«Es incomprensible en el siglo en el que estamos que una sede judicial esté cerrada desde hace un mes»

«Malestar y preocupación». Son las dos palabras que pueden definir las sensaciones que desde hace un mes (de forma más evidente) tienen los profesionales de la justicia en Cádiz desde que una orden taxativa y vinculante de la Inspección materializara un problema que viene dándose desde hace ya décadas: el mal estado del edificio de San José y su cierre preventivo por seguridad. Dicha clausura obligó a paralizar la actividad en los juzgados de instrucción y los de instancia allí alojados, además de la de otras dependencias importantes, como el decanato, para los trámites y el funcionamiento normal del sistema judicial. De momento, los de instrucción comenzaron a funcionar este lunes en el Estadio mientras que en los de instancia (salvo el 2 que está en Proserpina), la única opción está siendo el teletrabajo y, por tanto una asistencia a medias. Las vistas siguen suspendidas.

Y ante esta situación anómala, inaudita, el parón de unos juzgados, letrados y procuradores, convocados por el Colegio de Abogados, se han concentrado este martes para hacer visible ante la ciudadanía la «gravedad» del asunto y las consecuencias que tiene. Y para solicitar a la administración que «tome conciencia de ello». El juez decano Antonio Rodríguez también acudía a la convocatoria para respaldar a estos profesionales en su reclamación.

Y así lo exponía el vicedecano Fernando Estrella quien leía un comunicado en la plaza frente a esta sede judicial, ya cerrada, en Los Balbo, justamente delante de una puerta donde desde hace semanas se pueden leer hasta seis o siete carteles que avisan de la suspensión de juicios, del traslado de reconocimientos forenses a otro lado, o de la asistencia solo por teléfonos y correos electrónicos diversos...

«Como todos conocéis, el edificio judicial ante el que nos encontramos está cerrado desde el pasado 19 de noviembre, habiendo transcurrido cerca de un mes sin que haya sido posible, al día de la fecha, recuperar la actividad judicial, lo que está afectando tanto a los Juzgados de Primera Instancia (están suspendidos los señalamientos de actuaciones judiciales previstas hasta el día 8 de enero) como a los Juzgados de Instrucción (que todavía no han entrado en funcionamiento en su nueva ubicación), con las graves repercusiones que ello provoca en dicha sede jurisdiccional en la que se ventilan derechos fundamentales tan importantes como la libertad», exponía el vicedecano.

Por ello, y así continuaba, «mediante esta convocatoria el Colegio quiere hacer público la preocupación y el malestar de la abogacía, como valedores de los derechos y libertades de la ciudadanía, por esta disfunción de la Administración de Justicia que supone que, en una ciudad como Cádiz, se haya producido el cierre de los Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción, con competencias tan importantes en los ámbitos civil y penal».

Y ante esta situación demandan que la Administración «tome conciencia de la extraordinaria magnitud del problema, que afecta a uno de los derechos fundamentales básicos de la ciudadanía, como es el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución Española», por lo que exigen que proceda a dotar «de los medios necesarios a los Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción para la reactivación de la actividad judicial».

Como también exponía el vicedecano de los letrados ante los medios, el problema es que «cuando se tomó la decisión de cerrar las instalaciones realmente la administración no sabía cómo solucionarlo. Es incomprensible que en el siglo y en el año en el que estamos una sede judicial esté cerrada desde hace más de un mes, y lo que queda, o funcionando con precariedad y con límites».

Para los abogados no hay además mucha esperanza de una pronta solución. «No terminamos de ver cuál es la solución definitiva. Se hizo una promesa de que los de instrucción empezaban el día 5 y empezaron ayer, día 19, y con muchos problemas. Con respecto a los de Instancia ni siquiera hay solución. Se nos ha dicho que estará arreglado para el 9 de enero pero mucho me temo que no estará, ni sabemos cuándo estará», ha lamentado.

En cuanto a lo que ha llevado esta situación, es decir, a no tener una sede actualizada, habilitada y nueva, el vicedecano considera que «Cádiz es la eterna abandonada. A día de hoy la mitad de las capitales de provincia tienen una Ciudad de la Justicia o una buena planificación con todas sus administraciones a una. Aquí no hace falta repetir el abandono, las múltiples promesas... para que al final prácticamente no se haya hecho nada, solo un proyecto que además no estará hecho de la noche a la mañana».

Por su parte, el decano del Colegio de Procuradores, Óscar Alonso, ha denunciado «la indignación y preocupación por la situación que sigue viviendo Cádiz desde hace un mes. Nos gustaría que la ciudadanía entendiera tal gravedad con juicios suspendidos, con juzgados ubicados provisionalmente en distintos sitios y con la inseguridad sobre qué va a pasar finalmente con esta sede y sin una certeza clara de si vamos a volver o no. Lo que sí está claro es que los operadores judiciales no podemos realizar nuestro trabajo de esta forma».

Por ello los procuradores piden a la Junta «el máximo de los esfuerzos que esté realizando para buscar una alternativa provisional o definitiva. Ahora tenemos que volver a arrepentirnos de tanto tiempo que hemos perdido en no tener una Ciudad de la Justicia como Cádiz se merece».