«La Cámara de Cuentas analiza cada euro que entra en el sector público andaluz»

La Cámara de Cuentas de Andalucía e ese Gran Hermano que todo lo ve o, al menos, trata de verlo. Es la lupa fiscalizadora de las administraciones públicas. Su función no es otra que auditar las cuentas públicas de Junta, Ayuntamientos, diputaciones y universidades, amén de las empresas públicas de nuestra comunidad. Se trata de un trabajo que le lleva a controlar unos 60.000 millones de euros de fondos públicos gestionados en Andalucía por 1.600 entidades. Este martes, la Cámara celebra una sesión en Cádiz y su presidente, Manuel Alejandro Cardenete, ha mantenido un encuentro con la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez. El acto se enmarca dentro de una jornada sobre 'Rendición de Cuentas de Entidades Locales', organizada por la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Diputación de Cádiz.

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LA VOZ DE CÁDIZ

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- La institución que preside nace en 1988. ¿Por qué surge este organismo?

- En un contexto de democracia parlamentaria, le corresponde al Parlamento, además de la función legislativa, la de control del Gobierno. Para ello, se dotan de instrumentos orgánicos específicos, entre los que se encuentran los órganos de control externo, cuya principal misión es fiscalizar la actividad económica y financiera o, más concretamente, supervisar la rendición de sus cuentas. Estos órganos actúan como garantes de transparencia y calidad en la gestión de los recursos públicos. Si nos remitimos a los orígenes normativos de la Cámara de Cuentas, la institución encuentra su justificación última en la estructura territorial del Estado en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, con autonomía para la gestión de sus intereses, que se encuentra recogida en la Constitución de 1978, reconocida estatutariamente como una institución de autogobierno de la Comunidad Autónoma.

- La Cámara se dedica al control y a la fiscalización del sector público ¿Cómo ha evolucionado esta función con el paso del tiempo?

- El aumento de la actividad pública y, consecuentemente, del volumen de gasto, ha ido acompañado de una evolución paralela en la labor fiscalizadora, que ha tenido que ir adaptándose a la realidad de un sector público que asume cada vez más compromisos y que actúa en muchos casos mediante entes instrumentales. En el caso de los órganos de control externo, a sus tradicionales funciones como colaboradores del Parlamento en el ejercicio de sus competencias de control, se han unido otras nuevas que han ido conformando un nuevo estilo de fiscalización en el que se integran el análisis de la eficiencia y la economía en la gestión de las políticas públicas, y la comprobación de su eficacia, es decir, si finalmente se han cumplido los objetivos inicialmente marcados. El funcionamiento y gestión de las administraciones públicas están inmersas en un proceso de transformación al que han de adaptarse las instituciones de control solo de esta forma se podrá seguir contribuyendo a la mejora y eficiencia en el funcionamiento del sector público.

- ¿A quién y qué controlan exactamente?

- La Cámara analiza cada euro que entra en el sector público andaluz ya sea en la Junta de Andalucía y todos sus órganos instrumentales, como en un Ayuntamiento, una Diputación, una Mancomunidad, cualquier empresa pública y las diez universidades públicas. Nosotros distinguimos tres tipos de fiscalización: una es la auditoría pura, la de carácter financiero, la que todo el mundo tiene un poco en mente; las operativas, donde vemos si las cosas se han hecho bien, se comprueba la adecuación de la actividad pública a los principios de economía, eficacia, eficiencia y equidad, ya sea el trámite de una subvención, una ayuda, un programa presupuestario o un plan y finalmente, las de cumplimiento, en las que se comprueba que las actuaciones y operaciones son conformes al marco normativo. En ocasiones se combinan distintos tipos de fiscalización, se habla de fiscalizaciones de regularidad –la que persigue, conjuntamente, los objetivos de las fiscalizaciones de cumplimiento y financiera- o de fiscalizaciones integrales –las que abarcan todos los tipos de fiscalización referidos anteriormente.

- ¿Qué diferencia existe entre Cámara de Cuentas y Tribunal de Cuentas?

