Juzgados
Diputación anuncia acciones legales contra la Junta por «ocupación ilegal» de la Audiencia Provincial
Reclama el abono de más de tres millones de euros en concepto de alquiler por el uso del edificio
El presidente de la Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha anunciado que va a presentar acciones legales contra la Junta de Andalucía por «ocupación ilegal» de la Audiencia Provincial de Cádiz.
«Una posición intransigente y errónea» es la que, en opinión de Boix, mantiene el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, respecto a las dos reclamaciones que mantiene la institución provincial ante esta Consejería: el abono de más de tres millones de euros en concepto de alquiler por el uso del edificio de la Audiencia Provincial y la asunción de los sobrecostes de las obras del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA).
Sobre ambas cuestiones han estado hablando Ruiz Boix y Nieto en un encuentro celebrado en Sevilla, al que ha acudido el titular de la Diputación con el objetivo de explicar personalmente el estado de estas problemáticas sobre las que ya había informado por escrito al consejero.
Sin embargo, «el espíritu de cooperación, colaboración y lealtad institucional por parte de la Junta no es el adecuado», motivo por el que el presidente ha anunciado acciones legales para «defender los derechos de los vecinos y vecinas de la provincia».
En la reunión, Ruiz Boix ha recordado a Nieto la situación en la que se encuentra el edificio de la Audiencia Provincial, en la actualidad propiedad de la Diputación en virtud de un contrato de permuta entre ambas administraciones relacionado con el proyecto de construcción de la Ciudad de la Justicia en Cádiz.
Según ese acuerdo firmado en 2008, «la Diputación transmitía a la Junta de Andalucía unos terrenos situados entre las calles Brunete, Tolosa Latour y Granja San Indefonso«.
«El solar, con una superficie de 8.388 metros cuadrados y valorado en 3.047.149,62 euros, debía acoger la futura sede de los juzgados gaditanos según tenía proyectado en aquel momento la administración autonómica. A cambio, la Diputación recibía el inmueble en el que se ubica la Audiencia Provincial, propiedad en aquel entonces de la Junta, con la idea de que, en un plazo de cuatro años, una vez construida la Ciudad de la Justicia y trasladada la Audiencia Provincial a su nuevo emplazamiento, la Diputación pudiera hacer pleno uso de ese inmueble«, ha trasladado Diputación.
Diez años después, Ruiz Boix considera que «el proyecto en la calle Brunete ha sido desestimado». «Las declaraciones del consejero apuntan a que cuando se construya el complejo judicial lo hará en los antiguos depósitos de Tabacalera y, en consecuencia, el espíritu del convenio ha decaído totalmente. Ahora la Junta tiene una ocupación ilegal del edificio de Las Calesas y mantiene la propiedad del solar de Brunete; tiene por tanto los dos bienes en sus manos y en la Diputación de Cádiz, en deterioro de los intereses de nuestro patrimonio, no contamos con ninguno de los bienes que eran objeto de la permuta: ni el que entregamos, ni el que teóricamente teníamos que recibir», ha dicho.
Es por esto por lo que Ruiz Boix ha vuelto a reclamar el abono del arrendamiento del edificio de la Audiencia Provincial. Más de 3 millones de euros, esto es, la suma de los 313.735'32 euros anuales (26.144,61 euros al mes) que la Diputación estima «que no ha percibido por el alquiler del edificio en los diez últimos años». También ha ofrecido la anulación de la permuta y que cada entidad recupere el bien objeto del contrato, además de los diez años de alquiler.
No obstante, Nieto ha mantenido una «lectura creo que errónea, que no se corresponde con la realidad», asegura el presidente de la Diputación. «El objetivo de la permuta no era favorecer a una administración por encima de otra, como ocurre hoy día. El consejero lo que quiere es mantener esta irregularidad, este aprovechamiento por el que únicamente hay un beneficiario que es la Junta y un claro perjudicado que es la Diputación de Cádiz», ha asegurado.
Boix ha sostenido que su intención es «utilizar esa cantidad para poner en marcha el año próximo un plan de empleo con el que ofrecer una primera oportunidad laboral a la juventud de la provincia».
En cuanto al Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), ante el encarecimiento de los materiales, Ruiz Boiz ha reiterado su reclamación a la Junta de asumir su parte del incremento de costes de las obras en la provincia, cifrado en 1'3 millones de euros.
El presidente considera que, de esa cantidad, el 75 por ciento (un millón de euros) «debería ser financiado por la administración autonómica y el resto, 300.000 euros, por la Diputación, atendiendo al reparto original de participación de cada una de las administraciones involucradas: Gobierno de España --que aporta 19'4 millones de euros--, Junta de Andalucía --6'5 millones-- y Diputación --2'2 millones de euros--«.
