ZONA FRANCA
Carpetazo definitivo al caso Quality Food en Cádiz tras un acuerdo entre las partes
El proceso judicial se ha alargado durante 21años entre la Zona Franca y la dirección de esta antigua empresa de platos preparados
La Audiencia Provincial pone fin a un litigio que pesaba sobre las cuentas de la Zona Franca y del que finalmente sale airosa
El empresario Manuel García Gallardo asume su responsabilidad y elude la cárcel
La Audiencia Provincial de Cádiz ha puesto fin este jueves al conflicto mantenido desde hace 21 años entre la Zona Franca y la antigua empresa de platos preparados Quality Food. Un acuerdo entre las partes enfrentadas ha permitido cerrar un culebrón donde se ha mezclado el interés político con el empresarial amenazando seriamente a la contabilidad del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz. El empresario Manuel García Gallardo, fundador de Quality Food, ha aceptado las condiciones que desembocan en el carpetazo definitivo a este proceso judicial. Se trata, por tanto, de un día histórico para la Zona Franca de Cádiz, ya que con el acuerdo desaparece una espada de Damocles, cuya espada apuntaba año tras año al balance contable del Consorcio. Un alivio para ambas partes.
Así, García Gallardo admite los delitos de estafa, falsedad en documento Mercantil y apropiación indebida, lo que ha significado una reducción de penas evitando con ello la prisión. Igualmente descarta seguir adelante con la guerra judicial reclamando a la Zona Franca 35 millones de euros por el quebranto de la compañía. El culebrón Quality viene inicialmente de una orden del juzgado de lo Mercantil que obligaba al Consorcio a pagar al empresario 10.148.320 euros, que con intereses ascendían a 20.290.422 euros, según la valoración del Consorcio, mientras que la valoración del empresario era de 35 millones. La segunda parte del culebrón era fruto de la decisión del Tribunal Supremo que anuló el juicio celebrado por la Audiencia Provincial de Cádiz en el que resultó condenado García Gallardo a 9 años de cárcel por estafa, falsedad documental y apropiación indebida.
Este jueves, las dos partes estaban convocadas en la Audiencia Provincial, para iniciar el nuevo proceso judicial ordenado por el Tribunal Supremo con el ánimo de seguir adelante con este proceso que suma ya 25.000 folios. El acuerdo que se ha aceptado este jueves es fruto de una negociación abierta tras las pasadas fiestas de Naaidad. El objetivo era evitar otro debate público ante los tribunales que terminarían en una sentencia y, seguramente, en nuevas demandas que impedirían cerrar de forma definitiva el caso Quality Food. Sobre García Gallardo pesaban 9 años de prisión y sobre Zona Franca una indemnización. Al final ambas partes han salido airosas.
El fiasco de esta compañía de platos precocinados que la fundó en el año 2000 el abogado Manuel García Gallardo tenía como objetivo abrirse camino en la elaboración de los menús escolares. Entre sus primares medidas fue asentarse en el recinto interior de la Zona Franca de Cádiz para asegurase las ventajas fiscales que ofrece el recinto aduanero.
La caída en barrena de esta compañía, en la que se mezclan los intereses empresariales y las denuncias políticas, derivó en un largo proceso judicial que ha salpicado a cada gestor de la Zona Franca en estas dos últimas décadas. El conflicto florece a partir de 2003 cuando Zona Franca entra en el accionariado de Quality Food. En principio, es con una parte casi simbólica, pero poco a poco fue adquiriendo a través de una de sus sociedades, Sogebaq, acciones en la empresa alimenticia. Desde el Consorcio se iba inyectando dinero a través de algunas ayudas y la Zona Franca fue cada vez cogiendo más accionariado. El problema se produjo cuando desde el Consorcio empezaron a ver que las cuentas no cuadraban y que la empresa estaba en peligro, algo que siempre ha sido negado por el empresario García Gallardo.
Maniobras financieras
La caja de los truenos estalla cuando la Zona Franca decide hacerse con la mayoría de las acciones para apartar a García Gallardo de la gestión. Las decisiones que se tomaron y el dinero que se pagó por las acciones de una empresa que, según las acusaciones, valían mucho menos de lo que realmente se pagó. Otra de las claves es que se acusaba a García Gallardo de artimañas financieras, de manera que acudía a las ampliaciones de capital con la Zona Franca y justificaba el pago pero realmente éste no se hacía.
La historia más reciente del culebrón Quality Food la encontramos en enero de 2024 cuando el Tribunal Supremo ordenó repetir el juicio a los condenados tras estimar el recurso de casación presentado por uno de los tres condenados en primera instancia por la Audiencia Provincial de Cádiz en 2019. Estos fueron Manuel García Gallardo, fundador de la empresa alimentaria, condenado a diez años de prisión por delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida; Víctor Ocaña Ferreira, ex director de una sucursal del BBVA donde García Gallardo tenía cuentas, condenado a la pena de cuatro años de cárcel; y Ana Gallardo Ramírez, madre de Manuel García Gallardo, condenada sólo en materia de responsabilidad civil, no penal. Precisamente, Ocaña Ferreira ha acudido este jueves a la Audiencia Provincial esposado ya que cumple condena por otros delitos.
La repetición del juicio que ha tenido lugar este jueves no ha afectado a los otros tres acusados que quedaron absueltos: el que fue delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz entre 2001 y 2004, Miguel Osuna; su jefe de gabinete, José Manuel Fedriani; y Rafael Borrego, que tenía supuestamente un papel de testaferro en una de las sociedades de García Gallardo.
El Supremo ordenó repetir la vista al considerar que la Sección Tercera de la Audiencia de Cádiz, encargado de juzgar el caso Quality, debió admitir (y no lo hizo) una prueba pericial sobre un informe de valoración. Concretamente, a García Gallardo le fue rechazado un informe pericial realizado por KPMG Asesores S.L., una prueba que el Alto Tribunal consideró que era «pertinente, necesaria y relevante», por lo que su inadmisión durante las cuestiones previas desembocó en la posterior vulneración de su derecho de defensa. Precisamente esta prueba es la que conducía a la reapertura del juicio de este jueves en la Audiencia Provincial, que se ha saldado con acuerdo. La vista ha durado poco más de veinte minutos.
Entre las cuestiones fundamentales que se han ido resolviendo y debatiendo en sala es si en todo este proceso hubo irregularidades, como por ejemplo, si se llegó a ocultar información al consejo de Zona Franca (donde hay cargos políticos) sobre que se compraran títulos a un valor muy superior al real y si el empresario pudo engañar a la entidad para conseguir sus fines.
Como se recordará, tras las denuncias y la apertura del caso, el juzgado número tres de Cádiz cerró la instrucción en 2015 en un auto en el que mantenía la acusación contra el empresario, su familia, Osuna y el que fue su jefe de gabinete, José Manuel Fedriani, exdirector de la Zona Franca y exgestor de proyectos en el Consorcio, quien abandonó su cargo directivo en 2016 tras ratificarse las acusaciones y peticiones de cárcel para él y tras otra intensa polvareda mediática y política.
El caso había partido de una querella presentada por la Zona Franca de Cádiz hace 16 años, contra el empresario Manuel García Gallardo, acusado de causar un millonario quebranto económico al Consorcio en la puesta en marcha de una empresa alimenticia llamada Quality Food.
