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Kichi lleva a pleno al fin el trámite pendiente para aumentar la edificabilidad de la Ciudad de la Justicia
Ante la necesidad de más espacio planteada por la Junta de Andalucía para continuar con el proyecto de este equipamiento tan necesario para la ciudad, se incrementará del 49% al cien por cien
El proyecto sigue adelante en plena polémica tras la advertencia de la Diputación de que emprenderá acciones legales por la «ocupación ilegal» de la Audiencia Provincial
La Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía daba la voz de alarma a finales de este verano sobre el espacio que se había cedido por parte del Ayuntamiento de Cádiz a la administración autonómica en los antiguos depósitos de Tabaco para la construcción de la Ciudad de la Justicia de Cádiz.
Tras una reunión mantenida en Cádiz a los pocos días entre el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, y el alcalde de la capital gaditana, José María González Santos 'Kichi', se concretó que desde el Consistorio gaditano se haría una modificación en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para aumentar la edificabilidad, que pasará del 49% al cien por cien.
El regidor gaditano se comprometió a llevar al pleno de octubre esta modificación, que finalmente se abordará en la sesión plenaria de este jueves aunque bajo otra denominación. Concretamente se propondrá la aprobación de una instrucción aclaratoria de las normas urbanísticas del PGOU en relación con el uso de este equipamiento dotacional.
Este aumento de edificabilidad se llevará a cabo en el edificio de nueva construcción ya que el resto de los espacios que se rehabilitarán por parte de la Consejería de Justicia son naves y un antiguo edificio ubicado en este solar de os antiguos depósitos de Altadis.
El acuerdo y el consenso es total para que la Ciudad de la Justicia, tan necesaria para Cádiz y su provincia, sea una realidad lo antes posible. Como dijo el propio consejero en su visita a la capital el pasado mes de septiembre, estos cambios no supondrían una paralización en el proyecto ni un retraso en la ejecución de estas obras, cuyo presupuesto estimado asciende ya a los 60 millones de euros.
Por tanto, una vez que esta modificación de apruebe en el pleno habrá vía libre para continuar con la totalidad del proyecto (que está siendo redactado por la empresa Tragsa).
Desde el Ayuntamiento de Cádiz manifiestan que este trámite permitirá elevar al cien por cien la edificabilidad de los 39.000 metros cuadrados de terreno de los antiguos depósitos de Tabacalera cedidos por el Ayuntamiento para la futura Ciudad de la Justicia».
El equipo de Gobierno ha señalado al respecto que «el asunto estaba resuelto y claro entre las administraciones, pero si la Junta de Andalucía necesita más precisiones no hay ningún inconveniente por parte del Ayuntamiento». De ahí que se eleve esta instrucción aclaratoria «para mayor tranquilidad de la Junta», que de esta forma «no tendrá más excusas para cumplir ya con su parte y ponerse a trabajar a la mayor celeridad posible», puesto que «situaciones como el cierre de la sede judicial de San José por su estado lamentable y el caos generado en los juzgados de la ciudad ponen de manifiesto que este proyecto no puede esperar ni un minuto más».
Polémica por la Audiencia Provincial
Este trámite se salva en plena polémica entre la Junta de Andalucía y la Diputación provincial de Cádiz tras amenazar ésta última a emprender acciones legales contra la administración autonómica ya que, a su juicio, la Audiencia Provincial está siendo «ocupada ilegalmente».
En concreto, la institución provincial le reclama al Gobierno andaluz el abono de más de tres millones de euros en concepto de alquiler por el uso del edificio de la Audiencia Provincial y la asunción de los sobrecostes de las obras del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA).
La Junta, por su parte, se ampara en una cláusula que asegura que «concluido el plazo de cuatro años establecido en la cláusula segunda, y para el caso de que la nueva sede judicial (Ciudad de la Justicia) que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene previsto construir en Cádiz no esté disponible al uso del servicio público de la Junta, el presente contrato de arrendamiento se ampliará hasta el momento del traslado de los órganos judiciales a la nueva sede, sin derecho a percibir la Diputación Provincial de Cádiz cantidad alguna en tal concepto».
No obstante, de momento no se espera que la Ciudad de la Justicia albergue ni la Audiencia ni la Fiscalía, que permanecerían en el mismo edificio sin descartar que en un futuro pudieran trasladarse junto al resto de las sedes judiciales (un total de 39) que se ubicarán en el espacio de los antiguos depósitos.
La intención es que las sedes judiciales no sigan dispersas por la ciudad y ofrecer una respuesta a las demandas tanto de la ciudadanía como de los profesionales del sector judicial.
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