«No volvería a ofrecer mi casa para alquiler social. He perdido 13.000 euros y ahora está destrozada»

José Fernández y Yolanda, su mujer, viven en Chiclana aunque tienen una vivienda en el barrio del Mentidero de Cádiz, en la calle Navas. Se trata de un bajo con tres dormitorios , que alquilaban a estudiantes durante el curso universitario. Pero llegó la pandemia, el confinamiento y los estudiantes dejaron de alquilar pisos.

Fue a finales del año 2020 cuando se les ofreció la posibilidad de que su vivienda pudiera entrar en el programa de alquiler social puesto en marcha por el Ayuntamiento de Cádiz para ayudar a las familias más vulnerables. José Fernández no se lo pensó dos veces y decidió colaborar para este fin social con la confianza de que cada mes recibiría su cuota de alquiler.

La vivienda tenía un precio de 650 euros, de los cuales la delegación de Asuntos Sociales pagaba 450 y los 200 restantes los abonarían los inquilinos. «Soy pensionista desde hace 20 años ya que perdí las piernas en un accidente. Tengo una hipoteca y dos hijas estudiando, por lo que este dinero me venía muy bien», manifiesta.

Desde el Ayuntamiento pagaron los cuatro primeros meses, además de la fianza, pero la inquilina «nunca pagó nada, ni la parte que le correspondía del alquiler ni la luz ya que el agua sí que la pagaban por parte de Asuntos Sociales», afirma José Fernández.

Fue entonces cuando decidió denunciar ante los continuos impagos y, según señala el propietario de la vivienda, «el Ayuntamiento se desentendió de este asunto y me dijeron que no podían hacer nada». El contrato quedó suspendido tras interponer la denuncia para buscar una orden de desahucio, «por lo que si sumo todo el tiempo que no se me ha pagado ni el alquiler de la vivienda ni la luz, he perdido unos 13.000 euros».

«Además de no pagar, la convivencia vecinal se hizo insostenible ya que no paraban de venir personas porque esto se convirtió en un punto de venta de droga. Hasta el punto de que la pareja de la inquilina fue detenida tras una redada de la Policía», lamenta José Fernández.

Durante este año y medio, aproximadamente, habido hasta tres intentos de desahucio «pero siempre lo paraban» hasta que hace unas dos semanas se produjo el desalojo definitivo de la vivienda.

José Fernández no podía creer cómo encontraría su casa después de este tiempo. «Me la han destrozado y se lo han llevado todo, los muebles, las camas, el termo, la vitrocerámica, el microondas, un horno...además de la suciedad, los desperfectos y la cocina llena de cucarachas y de porquería. No entiendo cómo podían vivir así con cinco niños pequeños», apuntan José y su mujer.

Lo primero que hicieron, además de una primera limpieza de la casa, ha sido instalar una alarma para evitar que se produzca una nueva okupación de la vivienda. «Gastamos dos botes enteros de insecticida porque había una nube de cucarachas en los muebles de la cocina. Ahora vamos a pintar la casa y a adecentarla para venderla», indican José y Yolanda.

No quieren escuchar nada acerca del alquiler social después de esta experiencia y «se nos han quitado las ganas de quedarnos con la casa para volver a alquilarla aunque sea a estudiantes».

Así, y tras esta «pesadilla», aseguran que han puesto este asunto en manos de sus abogados para reclamar lo que se les debe tanto a la inquilina, «que seguro que se declarará insolvente» como al Ayuntamiento de Cádiz.