vivienda
Tubío aclara la polémica sobre los impagos de alquileres de usuarios de Asuntos Sociales en Cádiz
La concejal de Vivienda afirma que el Ayuntamiento no tiene obligaciones con los propietarios en el caso de contratos privados
Eva Tubío defiende que el Programa de Alquiler Justo, al que solo se han incorporado tres propietarios, ofrece todas las garantías para que cobren todos los meses
La concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Cádiz, Eva Tubío, ha querido aclarar el papel del Consistorio gaditano en los casos de impago en los alquileres de viviendas por parte de usuarios de Asuntos Sociales que reciben ayudas municipales y que, al no pagar su parte, han producido un claro perjuicio a algunos propietarios de la ciudad que decidieron arrendar sus casas a familias vulnerables.
Ahora acumulan una importante deuda y se encuentran en una situación de indefensiónya que, además, con la nueva ley del Gobierno los desahucios nunca llegan, se van retrasando y estos propietarios están dejando de percibir su renta mes a mes. Su única solución pasa por acogerse a las ayudas de compensación estatales que se canalizan a través de la Junta de Andalucía.
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Tubío apunta que cuando existe un contrato privado entre un propietario y un inquilino que recibe ayudas de Servicios Sociales para una parte del alquiler, éste se compromete a pagar el resto asegurando que la citada ayuda se enmarca dentro de las prestaciones básicas del Plan Concertado de Servicios Sociales que regula esta materia y va dirigida a la persona usuaria. En la mayoría de los casos, señala, «se intenta que el cobre sea el arrendador directamente aunque no podemos prohibir a la persona usuaria que cobre ella y posteriormente abone la totalidad al propietario».
La responsable de Vivienda aclara que «en ningún caso la ayuda va a nombre del arrendador sino al de la persona usuaria que es la titular y la que cumple los requisitos legales para recibirla». No obstante, insiste Tubío, «para asegurar su destino correcto y mayor agilidad se le suele pagar a la propiedad con el consentimiento del usuario».
Estas ayudas pueden tener una duración variable, normalmente trimestral, semestral o anual, de forma que se va abonando a medida que se ha justificado que se ha pagado correctamente el mes anterior y que la persona usuaria ha aportado su parte.
Desde Asuntos Sociales se va valorando que la familia siga cumpliendo los requisitos económicos ya que, si su situación varía y cuenta con ingresos para hacer frente por su cuenta, no tiene derecho a prórroga. «Esto es así con cualquier ayuda que recibe una persona de la administración y siempre ha sido así en Servicios Sociales por cuanto que es una exigencia que nos viene marcada por Intervención municipal».
En el caso de que la persona usuaria no haya pagado su parte, «la ayuda no se puede renovar porque no se ha cumplido la obligación que tenía para la percepción de la misma. Se trata de un condicionante legal para que continúe percibiendo la citada ayuda»
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Eva Tubío manifiesta que actualmente hay unas 2.000 familias en la ciudad que reciben estas ayudas y «en la inmensa mayoría de los casos no se producen estas situaciones de impago de la parte correspondiente a la persona inquilina, no obstante, para evitar que se pueda producir en alguna circunstancia se crea el Programa de Alquiler Social o Alquiler Justo que gestiona Procasa».
Este programa, indica la concejala de Vivienda, «sí se dirige directamente a las personas propietarias para que pongan su vivienda al alquiler de usuarios que la empresa determina. Aunque el contrato de alquiler se firma entre las partes, arrendador e inquilino, se hace también con la firma de Procasa que se obliga a pagar la cuantía íntegra del alquiler mes a mes durante la duración completa del contrato».
Procasa pone también la vivienda al seguimiento de una Educadora Social que visitará periódicamente el domicilio para asegurar que la vivienda se mantiene en condiciones y no se dan problemas de convivencia con la vecindad. «Esto genera más garantías que cualquier alquiler privado donde no existe esta figura», añade Tubío.
Tan solo seis viviendas en todo Cádiz
Los casos que están actualmente acogidos a este programa son muy escasos, apenas tres propietarios y seis viviendas en la ciudad. Según relata la responsable de Procasa, «están funcionando de manera adecuada y con satisfacción por ambas partes. Sin embargo, ocurre aquí en Cádiz y en todos los municipios donde existe este programa, que los y las arrendadoras o no lo conocen o desconfían de poner sus viviendas en manos del control de la administración bien por no tener declarado el alquiler, por temer un impago que es improbable en este programa, por prejuicios hacia las familias que podamos derivarle o simplemente porque no lo necesitan y alquilan fácilmente sus viviendas sin necesidad de ponerlas a disposición de la administración».
Para Tubío, «el Alquiler Justo es un programa que cubre la totalidad de la renta y lo hace además con precios adaptados a la realidad del mercado de alquiler de la ciudad con un máximo de 800 euros según el estado y las condiciones de la vivienda, y mientras dura todo el contrato de alquiler. La propiedad tiene además la posibilidad de disponer de un anticipo reintegrable de hasta 10.000 euros en obras previas a la firma del contrato».
Afirma que en la ciudad hay numerosas familias que están a la espera de conseguir un alquiler bien porque están hacinados, comparten vivienda con otras unidades familiares, sufren barreras arquitectónicas o viven en infraviviendas. Muchas no pueden acceder por su cuenta ya que los elevados precios de los alquileres o una situación laboral inestable les impide acceder a ello, y recurren al Ayuntamiento en busca de ayuda.
Actualmente Procasa, indica la concejala, «tiene un listado de más de 30 familias aguardando, muchas veces a la desesperada, a que entren viviendas en el Alquiler Justo, por lo que es importante que ayudemos a difundir correctamente este programa para ayudar a nuestros convecinos a que puedan vivir en una vivienda digna».
