tribunales
Condenado el portavoz de Marea Blanca de Cádiz por coacciones a la directora del distrito sanitario de la Janda
La jueza impone al conocido médico y activista Antonio Vergara la pena de tres meses de multa al considerar que su actitud fue «intimidatoria» al irrumpir en una reunión forzando que fueran atendidos
La Delegada de Salud destaca la importancia de que los sanitarios puedan ejercer su labor sin miedo: «No podemos tolerar ningún tipo de coacción»
El juzgado de instrucción número 4 de Cádiz ha condenado al conocido médico, portavoz y activista de Marea Blanca de la provincia gaditana, Antonio Vergara, a tres meses de multa con cuota diaria de 10 euros (900 euros) y el abono de las costas al considerar que es autor de un delito leve de coacciones contra Sira Morales, directora del distrito sanitario Bahía de Cádiz-Janda. Contra dicho fallo cabe recurso de apelación ante la Audiencia de Cádiz.
Estos autos se iniciaron en virtud del atestado policial remitido al juzgado por lo que tras practicar las diligencias oportunas se celebró el juicio que tuvo lugar el pasado jueves. La parte denunciante consideraba que Vergara tenía que ser condenado a la pena finalmente impuesta, mientras que la defensa pidió la absolución alegando que no se había cometido infracción penal alguna.
Sin embargo, y tal y como dicta la sentencia a la que este periódico ha tenido acceso, se da como probado que el 21 de junio de 2024 se convocó por el distrito sanitario Bahía de Cádiz La Janda una reunión de participación ciudadana en la Casa del Mar de Cádiz. Allí asistirían distintas asociaciones cívicas y la directora gerente del distrito, Sira Morales.
Así, sobre las doce del mediodía- continúa el fallo- estando celebrándose ya la reunión, «irrumpió» en la sala en la que estaban los asistentes Antonio Vergara, representante del movimiento Marea Blanca, alzando la voz y «con una actitud corporal enérgica» se dirigió a la directora «señalándole con el dedo y gritándole: 'esto no es participación ciudadana, esto no vale para nada, todo lo que van a contar es mentira, nos tiene que dar una reunión, no nos ha hecho caso cuando nos ha visto en la puerta, nos ha evitado, como viene del sector privado maltrata a los profesionales del sector público'». Y añadió: «No tiene miedo con lo que puede pasar con su gestión, pues debería de tener miedo».
Ante esta situación, la gerente se quedó «bloqueada y asustada», para instantes después dirigirse a Vergara indicándole que se marchara. A ello respondió el activista que lo haría cuando le dieran «una cita para reunirse», por lo que la responsable del distrito sanitario pidió a una compañera que buscara dicha fecha para el encuentro con los miembros de Mareas Blancas, y tras transmitírselo a Vergara, éste se fue. «Tras este incidente la directora no pudo seguir exponiendo lo que estaba previsto, teniendo que ser sustituida por otro compañero», concluye el relato de los hechos probados en la sentencia.
La jueza considera que sobre la veracidad de estos hechos «no existe duda alguna, puesto que el propio denunciado en su declaración ante el acto de juicio oral sostuvo que llevaba semanas intentando reunirse con la directora para tratar el tema de la apertura de los centros de salud durante los meses de verano, y como no le hacían caso decidió concentrarse en las puertas de la Casa del Mar». A ello, Antonio Vergara añadió que como no se les hizo caso cuando estaban en la puerta decidió subir y «aunque es cierto que las formas no fueron las correctas» le dijo lo ya recogido.
Estas manifestaciones quedaron así corroboradas por los testigos propuestos por las partes que confirmaron la actitud descrita en el denunciante.
Con todo ello, la jueza considera que se puede concluir que en este comportamiento se aprecia «la concurrencia de los presupuestos expuestos», por lo que se da «el delito leve de coacciones», eso es: el empleo de la violencia física o intimidatoria, «al entrar gritando y señalando a la directora, descalificándola y manteniendo su actitud mientras no atendiera su petición»; la falta de autorización legítima, «puesto que si bien su petición podía obedecer a fines buenos, pues quería forzar una reunión para tratar temas sanitarios importantes, no estaban convocados a la reunión».
Y también, la limitación de libertad de otra persona «que fue destinada a que hiciera lo que considerara procedente, esto es, a presionar y forzar a la directora para que les diera fecha de reunión», al tiempo que le «obligó a hacer algo que no quería o debía hacer».
Por último se considera que dicha coacción fue leve ya que fue de «poca entidad». De esta forma, concluye la sentencia en sus fundamentos: «la actuación del señor Vergara es perfectamente encuadrable dentro de una coacción leve».
El pasado jueves un nutrido número de personas en representación de varios colectivos acompañaron al portavoz de Marea Blanca hasta los juzgados de San José donde se celebró la vista defendiendo su inocencia. Del mismo modo lo hacían en el Parlamento Andaluz los partidos Por Andalucía y Adelante Andalucía.
El propio Antonio Vergara se dirigió a los medios y explicó que sus palabras no iban dirigidas de forma personal a la denunciante sino a su labor como responsable de la sanidad del distrito. «¡Que me denuncien cada seis meses porque con estos baches de moral nos recuperamos!», aseguró.
