CHICLANA
El debate sobre la tasa turística se reabre en Chiclana
Roberto Palmero, concejal de Izquierda Unida, defendió esta medida con motivo del Día Mundial del Turismo
La sostenibilidad es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la industria turística en la actualidad. Chiclana, como uno de los grandes puntos turísticos a nivel provincial, autonómico y nacional es de las ciudades que buscan seguir creciendo haciendo compatible el recibimiento y atención al turista con la vida de la población residente.
El pasado día 27 se celebró el Día Mundial del Turismo y, además de la programación de distintas actividades para promocionar las posibilidades de Chiclana, los concejales de Izquierda Unida en el gobierno, Roberto Palmero y Susana Rivas, aprovecharon para reivindicar y defender ante los medios la opción de implantar en la ciudad una tasa turística. Esta tasa se puede definir como un impuesto que el viajero tiene que pagar cuando visita un país o una localidad determinada. Este impuesto se suele cobrar en el alojamiento o al reservar el billete de avión. Además, el fin de la tasa es contar con un fondo destinado a medidas de preservación, desarrollo y promoción de las infraestructuras y actividades turísticas. La sostenibilidad como objetivo buscando que este impuesto tenga impacto positivo tanto en el viajero como en el territorio.
«Es hora de que Chiclana se plantee de manera decidida la implantación de la tasa turística, un impuesto que ya existe en otras comunidades autónomas de nuestro país y en decenas de países de todo el mundo», afirmó Palmero. Este tema ya se ha puesto sobre la mesa en otras ciudades andaluzas como Sevilla, Málaga o incluso Cádiz. A la falta de apoyos en general por parte de las empresas del sector, se sumar el marco normativo de la Junta de Andalucía que no permite adoptar esta medida en la comunidad autónoma.
Tal y como aseguró el concejal, «es una reivindicación que desde Izquierda Unida compartimos con numerosos municipios de Andalucía, que están trasladando al Gobierno andaluz la importancia de la implantación de una medida que se traduciría en la mejora de los servicios e infraestructuras que estas ciudades ofrecen, no solo a sus vecinos y vecinas, sino también a las personas que las visitan y las disfrutan».
Potencial en Chiclana
Si aplicamos esta tasa por viajero y por noche, con un precio medio de 2 euros, siguiendo el ejemplo de otros lugares y teniendo en cuenta que el número de pernoctas en 2022 fue de 1.973.768, se quedaría una recaudación total cercana a los 4 millones de euros. Esto es un cálculo muy general, en el que no se contabilizan apartamentos turísticos y, además, hay que tener en cuenta que normalmente este impuesto no se aplica a menores. Lo que sí está claro es que con el volumen de visitantes que recibe cada año Chiclana, esta medida tiene un enorme potencial recaudatorio.
Ahora, el objetivo de Roberto Palmero es iniciar una ronda de contactos con las distintas fuerzas políticas de Chiclana y «con todo el tejido social, empresarial o sindical de nuestro municipio, de manera que se convierta en una propuesta de ciudad y Chiclana se una a muchos otros municipios de Andalucía que están exigiendo a la Junta de Andalucía que se replantee su postura y nos permita contar con esta herramienta de crecimiento y mejora».
Ejemplos en España
En España, actualmente, esta tasa se aplica en Cataluña y Baleares. La Comunidad Valenciana comenzará a cobrar este impuesto a partir del mes de diciembre, será revisado cada 3 años para valorar su eficacia, y cada municipio podrá cobrar un recargo adicional.
Desde su implantación en 2016, y hasta el pasado año, la ecotasa, como se llama popularmente, ha recaudado en Baleares 409 millones de euros. Se calcula que, en 2019, gran año para el sector turístico previo a la pandemia, la recaudación superó los 130 millones.
En Barcelona, por ejemplo, la recaudación del Impuesto de Estancia en Establecimientos Turísticos del mandato municipal 2019-2023 fue de 54,8 millones, teniendo en cuenta los dos años de paralización del turismo por la pandemia. Se calcula que solo en este año, la cifra puede llegar a un total de 52 millones.
Esta medida, que lleva años implantada en las grandes ciudades europeas, va cogiendo fuerza en España, aunque todavía son muchas las ciudades que se resisten. El debate, sin duda, está abierto.
