cádiz
«A los consumidores les importa un pimiento»
La organización FACUA Cádiz no ha recibido ninguna hoja de reclamaciones por la compra de ningún producto falsificado
Un grupo de jóvenes compran ropa en el paseo marítimo de Valdelagrana
La venta de falsificaciones afecta al comercio más pequeño y, por ende, a toda la economía del país; pero también a los consumidores que se hacen con estos productos. «Las personas con menos posibilidades económicas son las que acceden a comprar estas prendas o juguetes que son más baratos que los originales», afirma Pedro Luis Lázaro, presidente de la Unión de Consumidores de Cádiz. Sin embargo, lo barato sale caro y, además, puede llegar a ser perjudicial para la salud al estar exento de controles de calidad.
Desde la Unión de Consumidores se anima a denunciar. «Hay que ir a la comisaría de policía, a la guardia civil, a quien sea y denunciar. 'Oiga, mire usted, que en este establecimiento se está vendiendo este producto que es ilegal'. A veces, los juguetes para los niños están confeccionados con materiales tóxicos». El instrumento «veraz y verídico» al que pueden acogerse es el de las hojas de reclamaciones. «No hay que exigirle a los consumidores, sino ayudarles a que denuncien mucho más con hojas de reclamaciones». Pero esto no sucede.
«A los consumidores les importa un pimiento. No tenemos ninguna reclamación por la compra de ningún producto falsificado. Ninguna», lamenta Jesús Yesa, secretario general de FACUA Cádiz, quien afirma que «los consumidores son plenamente conscientes y no se sienten estafados». La adhesión a una marca o el deseo de tener un determinado estatus social invita a los consumidores a hacerse con estos productos. «Los compradores de bolsos, prendas o complementos de marcas de lujo falsificados se conforman con que no tenga la misma calidad, porque aquí estamos hablando de marquismo», afirma el secretario general. Lo mismo sucede con las camisetas de fútbol. «Si yo soy del Cádiz y no tengo 85 euros para gastarme en la camiseta oficial, pago 15 o 20 euros y tengo la camiseta del Cádiz».
Posibles soluciones
Desde FACUA Cádiz señalan que la solución ha de venir arriba hacia abajo. «Aquí nadie se ha tomado en serio el tema de combatir la economía sumergida en todos los niveles. La administración no dispone de medios, porque no pone medios. Cuando digo la administración, lo digo a los tres niveles, ayuntamientos, Junta de Andalucía y Gobierno Central«, defiende. »No se controla directamente el mercado ni se controlan los productos falsificados«.
Los comerciantes, uno de los principales afectados directos, también plantean medidas más severas contra esta práctica delictiva. «Si no estuviera el comercio ambulante ilegal, pues no habría consumo ilegal. El problema se ataja de raíz. No de medio tallo«, argumenta Ángel Juan Pascual, presidente de la Cámara de Comercio de Cádiz.
Por otra parte, fuentes de la Policía Local de El Puerto de Santa María sostienen que existe una falta de concienciación importante sobre las consecuencias de adquirir productos falsificados. «La ciudadanía no tiene esa concienciación, y lo que hace muchas veces, es al contrario, se pone a favor del vendedor y entonces muchas veces las intervenciones no son fáciles, se nos se complican porque ellos mismos dicen: 'no están haciendo nada malo, no tienen para comer, no tienen tal...«, explican. «El primer paso para combatir las falsificaciones sería hacer este ejercicio de concienciación».
En esta misma línea se encuentra Pedro Luis Lázaro, presidente de la Unión de Consumidores. «Lo primero debería ser informar sobre los derechos de los consumidores y qué mecanismos hay para hacerlos valer. Hacer ese proceso de concienciación no de malas formas ni de manera agresiva, sino desde un derecho que todos tenemos«. Sin embargo, la administración ha de ser mucho más »fluida« en cuanto a inspecciones y controles de las prácticas de venta a todos los niveles, tanto en la venta falsificada de perfume o textil como de productos alimenticios que no ha seguido un control de seguimiento. »La propia administración, los poderes del estado, debe crear instrumentos de formación, asesoramiento y atención« para evitar una práctica ilegal que goza de »cierta permisibilidad«.
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