CÁDIZ
El PP de Cádiz reclama al Gobierno diálogo con las CCAA antes de reformar la Ley de Acceso a la Vivienda
Los populares entienden que es fundamental que el Gobierno de España implemente políticas que promuevan la creación de viviendas en alquiler a precio asequible
El Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Cádiz defenderá en el próximo Pleno una iniciativa para reclamar al Gobierno de España que inicie un proceso de diálogo con las CCAA antes de abordar la reforma de la Ley de Acceso a la Vivienda, contando también con los colegios profesionales, institutos de estudios, inquilinos, propietarios, empresas de la construcción y rehabilitación y gestores de vivienda.
Para los populares, es necesario, ahora más que nunca, y aprovechando la obligatoria reforma de esta ley para que, de una vez por todas, el Gobierno de España asuma su responsabilidad y competencias reales en esta materia y afronte, junto con las CCAA y los principales agentes del sector, soluciones apropiadas para un sector, como es de la vivienda, que preocupa a gran parte de los ciudadanos. De hecho, la misma sentencia avala la competencia del Estado para establecer las condiciones básicas que garanticen la igualdad de los ciudadanos en el ejercicio de su derecho constitucional a la vivienda.
En España, el acceso a la vivienda en propiedad se ha convertido en un desafío para muchos ciudadanos, especialmente jóvenes y familias con ingresos medios y bajos. Las dificultades para reunir el dinero necesario para el pago inicial y las estrictas condiciones crediticias impuestas limitan la capacidad de muchas personas para adquirir una vivienda. Además, la falta de oferta de viviendas en alquiler a precios razonables, junto con los altos costos del mercado inmobiliario, impide que muchos ciudadanos puedan independizarse y disfrutar de una vivienda adecuada. El problema en esta ciudad se agudiza, más aún si cabe, debido a su particular naturaleza lo que acarrea escasez de suelo y aumento del coste de los alquileres.
La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, se aprobó de espaldas a los principales agentes del sector, como colegios profesionales, institutos de estudios, inquilinos, propietarios, empresas de la construcción y rehabilitación y gestores de vivienda. Y lo más grave, sin contar con las CCAA ya que no se consensuó un texto legislativo que invadía claramente su marco competencial. Y, efectivamente, el Tribunal Constitucional en sentencia muy reciente, anula diversos preceptos de la ley debido a «un exceso competencial, invadiendo las competencias autonómicas en materia de vivienda» como el artículo 16 y los artículos. 27.1 párrafo tercero y el art. 27.3.
Por todo ellos, el PP municipal también pedirá en su iniciativa al Pleno instar al Gobierno de España a desarrollar un programa integral para la generación de viviendas en alquiler a precio asequible, dirigido especialmente a jóvenes y personas con ingresos bajos, además de establecer, también para ellos, un programa de avales para la fianza del alquiler con el objetivo de facilitar su acceso a la vivienda.
Igualmente, los populares también le pedirán que ponga en marcha de manera efectiva un programa de avales para hipotecas destinado a facilitar la compra de vivienda desarrollando otras fórmulas de apoyo financiero, como la subvención de parte del pago inicial, la reducción de los intereses hipotecarios a través de incentivos fiscales, y la creación de líneas de crédito específicas para la adquisición de vivienda.
Junto ello, la iniciativa también insta al Gobierno de la Nación a priorizar y acelerar el proceso de aprobación de una nueva Ley del Suelo que regule de manera eficiente y equitativa el uso del suelo en el país, así como a incrementar las ayudas destinadas a la rehabilitación de edificios municipales y viviendas con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética.
El PP apunta a que ya va siendo hora que el Gobierno ejerza de una vez esas competencias básicas, afrontando y proponiendo, de manera consensuada, soluciones a los problemas de la falta de oferta de viviendas en alquiler a precios razonables, junto con los altos costos del mercado inmobiliario, impide que muchos ciudadanos, sobre todo jóvenes, puedan independizarse y disfrutar de una vivienda accesible.
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