cádiz
Reproches del alcalde y recelo de la oposición en el Pleno sobre Ayuda a Domicilio
La Corporación municipal aprueba por unanimidad el pago de una deuda de 722.000 euros a la empresa que sigue gestionando este servicio
García arremete contra AIG y PSOE por su inacción durante años para mejorar el servicio, y los dos grupos muestran sus dudas ante el acuerdo alcanzado en el Sercla que ha puesto fin al conflicto laboral
La plantilla y la empresa de Ayuda a Domicilio en Cádiz llegan a un acuerdo que pone fin al conflicto laboral
Unanimidad en la votación tras las dudas expuestas por el PSOE y Adelante Izquierda Gaditana sobre el acuerdo alcanzado este lunes en el Sercla y que ha puesto fin al conflicto laboral de Ayuda a Domicilio, y tras los reproches, con tono elevado, del alcalde a los grupos de la oposición por su inacción política durante años en este asunto. Así se podría resumir, muy a grosso modo, el pleno extraordinario celebrado este martes para aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito correspondiente al servicio de Ayuda a Domicilio, esto es, el pago de una deuda de 722.346,20 euros a favor de la empresa que sigue gestionando este servicio -a pesar de llevar el contrato cinco años caducado-, ya que según ha indicado al inicio de la sesión plenaria el concejal delegado de Asuntos Sociales, Pablo Otero, «al menos desde enero de 2021 se le estaba pagando a la empresa menos dinero del que gastaba» ofreciendo el servicio.
Con esa introducción se ha iniciado un Pleno que ha finalizado con Bruno García recriminando duramente tanto al anterior equipo de Gobierno como al Partido Socialista no haber hecho nada por dignificar las condiciones laborales de las 265 trabajadoras que prestan el servicio de Ayuda a Domicilio en la ciudad.
«Esta ciudad tenía un problema con un servicio de Ayuda a Domicilio que estaba bloqueado y había que darle solución. Y hoy traemos aquí parte de la solución a ese problema», ha sacado pecho el primer edil. «Teníamos antes un Gobierno que lleva la bandera de lo social pero que ha dejado cinco años un servicio caducado, lo que ha supuesto dos cosas: inseguridad a los usuarios y precariedad laboral». Y de ello ha responsabilizado también al PSOE, en concreto a su portavoz, Óscar Torres: «Usted, durante esos cinco años pudo obligar al Gobierno anterior a que solucionara este problema, y esa es la pregunta que le hago: ¿Por qué no lo hizo?», le ha reprochado con tono bronco el alcalde.
«Lo que ha hecho este Gobierno del Partido Popular» ha sido «decidir invertir 1,5 millones en Ayuda a Domicilio». «En cinco años ustedes han podido invertir en Asuntos Sociales para aumentar el presupuesto de Ayuda a Domicilio y no lo han hecho, porque no han sabido o porque no han querido», se ha dirigido el regidor al grupo municipal de Adelante Izquierda Gaditana (AIG).
En una de sus intervenciones, Torres ha señalado que el Ayuntamiento de Cádiz dispone ahora de más recursos económicos, al tiempo que ha apuntado que el actual Gobierno local no se ha encontrado con una deuda heredada de 275 millones de euros, como sí le ocurrió en 2015 al equipo de Gobierno de José María González 'Kichi'. A estas palabras, la teniente de alcalde delegada de Hacienda, Maite González, ha respondido sólo con una palabra que ha espetado entre risas: «¡Prioridades!».
«Señor Torres, es muy sencillo, este Ayuntamiento tenía 18 millones de euros de remanente. ¿Por qué el anterior equipo de Gobierno no gastó 1,5 millones de euros en invertir en el servicio de Ayuda a Domicilio, que es lo que vamos a hacer nosotros? Dinero había», ha querido zanjar el primer edil, añadiendo que «no es generosidad, sino determinación, y lo que queremos hacer es invertir más en política social».
García ha reconocido sentirse «muy contento» por haber contribuido su Gobierno al acuerdo alcanzado el lunes en el Sercla y que pone fin al conflicto laboral de Ayuda a Domicilio. «Hemos dado solución a los usuarios y hemos ido contra la precariedad laboral, algo que nos comprometimos que íbamos a hacer y estamos cumpliendo».
No obstante, tanto la concejala Helena Fernández (AIG) como Óscar Torres le han recordado que los que las trabajadoras pedían era la municipalización del servicio, algo que ha sido rechazado por el Gobierno municipal. «No entendemos esa sinrazón, porque realmente es lo que vendría a responder a las necesidades y las demandas del servicio», ha lamentado el portavoz del PSOE, poniendo como ejemplos otros ayuntamientos de la provincia de diferente signo político en los que se ha municipalizado este servicio.
Por otra parte, la edil Helena Fernández -anterior concejala de Asuntos Sociales- ha querido aclarar que en el anterior mandato no era posible abonar la deuda a la empresa concesionaria al no existir «esa herramienta», en referencia al informe 17/2023 de la Comisión Consultiva de Contratación Pública de la Junta de Andalucía que permite actualizar el precio (a 15,45 euros la hora) desde el 1 de enero de 2023. Al respecto, Fernández ha señalado que a Adelante Izquierda Gaditana le preocupa «considerablemente» que el Ayuntamiento vaya a pagarle a la empresa con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2021.
«Se han encontrado ustedes con una herramienta autonómica que ha permitido que se autorice y apruebe esta operación. Esto ya lo intentamos hacer nosotros, pero no se podía. No existía, por lo que los técnicos nos informaban en contra. Ninguna herramienta judicial para actualizar precio/hora ni para pagar a la empresa con carácter retroactivo. Esto lo pueden ver ustedes en los informes de Intervención, de Contratación...». «No existía -ha incidido la concejala Fernández- y nos alegramos de que ya sí, porque veníamos demandándolo».
Por otra parte, tanto el PSOE como AIG han mostrado sus recelos con el acuerdo alcanzado el lunes en el Sercla. Torres ha hablado de «prudencia» ante este acuerdo, advirtiendo de que «marcar el paso y la norma a una posible empresa adjudicataria a futuro sobre las condiciones que tiene que aplicar en su relación contractual con las trabajadoras es mucha aventura», resaltando al respecto que la nueva empresa no tendrá más compromiso con las trabajadoras que el de cumplir con el convenio colectivo, «que es el convenio de limpieza provincial». Y ha vuelto a insistir en esto con otras palabras: «dotar de más dinero el pliego de condiciones no obligará a la empresa adjudicataria a otorgar mejores condiciones laborales a las trabajadoras, no está obligado a ello». «El 90% del acuerdo al que se llegó ayer en el Sercla está vinculado a futuro, al próximo contrato», ha aseverado.
«Cuando se traiga aquí el pliego ya hablaremos de cuánto cuesta el precio/hora al Ayuntamiento de Cádiz, y si esto va a garantizar las condiciones laborales de las trabajadoras. Estaremos atentos al cumplimiento de ese acuerdo«, ha manifestado una desconfiada Helena Fernández.
