REacciones
Salud destaca la importancia de que los sanitarios puedan ejercer su labor sin miedo: «No podemos tolerar ningún tipo de coacción»
La delegada Eva Pajares aplaude la condena y subraya el derecho de los sanitarios a trabajar sin amenazas ni intimidaciones
Condenado el portavoz de Marea Blanca de Cádiz por coacciones a la directora del distrito sanitario de la Janda
El médico y portavoz de Marea Blanca de Cádiz Antonio Vergara ha sido condenado por un delito leve de coacciones tras un incidente ocurrido el pasado mes de junio en la Casa del Mar, en la capital gaditana.
El activista irrumpió en una reunión de la Comisión de Participación Ciudadana del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, donde la directora gerente del distrito, Sira Morales, y su equipo estaban presentando su exposición. Según la sentencia, el acusado, con una actitud enérgica y alzando la voz, señaló con el dedo a la directora, la cual se sintió «bloqueada y asustada« por las amenazas e intimidaciones recibidas.
En este contexto, la Delegada Territorial de Salud y Consumo de la provincia de Cádiz, Eva Pajares, ha valorado la sentencia. En sus declaraciones, Pajares subrayó la importancia de la condena en el ámbito de la sanidad pública, destacando que «desde la Delegación de Salud y Consumo valoramos positivamente cualquier condena a un agresor, a un profesional sanitario que ejerce sus funciones profesionales dentro de la sanidad pública de Andalucía. Tenemos que condenar cualquier tipo de agresión, tanto física como verbal, o cualquier tipo de coacción que puedan sufrir nuestros profesionales sanitarios«, ha recalcado contundente.
La sentencia impone una pena de tres meses de multa, con una cuota diaria de 10 euros, y el abono de las costas judiciales. A pesar de la gravedad de los hechos, Pajares ha remarcado la importancia de que estas situaciones sean debidamente sancionadas para proteger la integridad de los profesionales que trabajan en la sanidad pública.
La Delegación Territorial de Salud y Consumo ha recalcado que esta denuncia procede de una profesional del SAS que se ha sentido agredida en su lugar de trabajo, como cualquier otra, de cualquier categoría, de un hospital o centro de salud. En este sentido, «merece la misma consideración pública como víctima, independientemente de la notoriedad del acusado, quien, además, el juzgado ha considerado culpable de un delito».
