádiz en el Constitucional
El Tribunal Constitucional ha concedido el amparo a Álvarez gracias a los votos del sector progresista del mismo, siete, por los cuatro emitidos por la parte conservadora. Entre quienes han votado a favor de la medida, está el magistrado gaditano Juan Carlos Campo.
Campo fue ministro de Justicia durante un año y medio, de enero de 2020 a julio de 2021, bajo la presidencia de Pedro Sánchez. De modo que no deja de ser un antiguo exalto cargo del Gobierno socialista, cuestión que no es reprochable desde el punto de vista legal, pero que a ojos de la opinión pública puede generar suspicacias.
También ha formado parte de la Junta de Andalucía estando al frente del gobierno el PSOE, desempeñando el cargo de director general de relaciones con la administración de Justicia, dentro de la Consejería de Gobernación y Justicia entre 1997 y 2000, época en la que precisamente Magdalena Álvarez era consejera de Economía y Hacienda.
El Partido Popular, que basa su oposición a renovar el Consejo General del Poder Judicial argumentando que el PSOE quiere controlar la Justicia, ha afeado en más de una ocasión que antiguos altos cargos del Gobierno vuelvan a ocupar puestos de responsabilidad dentro de la carrera judicial por trasladar una imagen politizada.