- Existen dos grandes diferencias entre estas instituciones, la primera es su ámbito de actuación territorial, mientras que la Cámara de Cuentas ejerce su función fiscalizadora sobre los fondos públicos de la Comunidad, el Tribunal de Cuentas lo hace sobre la totalidad del sector público. La otra diferencia es la denominada función de enjuiciamiento contable que únicamente ejerce el Tribunal de Cuentas. Se aplica respecto de las cuentas que deban rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos. La jurisdicción contable es compatible respecto de unos mismos hechos con el ejercicio de la potestad disciplinaria y con la actuación de la jurisdicción penal. Cuando los hechos fueren constitutivos de delito, la responsabilidad civil será determinada por la jurisdicción contable en el ámbito de su competencia. En la actualidad existen medidas de coordinación entre el Tribunal, la Cámara de Cuentas y resto de órganos de control externo, manteniendo reuniones periódicas que persiguen el establecimiento de criterios y técnicas comunes de fiscalización que garanticen la mayor eficacia en los resultados y eviten la duplicidad en las actuaciones fiscalizadoras.

- Disculpe la pregunta pero cuándo se habla de fiscalización siempre aparece la sombra de la corrupción, ¿no cree?

- Desde la Cámara entendemos, por salud democrática, que es necesario que las instituciones públicas justifiquen sus acciones y decisiones ante la ciudadanía. Es un recordatorio constante de que los fondos públicos son propiedad de los ciudadanos y que deben ser invertidos buscando su máximo beneficio. Nuestro papel es identificar ineficiencias y áreas de mejora en la gestión pública, lo que, a su vez, permite ajustar estrategias, asignar recursos de manera más efectiva y lograr un mayor beneficio en la sociedad. Consideramos que somos un pilar fundamental de una administración responsable, y son los propios ciudadanos los que deben estar atentos y exigirnos que llevemos a cabo nuestra labor de la manera más efectiva posible.

- ¿Qué administración le da más trabajo a la hora de poner orden en sus cuentas, ayudas, créditos...?

- Obviamente, debemos contar con la cooperación de las instituciones a las que vamos a fiscalizar, sin la misma sería imposible ejercer nuestra labor. Por lo general todas las administraciones colaboran de manera voluntaria con la Cámara a la hora de facilitar el trabajo de fiscalización. Es cierto que cuando llegué hace un año a la institución me sorprendió el bajo grado de rendición de las corporaciones locales, por ello me fijé como uno de los objetivos para mi mandato conseguir aumentar el nivel de rendición. Para ello, entre otras actuaciones, hemos llevado a cabo reuniones con alcaldes e interventores, como la que hoy celebramos en la Diputación de Cádiz, con el objetivo de debatir sobre la rendición de cuentas y buscar fórmulas que permitan incentivar el cumplimiento de esta obligación. Estas reuniones ya se han celebrado en la mayoría de las provincias andaluzas, con un resultado bastante satisfactorio. El grado de rendición de cuentas, convenios y contratos a aumentado de manera significativa, y, estamos seguros, pronto alcanzaremos cifras similares a las del resto del país. Se nos debe percibir como un organismo cuya labor es colaborar en la corrección de las posibles deficiencias en la gestión de los fondos públicos.

- ¿Qué papel juega la picaresca administrativa en la gestión de los fondos públicos?

- En el año que llevo como presidente no he percibido ningún tipo de actuación por parte de los gestores que apunte en esta dirección. El papel de la Cámara de Cuentas de Andalucía no es el de señalar a las instituciones, nuestro objetivo principal no es actuar como un órgano «acusador», debemos ser capaces de a través de nuestras recomendaciones mejorar el uso de los recursos públicos. Las advertencias y recomendaciones que se hacen en los informes de fiscalización son aplicables no sólo al órgano fiscalizado, sino, en muchas ocasiones, para el resto de los organismos públicos.

- ¿Los informes de la Cámara de Cuentas son vinculantes? ¿Qué efecto tienen?

- En diferentes ocasiones, a lo largo de este periodo que llevo como presidente, me han preguntado sobre la capacidad sancionadora de la institución. Pues bien, la Cámara no puede ejercer esta función, pero sí que el contenido de nuestros informes puede motivar la intervención de otros entes que sí cuentan con esa capacidad. El propio Tribunal de Cuentas, al que enviamos todos nuestros trabajos, puede abrir procedimientos por responsabilidad contable si detecta algún tipo de posible deficiencia. Sin embargo, también quiero subrayar que nuestro espíritu es el de colaborar con las instituciones para lograr una gestión de los fondos públicos lo más adecuada y eficiente posible. En términos de transparencia, el control que ejercemos tiene gran valor como vehículo de información pública de la gestión económico-financiera de las distintas administraciones.

