Kichi se despide con una nueva polémica con la Policía Local de Cádiz

La sintonía del alcalde en funciones de Cádiz, José María González Santos 'Kichi' con la Policía Local de la ciudad ha sido, durante estos ocho años, más bien nula predominando en sus dos mandatos las polémicas con este colectivo que ha protagonizado numerosas protestas contra la gestión de este equipo de Gobierno.

Sin agentes en las playas desde hace años, sin servicios extraordinarios en grandes eventos, sin grupos especiales, con una plantilla que ha disminuido en más de 40 agentes en todo este tiempo y sin que se contemplen todas las reivindicaciones de los sindicatos policiales de hace años en el acuerdo regulador aprobado de forma provisional en el último pleno, vuelve a surgir una nueva polémica a escasos días de que Kichi se despida como alcalde de la ciudad para dar paso al popular Bruno García.

Un alcalde que ya comenzó su primer mandato poniéndose en contra de la Policía Local tras haberse requisado unas cajas de pescado a un vendedor ambulante que carecía de los permisos para vender, con el consiguiente riesgo para la salud de los consumidores. Kichi, a pesar de ser el máximo responsable de la Policía Local, se puso del otro lado asegurando en una «entre un vecino que se busca la vida y un agente de la autoridad, siempre me pondré del lado del vecino».

La última polémica se basa en que el sindicato Unión de Policía Local y Bomberos de Andalucía (UPLBA) ha decidido adherirse al acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionarial municipal 2022-2025 por decisión de la mayoría de los agentes presentes en la asamblea celebrada el pasado 18 de mayo. Esta adhesión, aunque ha sido celebrada por el equipo de Gobierno, también ha sido interpretada políticamente asegurando que «casualmente» se ha comunicado «justo un día después de las elecciones municipales del 28 de mayo».

Es más, desde el Gobierno local presidido por Kichi, se dice que esperan que este cambio de postura de la Policía Local responda a que «han comprendido que es un acuerdo generalista, igualitario, transformador y de futuro», no queriendo pensar que el momento de refrendar el acuerdo haya respondido a «un posible interés por jugar un papel de boicot al gobierno saliente durante la campaña electoral».

El secretario general de este sindicato, Francisco Rama, muestra su sorpresa ante estas declaraciones asegurando que «el problema lo tienen ellos y si quieren ver fantasmas donde no los hay, allá ellos». Añade que «hay que ser muy retorcidos para decir que no quieren pensar que haya sido un boicot en la campaña electoral. ¿Boicot? No hemos abierto la boca, hemos estado callados y no hemos hecho ni una sola protesta».

Defiende que el acuerdo de adhesión se tomó diez días antes de la celebración de las elecciones municipales «sin saber quién sería el partido ganador» añadiendo que «responde a que desde este sindicato queremos estar presentes en la comisión de seguimiento en la que se vigila y se analiza la aplicación de este acuerdo regulador. Si no nos adheríamos, estábamos fuera y no sabremos qué es lo que se aborda en esa comisión y cómo nos puede afectar».

Rama hace referencia al artículo 5 en el que se habla sobre la comisión de seguimiento e interpretación de este acuerdo donde se dice que la composición de la misma, ajustándose a los principios de paridad y proporcionalidad, será por «la parte social, de un máximo de tres delegados/as (incluidos/as asesores/as) por cada una de las secciones sindicales negociadoras y firmantes del acuerdo o siendo negociadoras con posterioridad se adhieran al mismo, en proporción a la representación de cada una».

Asimismo, en este artículo se especifica que aquellas secciones sindicales que no hubieran formado parte de la mesa negociadora por no haber obtenido el porcentaje mínimo requerido pueden siempre que cuenten con representación en la Junta de Personal y manifiesten su conformidad al texto, tener representación mediante un/a delegado/a (sin asesores/as), con voz y sin voto. Por parte del Ayuntamiento actuarán el mismo número de miembros que la parte sindical.

A este respecto, el otro sindicato policial, SPLCA, que no está representado en la mesa, sí que pedirá también la adhesión a este acuerdo para estar presente en la comisión de seguimiento aunque, según asegura su representante, Javier León, «cuando el texto esté aprobado de manera definitiva por el pleno ya que en estos momentos se encuentra en periodo de alegaciones».

Por su parte, CSIF, que al igual que UPLBA no firmó el acuerdo en su momento, también se adherirá una vez el acuerdo entre en vigor tras su aprobación definitiva por parte del pleno». Este sindicato, en todo momento, ha mostrado su disconformidad con el acuerdo, entre otros asuntos, por no haber sido avalado por los informes oportunos.

Cabe recordar que el acuerdo fue suscrito el pasado 23 de marzo por CCOO, UGT y Autonomía Obrera, aglutinando desde el inicio el apoyo de cerca del 80% de la representación sindical, adhiriéndose ahora UPLBA.

Para el equipo de Gobierno este acuerdo es «histórico y aglutina el apoyo de prácticamente el cien por cien de la plantilla municipal».

Desde el equipo de Gobierno también le envían un mensaje al PP asegurando que esperan que «aproveche este acuerdo regulador histórico en la medida de que no se llegaba a un acuerdo con la plantilla en 16 años, puesto que el anterior acuerdo tenía vigencia hasta 2010».

Igualmente, señalan que se trata de un acuerdo «para la generalidad del personal funcionarial y afecta a todos por igual» asegurando que el documento se adapta a la nueva normativa e incluye todos los protocolos y reglamentos que afectan a movilidad interna, provisiones de puestos, comisiones de servicios, el plan de igualdad, el protocolo de acoso laboral, sexual o por razón de sexo y también el de violencia de género.

En cuanto al aspecto económico, argumentan, se ha impuesto la generalidad para el colectivo de funcionarios y funcionarias con una partida de unos 2,3 millones de euros en mejoras, priorizándose la carrera profesional, los complementos de productividad y la adecuación a la legislación vigente del incentivo a la jubilación.

La entrada del nuevo equipo de Gobierno del PP podría cambiar la situación de la Policía Local en la ciudad ya que, entre las promesas del futuro alcalde, Bruno García, está el refuerzo de la seguridad en los barrios, la recuperación de los agentes locales en la playa o el refuerzo de las patrullas de barrio, venta ambulante y contra la violencia machista.

Los sindicatos policiales, aunque quieren esperar a que el nuevo equipo de Gobierno aterrice, esperan que la relación con los nuevos gobernantes cambie y pueda haber una mejor sintonía que la que han tenido en estos últimos años.