Tribunales
Todos los condenados por la trama urbanística 'Obra Nueva' se libran de ir a prisión
La Audiencia de Cádiz sentencia al arquitecto a cinco meses de cárcel por falsedad documental continuada, pena que queda suspendida
Día de la primera jornada del juicio en la Audiencia de Cádiz.
Uno de los escándalos urbanísticos más sonados de la provincia de Cádiz que se destapó a mediados de 2000 y que se basaba en una trama dedicada a la compra de fincas en suelo no urbanizable en Chiclana y el falseo de sus escrituras para que no fueran derribadas por ser ilegales, llega a su fin.
La Sección Cuarta de la Audiencia de Cádiz ha emitido ya sentencia sobre el 'caso Obra Nueva' y sobre las cuarenta personas que se sentaban en el banquillo de los acusados como presuntos autores de los delitos de falsedad en documento oficial y falsedad en documentos privados.
Y, finalmente, según recoge la sentencia facilitada por el TSJA, el tribunal ha condenado a penas mínimas -de entre un año y ocho meses de prisión y dos meses- a 26 de los procesados y absuelto a doce de ellos. Entre las penas máximas se encuentra la impuesta al arquitecto J. P. considerado por la investigación como uno de los cabecillas de esta presunta trama. La Audiencia le impone cinco meses de cárcel como autor de un delito continuado de falsedad en documento público. Tanto en este dictamen como en el resto se ha tenido en cuenta la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, es decir, que se ha contemplado en grado máximo el retraso judicial que ha sufrido este procedimiento, catorce años.
Entre los numerosos procesados se encontraba algún arquitecto, varios aparejadores, tasadores y empleados de banca. La Fiscalía solicitaba en un principio para los investigados penas que van desde los 2 años y 3 meses de prisión a los 6 meses. Cabe recordar que trece de los 38 procesados en la causa decidieron llegar a un acuerdo de conformidad con la acusación en la primera jornada del juicio que se celebró el pasado mes de enero.
Gran parte de estos investigados eran los compradores de las viviendas, que asumieron su responsabilidad y sus penas han resultado minimizadas debido a las dilaciones y también a la prescripción de algunos de estos delitos. En algunos casos el castigo se queda en multas económicas, a razón de seis euros diarios durante dos meses, y a tres meses de prisión, suspendida por ser inferior a los dos años.
Como recordaba la Fiscalía en su acusación, los hechos se remontan a los años 2006 y 2007 . Los reseñados adquirieron fincas en suelo rural de Chiclana sobre las que se procedía al otorgamiento de escrituras públicas que declaraban la existencia de obras nuevas, que en realidad no existían.
Para ello contaban con la participación de arquitectos y arquitectos técnicos que emitían los pertinentes certificados falsos donde hacían constar que las fincas transmitidas contaban con edificaciones y que éstas tenían más de cinco años de antigüedad. El objetivo era que, por el transcurso de los plazos de prescripción, no pudiera desarrollarse contra estas viviendas ilegales actuación alguna sancionadora o de restablecimiento de la legalidad como por ejemplo órdenes de derribo.
A continuación, los acusados procedían a la división horizontal, parcelaban la finca matriz y, en ocasiones, vendían las parcelas resultantes. En la medida en que en algunos de estos terrenos no había edificaciones, se ofrecía a los acusados compradores financiación para construirlas «sin problemas» ya que la prueba de su existencia ya se había resuelto con las escrituras y su inscripción en el registro de la propiedad.
Según la investigación, este último trámite lo lograban a través de solicitudes de crédito hipotecario en determinadas sucursales bancarias con informes de tasación falsos en los que se describían y valoraban viviendas inexistentes, logrando así la constitución de dichas hipotecas, cuando en realidad lo que estaban obteniendo era el dinero necesario para su edificación. Todo ello, como indica la acusación, se hacía, con pleno conocimiento y en connivencia por parte de los adquirentes investigados y con perjuicio económico de las entidades bancarias concesionarias del préstamo hipotecario.
La investigación, que realizó el Equipo Contra la Delincuencia Urbanística de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, se puso en marcha en mayo de 2007, después de que un particular presentara una denuncia ante el Ministerio Público. Al parecer, este vecino había dado un poder notarial a un corredor inmobiliario para que le vendiera una de esas fincas. Sin embargo, al tiempo se dio cuenta que habían falsificado sus datos y los habían usado para vender otras casas ubicadas en otra parcela segregada mientras que en sus terrenos no se había construido nada.
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