Política

El Colegio de Economistas de Cádiz, ante la ley de amnistía: «Supone la degradación, cuando no la abolición, del Estado de derecho»

El Consejo andaluz considera «improcedentes los distintos acuerdos de investidura, en sus aspectos económicos, tributarios y sociales»

El portavoz Patxi López.-

LA VOZ

Cádiz

El Colegio de Economistas de Cádiz ha participado en el documento enviado por el Consejo andaluz en el que muestra su preocupación y desolación por la ley de amnistía que ha pactado el PSOE de Pedro Sánchez con Junts per Cataluña, Esquerra Republicana y Partido Nacionalista Vasco. Entienden que se trata de la degradación, si no abolición, del Estado de derecho en España. «No es un posicionamiento político es un análisis técnico en las áreas económicas y tributarias», apuntan desde el colegio, que replican este comunicado aceptado a nivel regional:

«En primer lugar, este Consejo expresa su total apoyo a la declaración institucional del Consejo General del Poder Judicial de 6 de noviembre pasado, cuando manifiesta su «intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España»

En segundo lugar, ante la publicación de los documentos suscritos entre el Partido Socialista Obrero Español y Junts per Cataluña, Esquerra Republicana y Partido Nacionalista Vasco, que suponen acuerdos para facilitar la investidura del hasta ahora presidente en funciones, queremos manifestar públicamente y sin que ello signifique o incluya ninguna connotación política, nuestra profunda preocupación por los efectos que la aplicación de los acuerdos tendría para nuestro país, para las instituciones y para la sociedad en general, especialmente, en el ámbito económico y tributario:

1.- El establecimiento de una cláusula de excepción para Cataluña, con una cesión del 100% de los tributos que se pagan en esa Comunidad, supone una vulneración del artículo 2 de la Constitución que consagra el principio de solidaridad entre las distintas comunidades. Este Principio de Solidaridad está presente en varios preceptos de nuestra Constitución, tales como el artículo 138.1 y 2 y el artículo 156.1

2.- El establecimiento de un plan para promover el regreso a Cataluña de las empresas que cambiaron su domicilio social, supone una clara ruptura de la neutralidad que debe mantener el Gobierno Central respecto de las diferentes Comunidades Autónomas. Mientras que es lícito que las diferentes regiones pongan en marcha políticas para incentivar la implantación de empresas en sus territorios, el Gobierno Central debe mantenerse neutral al respecto sin fomentar o apoyar las políticas de ninguna de las Comunidades, en detrimento de otras.

3.- La asunción de aproximadamente el 20% de la deuda viva contraída por la Generalitat de Catalunya con la Administración General del Estado en los mecanismos de liquidez estatales, supondrá de facto una condonación de 15.000 millones de euros de la deuda de la Comunidad Catalana, lo que rompe igualmente el principio de solidaridad antes expuesto, además de generar desigualdades entre territorios. Consideramos que, además, se sentaría un peligroso precedente en tanto que las diferentes regiones no tendrán incentivos para mantener su deuda en niveles asumibles y gestionar sus recursos financieros de manera eficiente, ya que se da a entender que se podrá instar al Estado Central a asumir y condonar una parte sustancial de la deuda.

4.- La cesión de la Seguridad Social a una Comunidad Autónoma rompe los principios rectores del sistema de seguridad social español, basado en la solidaridad entre generaciones y entre territorios. Nuestro sistema parte del concepto de caja única, es decir, las cotizaciones recaudadas en todo el territorio nacional sirven para financiar las prestaciones de todos los españoles, tal como preceptúa el artículo 21 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Economistas considera totalmente improcedentes los distintos acuerdos de investidura, en sus aspectos económicos, tributarios y sociales, que son los únicos que, como Corporación Profesional, entramos a valorar, ya que suponen la vulneración de derechos fundamentales de los ciudadanos en materia económica y tributaria, y el claro beneficio de una parte de la ciudadanía en detrimento de los derechos de los demás. La existencia de estas diferencias, pueden suponer, además, la ruptura de los principios del mercado único europeo».

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