Algeciras
Herida una funcionaria de la prisión de Botafuegos cuando reducía a un interno problemático
El preso de 48 años, que estaba en el módulo 8, pidió el traslado de celda por llevarse mal con su compañero
Una funcionaria de la prisión Botafuegos en Algeciras ha tenido que ser atendida en la enfermería de la prisión y, posteriormente, en el hospital con lesiones de diversa consideración (esguinces y magulladuras) tras intervenir en la reducción de un interno el pasado lunes.
La prisión de Botafuegos sigue aportando cifras a las estadísticas estatales que aúpan a los trabajadores penitenciarios al número 1º en el ránking de colectivos públicos más agredidos en el desempeño de su trabajo, tal y como ha indicado el sindicato Acaip-Ugt en un comunicado.
Los hechos han sucedido en el módulo 8 cuando un interno pidió el cambio de celda por no llevarse bien con su compañero de reclusión. Por este motivo, el interno fue golpeado por su compañero, trasladándose al agresor al módulo 15 con objeto de evitar problemas de mayor gravedad.
De esta forma, el agresor ingresa en el módulo 15, insultando a los funcionarios de servicio, resistiéndose a cumplir órdenes e intentando autolesionarse, por lo que finalmente es reducido con la única finalidad de velar por su integridad física y salud.
El sindicato ha indicado que se trata de un interno de 48 años de edad, cuya primera entrada data del año 2006, multi reincidente con 5 entradas en prisión, con partes disciplinarios por tenencia de objetos prohibidos, agresión a otro interno e insultos, entre otros.
Así, en marzo de 2022, el interno ingresó por última vez para cumplir una condena de algo más de seis meses. Tiene la libertad definitiva en septiembre de éste mismo año, ha subrayado.
Desde el Sindicato Acaip-Ugt, han manifestado que la «tolerancia cero» no existe, pero sí que «se puede aminorar si se tomaran medidas preventivas, evitando elementos como la masificación, la falta de formación, la falta de personal, la mala atención a drogodependientes y enfermos mentales, la falta de protección jurídica, el reconocimiento de agente de la autoridad o la actualización del protocolo específico de actuación frente a las agresiones (Peafa)».
