TRIBUNALES
Los colapsados juzgados de lo Social de Cádiz señalan ya para dentro de dos años: «Esta es la historia interminable»
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La pendencia en estas causas sobre despidos, invalidez, subsidios, pensiones... sigue al alza y triplica el índice de otras secciones
La creación de un cuarto juzgado en Cádiz no ha aliviado esta carga ya que ha asumido más competencias y «se va a saturar en breve», advierten desde el Colegio de Abogados
«Esto es la historia interminable... lo de siempre... se viste a un santo para desvestir a otro pero poca solución le veo de momento». El decano del Colegio de Abogados de Cádiz contesta de esta manera, directa, cristalina, a la pregunta sobre la situación actual de los juzgados de lo Social de la provincia de Cádiz. Sobre la pendencia en asuntos que continúan arrastrando estas salas y todos lo que se siguen acumulando como si de una torre de papeles sin fin se tratara.
Las cifras lo reflejan. Por enésima vez los Juzgados de lo Social de Cádiz registran datos récord en cuanto a asuntos que entran, tiempos de resolución y lista que queda. Así se puede comprobar en los últimos índices recogidos y aportados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), correspondientes al tercer trimestre de 2024.
Los diez órganos que se encargan de esta materia en la provincia, tienen actualmente 17.409 asuntos en trámite desde el inicio del periodo señalado, una cantidad que para ser un tema específico supera en gran medida la concentración que existe en otros juzgados más divididos, como es el caso de los penales que compete instrucción, mujer, menores, penal, mixto, ejecutorias... o en el caso de Civil. De estas causas sociales, 2.329 ingresaron en este trimestre lo que supuso una media de 232,90 por juzgado. Durante este mismo tiempo se resolvieron 1.695 procedimientos, por lo que al final del período se tramitaron más de 18.000, 1.802 asuntos de media por cada uno de estos órganos.
«Seguimos igual... se está señalando ya para 2027. Esta es la historia interminable, una eternidad y al final así... es difícil hacer justicia...», denuncia José Adolfo Baturone, decano del Colegio de Abogados, quien, además, muestra su preocupación añadida por la incertidumbre que en la actualidad existe tras el anuncio del Gobierno de una nueva medida: una reforma para reestructuración de los tribunales de instancia que, de momento, no saben cómo podrá afectar ni de qué manera. «No se ha previsto ni sabemos nada», advierte.
Pero lo que sí se sabe ya es lo que ha quedado hecho o no y lo que queda por hacer. En este sentido, y según los datos del CGPJ, la pendencia de los procedimientos en los juzgados de lo Social sigue al alza. La creación de un cuarto juzgado ha podido aliviar en parte y ha bajado en 17 puntos dicha pendencia (en el trimestre señalado), pero la acumulación de causas pendientes más las nuevas que se incorporan continúa. Además, y como explican las fuentes consultadas, la pandemia provocó un nuevo período de crisis para muchas empresas lo que multiplicó despidos, conflictos laborales, indemnizaciones...
A efectos prácticos las cifras de estos retrasos a la hora de ver un procedimiento señalado, juzgado, acabado, suponen un quebranto en la vida de cualquier ciudadano, tal y como lamentan abogados, graduados y sociales y otros operadores desde hace tiempo.
Así, se han dado de hecho casos de personas que luchaban por tener una invalidez o una prestación, indemnización... y cuando se ha señalado su procedimiento, cuando se iba a celebrar la vista, estas personas habían fallecido por la enfermedad que les había llevado a esa situación. O también trabajadores que son despedidos o cuyas empresas quiebran y que, mientras viven en esta situación de desempleo, tienen que esperar que se resuelva todo judicialmente para poder cobrar lo que les corresponda.
A todo ello se le suma el problema de las suspensiones «continuas». Como indica la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la jurisdicción social sigue siendo la que más juicios suspende hasta no celebrar el 62 por ciento de ellos durante 2023 en Andalucía. En Cádiz, este porcentaje de suspensiones subió hasta el 41% frente al 30% del año anterior y es la provincia con mayor número de suspensiones en el orden social, llegando al 64% de los juicios señalados.
La Memoria llama la atención que tras el descenso que se produjo en este sentido después de la pandemia se haya vuelto a registrar esta tendencia al alza en cuanto a estas cancelaciones de juicios que tienen que volver a ser señalados y que, de nuevo, retrasan todavía más la resolución de los procedimientos.
Según los mismos datos del Consejo General, y relativos a ese tercer trimestre, la pendencia en lo Social se situó en un 10,63. Esta cifra supone más del doble de este índice de retraso acumulado en material Civil que fue de 4,37 y diez veces más que en la jurisdicción Penal, 1,85.
Incremento y tendencia al alza en toda Andalucía
Esta situación de saturación no es exclusiva de Cádiz aunque sí pueda ser algo más gravosa que en otras provincias debido, entre otros asuntos, a que mes a mes registra altos índices de desempleo. Como explica el TSJA, la litigiosidad en las jurisdicciones Civil y Social continuó un trimestre más con su tendencia al alza. Pese a que en su conjunto, los órganos judiciales de la comunidad autónoma de Andalucía, Ceuta y Melilla registraron durante el tercer trimestre un 1,5% menos de ingresos de asuntos, las jurisdicciones Civil, con un aumento del 12,7%, y la Social, con 6,8% más, continuaron con la «tónica de un incremento sostenido durante todo 2024».
De esta forma, los asuntos de nuevo ingreso registrados por los órganos judiciales andaluces fue de 317.174, lo que supuso un 1,5% menos que en el mismo periodo del año anterior. El tercer trimestre de 2024 dejó también una disminución del 2,1% de los asuntos resueltos (277.298), y un incremento del 12,6% de los que quedaron en trámite al final del periodo (841.443).
Como indica el informe del CGPJ, los órdenes jurisdiccionales que registraron tal incremento en el ingreso de asuntos fueron el Civil y el Social. En ambas jurisdicciones, además, creció también su capacidad de resolución. Por el contrario, en el orden Penal y de lo Contencioso-Administrativo se registraron menos asuntos y también bajó la capacidad de resolución.
En la jurisdicción Social ingresaron 19.897 nuevos asuntos, lo que supuso un crecimiento del 6,8% respecto al año anterior. Los resueltos aumentaron un 16,6% al alcanzar la cifra de 14.694 asuntos y los pendientes al final del periodo (119.358), aumentaron un 12,9 por ciento.
