Los expertos del ámbito laboral unifican sus criterios para corregir la inseguridad jurídica de las últimas normativas sobre trabajo

La Escuela de Práctica Jurídica-Laboral «Rafael Martínez Emperador» del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha congregado hoy en Cádiz a expertos del ámbito laboral y social de España, juristas y profesionales, en la III Jornada Laboralista organizada con la colaboración con la Fundación Justicia Social y el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España.

En el acto de apertura han participado el alcalde de Cádiz, Bruno García; el presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, José Blas Fernández; el vicepresidente 1º del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Juan Fernández Henares; el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Cádiz, Daniel Sánchez Román; el coordinador provincial de los Juzgados de Cádiz; y el decano del Colegio Oficial de Abogados de Cádiz, José Adolfo Baturone.

«La jornada está convocada para atender dudas de los laboralistas, abogados y graduados sociales, gracias a la presencia de un elenco de magistrados de lo Social de tribunales superiores autonómicos y del Tribunal Supremo, que exponen sus razonamientos jurídicos y la jurisprudencia que pueda haber en estos momentos en el mundo del trabajo, de una enorme complejidad. La Reforma Laboral no ha sido muy afortunada, ni en la forma ni en el tiempo que se ha hecho. Y creemos que la única manera de crear criterios propios y unificados es reunir a estos expertos», ha destacado el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz, José Blas Fernández.

En declaraciones a los periodistas ha citado temas como el despido, los periodos de prueba y las prestaciones de la Seguridad Social, como los más relevantes. Del mismo modo, «la queja unánime de los profesionales sobre la tardanza de verse en los juicios. Lo que no puede ser que tengamos juicios que se van a 2027 en esta provincia de Cádiz. Así la justicia no es justicia y nos hace sentirnos desamparados. Los profesionales, primero, y después el justiciable, las empresas y los trabajadores», ha descrito José Blas Fernández.

Por su parte, el vicepresidente primero del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Juan Fernández Henares, ha manifestado que «ahora mismo, lo más importante es corregir la inseguridad jurídica que tenemos. Desde la pandemia para acá estamos viendo un incesante número de normativas que se publican casi a diario y con una característica común que es la inseguridad jurídica. Y otra de las novedades que se están produciendo en los últimos años son los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Temas como el no poder despedir cuando se declara una incapacidad permanente de un trabajador, la indemnización adicional complementaria en el despido o la audiencia previa en caso de un despido, son temas que nos están llegando desde la jurisprudencia de la Unión Europea, que se están aplicando ya por algunas salas de lo Social en España y, por lo tanto, el colectivo de graduados sociales tiene que estar al día de todas esas novedades».

«Las normas se están caracterizando con términos jurídicos indeterminados, surgen muchas dudas. Quizá la norma se publica pensando en una bonanza para empresas y trabajadores, pero luego el texto, la literalidad de la norma, causa muchas dudas. Y esas dudas terminan, o resolviéndose con oficios de la propia administración, con instrucciones de las direcciones generales o, lamentablemente, en muchas ocasiones, son los tribunales de justicia de la jurisdicción Social, a través de sus sentencias, las que tienen que clarificar esa inseguridad jurídica», ha añadido el representante nacional de los graduados sociales.