«La respuesta del consejero es encogerse de hombros y decir que no se ejecute la obra en su totalidad, o que se ejecute durante el tiempo que permita el material entregado«, ha señalado.
«Es por esta falta de cooperación para dar respuesta a los vecinos y vecinas de la provincia« por lo que Ruiz Boix avanza que la Diputación »denunciará ante la justicia el incumplimiento del contrato respecto a la Audiencia Provincial«.
Respecto al PFEA, «comenzaremos a requerir la financiación, primero ante la Junta, dando a conocer la problemática ante el Gobierno de España«, mientras que los servicios jurídicos de la Diputación también abogarán por los intereses de la administración provincial «para que ese millón de euros que estamos asumiendo y que no nos corresponde se defienda donde corresponde, que seguramente será en los tribunales de justicia».
La Junta lamenta la falta de colaboración
Por su parte, la Junta tiende la mano a la Diputación para avanzar en los proyectos que benefician a los gaditanos y lamenta su «falta de colaboración»
El contrato de arrendamiento de la Audiencia fija la prórroga de este hasta que se produzca el traslado a la Ciudad de la Justicia «sin derecho a percibir cantidad alguna»
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública y su equipo han mantenido hoy una reunión con el presidente de la Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, en la que desde la Consejería se le ha vuelto a tender la mano para avanzar en los proyectos que benefician a los gaditanos, «pese a la falta de colaboración que ha demostrado esta tarde (por ayer lunes). Aún así, siempre va a encontrar en esta Consejería la disposición a dialogar como lo hacemos con todas las administraciones».
En este encuentro, uno de los asuntos que se ha abordado es el contrato de arrendamiento firmado entre ambas instituciones en 2008 tras la permuta que afecta al edificio de la Audiencia Provincial. La Consejería mantiene la validez y vigencia de dicho contrato cuya cláusula cuarta es «clara» a este respecto: «Concluido el plazo de cuatro años establecido en la cláusula segunda, y para el caso de que la nueva sede judicial que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene previsto construir en Cádiz no esté disponible al uso del servicio público de la Junta, el presente contrato de arrendamiento se ampliará hasta el momento del traslado de los órganos judiciales a la nueva sede, sin derecho a percibir la Diputación Provincial de Cádiz cantidad alguna en tal concepto».
Desde la Consejería se ha insistido en que se va a seguir trabajando con la mejor voluntad de diálogo y la mejor actitud posible, pues el objetivo y el empeño es lanzar la Ciudad de la Justicia de Cádiz, proyecto en el que se ha invitado al presidente de la Diputación a participar, lamentando que éste «en lugar de ofrecer colaboración haya preferido poner palos en la rueda y obstaculizar el trabajo de la Administración de Justicia en Cádiz».
La Junta está cumpliendo escrupulosamente el contrato, con un esfuerzo por parte de la Junta que va a suponer una inversión de más de 60 millones de euros para beneficio de Cádiz y de sus partidos judiciales, «para que cuenten con la Ciudad de la Justicia que se merecen».
Por otro lado, sobre la financiación del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), la Consejería ha recordado la finalidad de este plan «que como su nombre indica es el fomento del empleo en el mundo rural y no la financiación de materiales de obra». Así, se ha incidido en el compromiso de la Junta con el mismo, pues se ha asumido cada una de las subidas que se han llevado a cabo por parte del Gobierno central en la misma proporción «y así lo vamos a seguir haciendo, porque es lo está pactado». Conforme a este compromiso la Junta ha incrementado su aportación al programa de 54,5 millones de euros en 2020 a 62,6 millones en 2022.
La Consejería, además, aboga por abrir un debate y afrontar una reforma profunda de este programa de cara a un futuro. Igualmente, ha recordado que recientemente se ha firmado el convenio con las ocho diputaciones para el año 2022 con las cantidades pactadas y acordadas previamente.
En este sentido, desde la Junta se han lanzado reiteradas peticiones al Gobierno central para que incremente su participación, que implica que tanto las diputaciones como la administración regional tengan que hacerlo en la misma proporción. De hecho, en 2021 la previsión y la petición planteada era de un incremento del 15%, pero finalmente el Estado solo asumió el 9,5%.
El PFEA es un programa cofinanciado por tres administraciones: Estado, Junta y diputaciones. Estas dos últimas subvencionan la cuantía resultante de aplicar el 45% a la aplicación estatal y, de esta, el 75% corresponde a la Junta y el 25% restante a las diputaciones.