- ¿Qué tipo de anomalías contables son las más frecuentes de las administraciones que controlan?

- No existe un tipo de anomalía más frecuente que otras depende en muchas ocasiones del tipo de fiscalización y entidad a la que nos enfocamos. No obstante, y volviendo a lo anterior, el bajo grado de rendición de las entidades locales conlleva en la mayoría de los casos incumplimientos en los plazos y preceptos que regulan la formación, aprobación y rendición de las cuentas generales de las corporaciones locales, y entendemos que la resolución de las mismas debe ser un objetivo prioritario, ya que, además de ser una exigencia legal, es un elemento clave para la transparencia en el ámbito de la actividad económica-financiera ejercida por estas entidades.

- ¿Para ejercer ese control con qué plantilla cuenta la Cámara de Cuentas de Andalucía?

- A fecha de 31 de diciembre de 2024, la plantilla de personal es de 152 plazas, de las que están ocupadas 121. De estas plazas, al personal de auditoría, (en concreto el personal de los Cuerpos de Auditores, Técnicos de Auditoría y Ayudantes de Auditoría) corresponden 64. Evidentemente, para fiscalizar un importe aproximado de 60.000 millones de euros de fondos públicos que gestionan más de 1.600 entidades, distribuidos en los diferentes sectores que constituyen nuestro ámbito de actuación, la dotación resulta algo escasa. Sin embargo, debo destacar su alta cualificación y su profunda dedicación, Además estamos invirtiendo medios en digitalizar lo procesos, lo que permitirá optimizar el rendimiento. La digitalización ha cambiado la forma de enfocar y desarrollar la práctica de auditoría y está redefiniendo el papel del auditor público con nuevos perfiles profesionales que se dirigen hacia la capacitación y conocimientos tecnológicos.

- Si bajamos el balón al terreno provincial que ejemplo pondría de gestión (administración o ayuntamiento) modélica o, al menos, correcta

- Es complicado responder a esta pregunta sin que pueda caerse en algún tipo de agravio comparativo. Como he comentado, en términos generales todas las administraciones colaboran, en mayor o menor medida, con la Cámara. Otro asunto es la falta de medios del que adolecen algunas entidades, especialmente me refiero a los pequeños ayuntamientos. En este ámbito resulta fundamental la colaboración de las diputaciones provinciales que juegan un papel fundamental a la hora de prestar apoyo para que estos organismos puedan cumplir con la normativa vigente.

- ¿Son puntuales los ayuntamientos gaditanos a la hora de rendir cuentas a la Cámara?

- Como ya he comentado las cifras nos invitan a ser optimistas. En este último año ha habido un aumento en el grado de rendición tanto de las cuentas como de los contratos y convenios, fruto de la labor que estamos llevando a cabo para incentivar el cumplimiento de esta obligación. Los municipios de la provincia de Cádiz, a fecha 15 de marzo, había rendido sus cuentas en casi 7 puntos más en relación con el pasado año (28,89% frente a 22,22%). Por lo que se refiere a los contratos el rendimiento en plazo ha pasado del 13,33% al 23,33%. Por último, la rendición de convenios en plazo ha aumentado pasando del 1,67 al 10%. Está claro que las cifras son mejorables, pero estamos dando pasos para que así sea, de momentos nos podemos sentir moderadamente satisfechos.

- ¿Con qué frecuencia se ve obligada la Cámara a imponer sanciones?

-Ninguna Cámara de Cuentas tiene poder sancionador. Nosotros elaboramos los informes desde una perspectiva técnica y objetiva, y a partir de ahí si se detecta o sospecha de algún tipo de irregularidad puede dar lugar a una intervención de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, de la Oficina Antifraude, de un parlamentario o de un ciudadano. Pero no tenemos ese poder sancionador.

- Trebujena es uno de los ayuntamientos gaditanos señalados en el último año por presuntas irregularidades en algunos de sus pagos. ¿En qué situación se encuentra ese expediente?

La función jurisdiccional corresponde en exclusiva al Tribunal de Cuentas, el expediente a que se refiere responde a la apertura de unas diligencias preliminares que están siendo tramitadas por ese Tribunal, que es a quien corresponde tanto la tramitación como la resolución del citado expediente.