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El nuevo CIE de Algeciras, el más grande de España, despierta rechazo antes de su apertura
El centro para inmigrantes tendrá capacidad para 500 usuarios, treinta veces más que el actual de la Piñera
El Supremo avala una denuncia sobre la opacidad de Interior acerca de este y otros centros
El nuevo centro de internamiento para extranjeros de Algeciras (CIE) empieza a acumular críticas y rechazos antes de su puesta en marcha que se espera que sea el próximo año. Como ya se anunció este centro será el mayor de España con una capacidad para 500 usuarios, treinta veces más de plazas que la veintena de extranjeros que ahora ocupan el viejo CIE de la Piñera.
Por ello, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha convocado una protesta para el próximo día 14 en Algeciras. Esta y otras plataformas defienden la necesidad de cerrar los CIE y fomentar otras alternativas «más humanas» que den respuesta a la situación irregular de personas en España.
El proyecto se encuentra ya en su última fase de construcción y se está levantando sobre una parcela de 20.000 metros cuadrados cerca de la prisión de Botafuegos. La creación del nuevo CIE se aprobó en 2018 y sigue, según se informó, todos los baremos de la normativa española y europea para garantizar la dignidad y derechos humanos de sus usuarios.
Según el proyecto, los extranjeros que vayan llegando se distribuirá es espacios acotados para un máximo de 100 personas, para que se puedan gestionar de forma independiente y, también, para que se agrupen por sexo, cultura, condición penal, edad... De hecho se espera que los que tengan procedimientos abiertos de expulsión o condenas pendientes sean alojados de manera separada a la espera de ser extraditados.
Poca transparencia
Desde que se dio a conocer este nuevo proyecto no se ha informado mucho más de su proceso. En este sentido, sobre la transparencia de la información de la población irregular extranjera del Ministerio del Interior, el Supremo acaba de dictar una resolución.
Así, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del órgano ha admitido a trámite un recurso de casación interpuesto por el Servicio Jesuita a Migrantes acerca del «incumplimiento» de la ley de transparencia y acceso a información pública por parte de la Dirección General de Policía (dependiente de Interior).
Dicho recurso se presentó ante «la negativa del ministerio a proporcionar cifras relativas a la nacionalidad de personas internadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en el Estado Español en el año 2023«, como detalla el SJM.
En este punto, recuerda que, a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid denegó (en la sentencia 26/2024) la solicitud de SJM, ahora el Supremo admite a trámite el recurso de casación a fin de determinar «el alcance del límite al derecho de acceso a la información pública cuando su acceso pueda suponer un perjuicio para las relaciones exteriores, tratándose de la remisión de datos sobre nacionaldades concretas de las personas internadas en un CIE».
El acceso a la información pública sobre los CIE es, para el SJM, «clave a la hora de poder construir los informes anuales» y contribuye a «visibilizar la realidad de vulneración de derechos que existe en estos espacios, tal y como se incluía en las publicaciones de 2022 y 2023».
La organización considera que las cifras oficiales son una herramienta «esencial» para que la ciudadanía pueda conocer «cuáles son los recursos destinados al mantenimiento y gestión de los centros, qué perfiles de personas se encuentran privadas de libertad y cómo se construye la política migratoria del Gobierno en su vertiente más represiva con los derechos y más opaca en cuanto a su gestión».
