LABORAL
División entre los camioneros gaditanos por la convocatoria de huelga indefinida en el transporte
Los autónomos exigen más inspecciones para cumplir con lo pactado el pasado marzo y que está regulado por un decreto-ley
La Asociación Provincial del Transporte de Mercancías pide a los profesionales más tiempo y diálogo para implantar las nuevas medidas
Movimiento de contenedores en el puerto de Cádiz este miércoles
Los transportistas vuelven a la carga y paralizarán la distribución de mercancías a partir de la madrugada del próximo lunes si no hay acuerdo con el Ministerio antes del fin de semana. Manuel Anuedo es un conductor autónomo que circula con un potente trailer llevando contenedores de un lado a otro de los puertos de Sevilla y Cádiz. No es partidario de la huelga, «pero estamos abocados a ella si el Ministerio no cumple con lo que firmó en marzo». Reconoce que «la situación se ha ido a la mierda y el gasoil ya supera los dos euros, lo que significa que los 20 céntimos de ayuda que fijó el Gobierno no sirven para nada».
El paro tiene carácter tanto nacional como indefinido y afecta a los transportistas autónomos y a los que forman parte de pequeñas empresas, ya que la huelga no está secundada por las principales patronales como la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) o el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC). El sector agrupa en la provincia de Cádiz a unos 4.000 profesionales de los que 2.700, aproximadamente, son autónomos.
La huelga indefinida de transportistas llega en un momento delicado ya que amenaza con estropear la mayor campaña de consumo del año, la del Black Friday, que es el 25 de noviembre, y la de Navidad, si se bloquea la cadena de suministro, como ya ocurrió durante los paros del pasado marzo. De hecho, dos caravanas de transportistas bloquearon la Bahía de Cádiz y las principales vías de comunicación de la provincia el pasado marzo. Entonces hubo graves problemas para el transporte de materias primas y productos, obligando a algunas fábricas alimentarias a cerrar ante la imposibilidad de garantizar que los productos llegaran a su destino. El momento ahora es mucho más crítico, pues esta campaña es clave para las empresas, que llevan meses sufriendo la escalada de costes (energético y materias primas). Algunos sectores, como el de los juguetes por ejemplo o muchas empresas de alimentación y bebidas, se juegan en estas fechas gran parte de la facturación.
Tiempo y paciencia
El secretario general de la Asociación Provincial de Transportistas de Mercancías por Carretera, Javier Lobato, ha reconocido a LA VOZ que no es el mejor momento para convocar una huelga y pide diálogo para evitar un paro que afectará de lleno a la cadena de suministros. Lobato destaca que ha habido un cambio normativo y desde el pasado septiembre se están adaptando a estas mejoras.
Sin embargo, la Plataforma en Defensa del Transporte, que ha convocado la movilización, como ya hizo en marzo, «no ha dado tiempo a que estas actuaciones se lleven a la práctica en su totalidad».
La respuesta de Lobato no convence a Antonio, un transportista de Jerez que conduce un camión frigorífico y está harto de tener paciencia. Según este profesional, «los decretos leyes están para cumplirlos de inmediato» y pone como ejemplo el que obligó a todos los españoles a usar mascarilla durante la pandemia. No entiende por qué lo pactado en marzo y lo fijado por decreto en junio no se lleva ahora a la práctica.
Los transportistas representados por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera han convocado esta huelga para denunciar que no se está aplicando la ley que impide que los camioneros trabajen a pérdidas. Esta norma obliga a los cargadores para los que trabajan a pagar precios que, al menos, cubran los costes del servicio. La ley fue acordada con el sector a finales de marzo, tras los paros, junto con otras medidas.
Los piquetes
El secretario de la asociación de transportistas de Cádiz, Javier Lobato, teme que se repitan los piquetes y las tensiones vividas el pasado marzo en Cádiz con motivo del parón de los camioneros si antes del fin de semana no se llega a un acuerdo. Sostiene que la huelga afectará de manera muy negativa al comercio, a la distribución y a la alimentación.
Lobato insiste en que hay que dar tiempo a las medidas que pactó el Gobierno con las distintas patronales del transporte. Entre los pasos dados por el Gobierno en los últimos meses, consensuados con el sector, destaca la nueva ley para evitar que los transportistas trabajen a pérdidas o un paquete de 450 millones en ayudas directas, que se suman a las ya aprobadas en 2021 y en abril de 2022 como el descuento de 20 céntimos en el precio del combustible; la prohibición de que los conductores hagan la carga y descarga; la limitación a una hora de los tiempos de espera en las zonas de carga y descarga; el refuerzo de la inspección de transporte, o las ayudas al abandono de la profesión.
Sin embargo, a pesar del acuerdo de marzo, la Plataforma ha seguido denunciando el «incumplimiento» por parte de los cargadores (los clientes de los transportistas) de la ley que prohíbe trabajar a pérdidas en el sector, y señala al Ministerio de Transportes por desautorizar a la Guardia Civil a controlar y denunciar este incumplimiento. Exigen más inspecciones para que se cumpla la ley.
Cádiz cuenta con unos 4.000 camioneros, de los que 2.700 son autónomos
El sector se encuentra dividido ante esta protesta. La Confederación Española del Transporte de Mercancías (CETM) ha lanzado un llamamiento a la calma: «Pedimos a los transportistas que confíen en que el diálogo que el CNTC (Comité Nacional del Transporte por Carretera) mantiene con el Ministerio de Transportes siga dando sus frutos como ha hecho hasta ahora». Y se añade que «esperamos que en esta ocasión no tengamos que vivir episodios como los del anterior paro, en el que hubo amenazas, coacciones y se atentó contra el medio de vida de muchas familias». El referido CNTC mantiene contactos con Transportes sobre la prórroga de las ayudas públicas o la limitación de la subcontratación.
La acción promovida por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte tampoco cuenta con el respaldo de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), donde se agrupan las mayores empresas de transporte internacional de mercancías y pasajeros. El colectivo recuerda los dos grandes hitos conseguidos desde final del año pasado para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y el marco de funcionamiento de las empresas: la Ley 13/2021 que protege al transportista de la morosidad y la Ley de Cadena del Transportes (14/2022) que obliga a la revisión del precio del transporte en función del precio del combustible.
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