Tribunales narcotráfico
El CGPJ aprueba el refuerzo de una nueva jueza en Barbate
Un informe de inspección revela que los niveles de carga de trabajo de la localidad barbateña, de Sanlúcar y de La Línea superan todos los indicadores establecidos
Dicho estudio propone unificar los partidos judiciales de Algeciras, La Línea y San Roque y crear un nuevo juzgado de Primera Instancia e Intrucción en Sanlúcar. Se abre la puerta también de la Audiencia Nacional para macrocausas
La Comisión Permanente del CGPJ se reúne este jueves en Cádiz con los presidentes de las Audiencias y jueces decanos de la provincia gaditana y de Huelva para analizar la situación tras el asesinato de los dos guardias civiles
Tras el fatídico episodio sucedido ahora hace dos meses en el puerto de Barbate en el que dos guardias civiles eran asesinados tras ser arrollados por una narcolancha han sido muchas las medidas que se han solicitado para poder hacer frente a la lacra del narcotráfico en todos sus frentes. Policiales, judiciales y sociales.
En este sentido, se están realizando diferentes debates, análisis y evaluaciones sobre los medios que realmente existen en las provincias andaluzas más afectadas, como en el caso de Cádiz, de acuerdo a todas las denuncias que se vienen sucediendo, sobre todo, desde ese día, a pesar de que dichas reclamaciones son ya históricas.
Y así, este jueves, la Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) se ha trasladado a la capital gaditana para analizar junto a los presidentes de las Audiencias de Cádiz y Huelva y los jueces decanos la situación que tienen sus partidos judiciales. A este respecto, y antes de dicha reunión, el presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, ha anunciado que el órgano que encabeza va a aprobar algunas medidas de refuerzo para los juzgados gaditanos más afectados. Una de ellas es la adscripción de la jueza sustituta María Eulalia Chanfreut, a los juzgados de instancia e instrucción número 1 y 2 del municipio barbateño.
Según se ha explicado, la medida tiene como objetivo «reforzar la jurisdicción penal en esos órganos», donde se instruye la muerte de estos dos agentes, y «agilizar así el trámite de las macrocausas que en ellos se investigan, conforme al plan de actuación que establezca la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La medida cuenta ya con la autorización económica del Ministerio de Justicia y se acordará en el plazo de seis meses, renovables, desde la incorporación de la comisionada. Este refuerzo, propuesto por el TSJA en febrero, ha recibido el informe favorable del Servicio de Inspección del CGPJ, que ha elaborado un estudio sobre la carga de los partidos judiciales de Cádiz y Huelva, localidad que considera están más afectadas por el narcotráfico.
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Según los datos recabados por la Inspección, la carga de trabajo global --civil y penal-- supera en todos estos partidos los indicadores establecidos por el CGPJ, con la única excepción puntual de Barbate en 2023, donde fue del 96,4%, mientras que la carga media global ha sido de un 139% en 2022 y de un 134,2% en 2023.
Además, el rendimiento general de estos juzgados supera el indicador de dedicación en todos los partidos judiciales, siendo el rendimiento medio de un 174% en 2022 y de un 172,6% en 2023.
Por otra parte, la pendencia en todos los órganos es elevada, ya que en materia civil la pendencia media es de 945,5 asuntos -superior a la media nacional, que es de 765,4- y en materia penal es de 774,4, duplicando la media nacional de 374,2.
Esto, ha señalado el CGPJ, «no es consecuencia de la falta de dedicación o escaso rendimiento, que vistas las cifras anteriores es elevado». También los tiempos de respuesta de los procedimientos penales son superiores a las medias de la Comunidad Autónoma de Andalucía y nacional.
Para dar respuesta a estos problemas, el informe propone unificar los partidos judiciales de Algeciras, La Línea de la Concepción y San Roque, crear un nuevo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en los de Moguer y Sanlúcar de Barrameda, y adoptar medidas de refuerzo extraordinarias, como la aprobada hoy para los juzgados de Barbate, en los órganos judiciales de este partido y de los de La Línea de la Concepción, Sanlúcar de Barrameda, Ayamonte y Moguer.
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«Elevada carga» de la Sección Séptima, Algeciras
En cuanto a la situación de las secciones de la Audiencia Provincial a las que corresponde el enjuiciamiento de los delitos contra la salud pública y de blanqueo de capitales, la Inspección advierte de «la elevada carga de trabajo» que soporta la Sección Séptima, con sede en Algeciras, que fue del 133% en 2022 y del 120% en 2023, y añade que, pese al elevando rendimiento de sus magistrados (116% en 2022 y 100% en 2023), no se logra absorber la entrada de asuntos, acumulando pendencia e incrementando el tiempo de respuesta.
Se propone por ello crear una nueva sección en la Audiencia Provincial de Cádiz, la número nueve, con sede en Algeciras y especializada en el orden penal.
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El informe señala que la complejidad de las causas por delitos de narcotráfico y de blanqueo de capitales se deriva tanto de las dificultades para su investigación como del elevado número de investigados y/o testigos. Las primeras se refieren esencialmente al contenido de las diligencias acordadas judicialmente y su control posterior, como intervenciones telefónicas, registros, incautación de efectos, medidas cautelares de carácter patrimonial o pruebas periciales contables.
El elevado número de investigados es consecuencia de la presencia de organizaciones criminales con estructuras propias y la toma de declaración a estos ocupa un tiempo muy considerable en la práctica judicial diaria.
Para afrontar con celeridad estos procedimientos, concluye el Servicio de Inspección, «se precisa de medios personales y materiales superiores a los actuales, pero también sería necesario un aumento de la coordinación de los titulares de los juzgados con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como poner solución a algunas de las deficiencias detectadas, como la necesidad de desplazamiento físico a Cádiz para realizar pruebas preconstituidas con menores (por falta de sala Gesell en algunos partidos judiciales), problemas para la designación de abogados de oficio, demoras en la emisión de informes psicosociales y del Instituto de Medicina Legal o de informes periciales sobre embarcaciones neumáticas dedicadas al narcotráfico y retrasos en el volcado de teléfonos móviles».
«Edificios antiguos con dependencias inadecuadas»
A ello se añaden, medios materiales insuficientes: edificios antiguos y con dependencias inadecuadas, sistemas de gestión informáticos obsoletos, ausencia de impresoras, entre otras.
El informe señala que, en el corto plazo, «resultaría eficaz» la modificación del artículo 65.1ºd) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estableciendo una regla competencial nueva en materia de delitos contra la salud pública cuando estos fueran de especial gravedad sin necesidad de que estos «produzcan efectos en lugares pertenecientes a distintas provincias», de modo que los de mayor complejidad se atribuyeran a la Audiencia Nacional.
También contribuiría a la agilización de la tramitación de estos procedimientos la modificación de los artículos 216, 217, 221, 222 y 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la supresión del recurso de reforma y la concentración de recursos en el momento de concluir la instrucción, salvo los que afecten a la situación personal de los investigados o pruebas preconstruidas, introduciendo limitaciones para los recursos reiterativos con finalidad netamente dilatoria.
Por último, la implantación de los tribunales de instancia evitaría la rotación excesiva de titulares de los órganos -la mayoría de los Juzgados están servidos por jueces de nuevo ingreso cuya permanencia en ellos no suele superar los dos años- y conseguir una distribución de trabajo más eficiente.
