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José María González 'Kichi': «No tenemos nada que esconder; todo se hizo por el bien de la ciudad»
El exalcalde reivindica la legalidad del trabajo desempeñado en el Ayuntamiento de Cádiz por el asesor de Podemos García Acuña
Quique Pina se cruza con 'Kichi' en los juzgados
El exalcalde de Cádiz José María González 'Kichi' ha acudido en la mañana de este lunes a declarar a los juzgados de San José en calidad de investigado en la instrucción previa de un presunto caso prevaricación motivado por las supuestas funciones administrativas del asesor Fernando García Acuña en el Ayuntamiento sin figurar en la plantilla municipal.
García Acuña fue enviado a Cádiz, de donde es originario, por la dirección nacional de Podemos con la intención de que realizara labores de asesoramiento en cuestiones jurídicas y de contratación pública, materia en la que es experto.
Precisamente, la denuncia, presentada por Comisiones Obreras a través de una delegada sindical de la Policía Local, apunta a que el asesor habría participado en dos pliegos de licitación pública, dictaminando los pasos a seguir por los funcionarios públicos de la administración local.
Como resultado, el Juzgado de Instrucción Número 2 de la ciudad ha llamado a declarar a 'Kichi', al propio García Acuña, a los antiguos ediles David Navarro, José Ramón Páez y Laura Jiménez y también al asesor José Vicente Barcia, que ha intervenido a través de videoconferencia desde Galicia, por motivos de salud.
José María González llegaba a San José pocos segundos antes de las 10:12 de la mañana, acompañado por algunos de los investigados y también por miembros de Adelante Izquierda Gaditana, la marca que hereda el capital político del que él fue cabeza visible, como el portavoz David de la Cruz o la concejala Lorena Garrón.
Más de tres horas después, el exalcalde abandonado las instalaciones judiciales, donde le esperaban numerosos medios de comunicación a los que había conminado a su llegada para dar sus impresiones una vez que hubiese prestado declaración.
No era la primera vez que estaba en esa tesitura, como ha recordado. Hasta en 17 ocasiones ha tenido que prestar declaración, la mayoría de ellas cuando estaba al frente del consistorio gaditano. Los motivos van de la gestión de los chiringuitos, injurias y calumnias o por izar la bandera republicana en San Juan de Dios.
Para González, el denominador común es la formación con la que compitió por el poder en Cádiz: «Nos han citado otra vez para una causa judicial en la que el Partido Popular, sorprendentemente, también se presenta como acusación, como en las 17 anteriores».
La justificación de la colaboración con este asesor externo, explica 'Kichi', viene motivada por que en 2018 entra en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público, año en el que García Acuña desembarcó en el consistorio para tutelar este apartado.
Dice haber contestado a las preguntas formuladas por el juez, la fiscalía y la defensa en estas diligencias previas, afeando que la acusación ejercida por el PP no haya planteado ninguna: «Nuestro afán es esclarecer los sucesos y colaborar con el desarrollo de la Justicia».
«No tenemos nada que esconder, estamos absolutamente tranquilos. Todo lo que se hizo, se hizo por el bien de la ciudad y evidentemente con un estrecho cumplimiento de la legalidad, siendo conscientes de lo que se podía y no se podía hacer», ha afirmado, calificando de estrategia el hecho de que el PP, «por el mero hecho de no gobernar ya es ilegal», se persone en la causa.
Al que fuera alcalde se le ha cuestionado en sede judicial, entre otras cosas, qué papel jugaba el asesor externo en las labores diarias, en qué dependencias trabajaba o si tenía un teléfono móvil facilitado por el Ayuntamiento de Cádiz.
«En este caso, como en los 17 anteriores, más que el delito en sí, parece que lo que interesa es la foto entrando en los juzgados», dice quien ha estado ocho años al frente de la alcaldía, esperando que la investigación termine sin consecuencias para sus intereses.
'Kichi' ha asegurado que la contratación del asesor se llevó a cabo con dinero del partido «para que asesorase a los concejales y a los funcionarios en la elaboración de los contratos públicos que emanaban de la nueva Ley de Contratos». Esa nueva normativa permitía fórmulas «interesantes» como clausulas de subrogación o requisitos sociales o ambientales.
Estas causas son motivo de reproche por parte de quien ostentó el bastón de mando hacia el que era el principal partido de la oposición, ahora en el gobierno, pues «lo que hacen es mosquear a la gente y sembrar esa sombra de duda que no es de recibo». Las argumentaciones esgrimidas son «demoledoramente lógicas y aplastantemente razonables», por lo que «cabe esperar que se archive».
«El alcalde y los concejales tienen todo el derecho del mundo a reunirse con quien estimen oportuno para que les asesoren en la materia que estimen conveniente», ha dicho respecto al trabajo de García Acuña. «No hay ninguna queja oral ni por escrito de ningún funcionario quejándose por alguna injerencia de personal externo», añade.
De haberse producido esa tesitura, afirma rotundamente, se hubieran producido protestas formales de los funcionarios, que «jamás van a consentir que un personal externo le dé ningún tipo de indicación ni orden».
