cádiz
Zona Franca denuncia que la Junta está generando «confusión» para «no hacer el hospital prometido»
Emite un comunicado mostrando su «perplejidad» ante las palabras de la consejera de Salud sobre la adquisición de los terrenos por parte del Ayuntamiento, puesto que es «una condición inexcusable» que la administración autonómica tenga «la titularidad para su construcción»
Arremete también contra el alcalde por hablar de negociaciones con el Consorcio, «cuando sólo ha habido una propuesta atemporal, compleja y con inseguridad jurídica que fue desdeñada»
El Ayuntamiento de Cádiz debe adquirir el suelo para el nuevo hospital y cedérselo a la Junta para su construcción
Bruno García sobre el hospital de Cádiz: «Estamos en conversaciones con Zona Franca para la posibilidad de adquirir los terrenos»
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Enésima polémica en torno al futuro hospital de Cádiz. Ante las declaraciones de la consejera de Salud, Catalina García, sobre la adquisición, por parte del Ayuntamiento de Cádiz, de los terrenos de la antigua CASA para la construcción del centro sanitario, la Zona Franca de Cádiz ha emitido un comunicado mostrando su «perplejidad» por tales manifestaciones, puesto que asegura que es «condición inexcusable» que la Junta de Andalucía tenga «la titularidad para la construcción del mismo».
Para el Consorcio, «esta nueva salida argumental sólo confirma que la Junta está en la generación de confusión con el único objetivo de no hacer el hospital prometido». Y arremeten también contra el alcalde, Bruno García, señalando que la «actuación» hoy de ambos dirigentes del PP «sólo refuerza las sospechas de que no está previsto este equipamiento».
Desde la Zona Franca -que encabeza Fran González desde 2020- se explica que el convenio por el que el propio Consorcio se hizo con los terrenos establecía la relación de la Junta con la Zona Franca, y el papel del Ayuntamiento «se limitaba al cambio de uso de los terrenos». «En ninguno de los documentos que generó la operación está la opción de que fuera el Ayuntamiento el que se hiciera con los terrenos», subrayan.
De ser como dice la consejera de Salud, podrían haberlo dicho en multitud de ocasiones hasta ahora, señalando algunas de ellas: tras la primera reunión con la delegada entonces de la Junta de Andalucía, Ana Mestre, «en la que le propusimos alternativas para hacerse con los suelos»; a vueltas del «primer escrito emitido en mayo de 2021 como consecuencia de esa reunión; a vueltas del «segundo escrito en marzo del 22 con la ingente documentación solicitada para valorar la posibilidad de permuta u otras formas de adquisición de los suelos; a vueltas de «otro escrito en febrero del 23 con el expediente completo a requerimiento de la propia delegada de la Junta; o «en cualquiera de las intervenciones públicas y declaraciones de las delegadas de la Junta de Andalucía en Cádiz sobre el estudio de estas opciones: primero Ana Mestre y después Mercedes Colombo; en todos los casos eran nuestras interlocutoras porque entendíamos que eran las representantes de la Junta en la provincia. De no ser así ni estuvieran legitimadas para ello, deberían habérnoslo hecho saber para no sentirnos engañados. Igual que las declaraciones que ha hecho el propio consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, en sus visitas a Cádiz».
Y no sólo eso, en el comunicado se plasma la sorpresa que ha causado también que Bruno García haya hablado de negociaciones con la Zona Franca, «cuando lo único que se ha producido es una propuesta atemporal, compleja y con inseguridad jurídica que fue desdeñada en el primer minuto». «Como bien sabe el alcalde, ni siquiera se llegó a valorar en profundidad debido al escaso margen de viabilidad que presentaba. El papel hoy del regidor, lejos de alejar la polémica, abunda en las sospechas de que Cádiz no contará con un hospital nuevo, como sí ha ocurrido con Sevilla, Málaga, Jaén».
El escrito concluye con la esperanza de que estas manifestaciones tanto de la consejera de Salud como del propio regidor de Cádiz «no sean una ocurrencia propiciada por la campaña electoral en la que nos encontramos». «Lo que tenemos claro es que esta afirmación no tiene consistencia alguna y nos deja atónitos ante la falta de seriedad y rigor de la Administración autonómica».