Malversación
Citan en Cádiz a cuatro altos cargos de la Junta de Andalucía como testigos en el caso de los contratos «a dedo» del SAS
El Juzgado de Cádiz investiga un posible delito de malversación en la concesión de contratos | Los interventores de la Junta deberán comparecer el 2 de abril, mientras que las dos jefas de Servicio lo harán el día 3 de abril en los juzgados de Cádiz
Solo un juez de Cádiz investiga aún si el SAS troceó contratos tras la desmontar el juzgado de Sevilla la teoría de la trama
La juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha citado a declarar en calidad de testigos a dos interventores de la Junta de Andalucía y dos jefes de Servicio, en el marco de la investigación por la presunta malversación de fondos en contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
La causa surge a raíz de una denuncia presentada por Podemos Andalucía, en la que se acusa al SAS de adjudicar contratos «a dedo».
Según la providencia dictada por la magistrada, los interventores de la Junta deberán comparecer el 2 de abril, mientras que las dos jefas de Servicio lo harán el día 3 de abril en los juzgados de Cádiz.
Denuncia de Podemos
El pasado 17 de febrero, la coordinadora general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, informó de que el Juzgado gaditano había abierto diligencias previas por un presunto delito de malversación de fondos públicos en la Junta de Andalucía.
La denuncia fue interpuesta por la formación morada en octubre ante los juzgados de instrucción de Sevilla, tras detectar la Intervención de la Junta irregularidades en la concesión de miles de contratos menores adjudicados entre enero y diciembre de 2021 en Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén.
Según Podemos, estos contratos habrían sido fraccionados intencionadamente para evitar los requisitos de publicidad y libre concurrencia exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público, permitiendo así su adjudicación directa y sin concurso público.
Martínez explicó que esto venía derivado de una denuncia interpuesta por Podemos en octubre ante los juzgados de Instrucción en Sevilla «por un presunto delito de malversación y/o prevaricación administrativa». Esa denuncia, con fecha del 1 de octubre de 2024, se presentó después de que «la Intervención de la Junta de Andalucía» hubiera «detectado un fraccionamiento indebido de miles de contratos menores adjudicados entre enero y diciembre de 2021 por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en las provincias de Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén«.
«Estos contratos fueron fraccionados con el objetivo de eludir los requisitos de publicidad y libre concurrencia previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, permitiendo su adjudicación 'a dedo'«, advertía Podemos en dicha denuncia.
Mes y medio después, el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, tras recibir la denuncia de Podemos desde el número 4 de Sevilla, acordó «incoar diligencias previas» a tenor «de lo dispuesto en el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr), puesto que hacen referencia a la posible existencia de un delito de malversación que, en todo caso, estaría comprendido en el ámbito del procedimiento abreviado«, relata la jueza que suscribe dicho auto del 12 de noviembre de 2024.
En la misma resolución, la jueza acordaba librar «oficio a la Intervención de la Junta de Andalucía a fin de que informe sobre las irregularidades cometidas en relación a los hechos denunciados y el funcionario público que las llevó a cabo«, así como dar »traslado al Fiscal de delitos económicos a fin de que interese diligencias a practicar«.
Por su parte, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, anunció que la Junta de Andalucía había pedido personarse en los procedimientos iniciados en algunos juzgados de la comunidad autónoma tras denuncias de Podemos y que había remitido al juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz «un informe de la Comisión Consultiva de Contratación Pública que avala» dichas contrataciones«. Además, acusó a Podemos de »utilizar la sanidad pública andaluza para hacer política«.
Con la citación de estos cuatro testigos, la investigación avanza en busca de esclarecer posibles responsabilidades dentro del Servicio Andaluz de Salud. La causa sigue abierta y se espera que en los próximos meses se practiquen nuevas diligencias.
