Bruno García: «El edificio de la Ciudad de la Justicia es muy atractivo y va a ser un referente»

El alcalde de Cádiz, Bruno García, se ha pronunciado este martes, a petición de los periodistas, sobre el estudio de viabilidad que la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha recibido como propuesta privada para impulsar el ansiado proyecto de la Ciudad de la Justicia en los terrenos de Tabacalera.

Un edificio compuesto por tres torres de ocho plantas que tiene encaje en la zona de la ciudad donde se proyecta, ha defendido el primer edil. «En esa zona de la ciudad hay edificios de ese contexto y creo que es muy atractivo y va a ser un referente», ha apuntado al respecto García, añadiendo también que el equipamiento del futuro hospital va a ser un edificio moderno, al igual que las futuras edificaciones de Navalips. «Pero más allá de la estética, que creo que está muy bien, estoy alegre porque esta propuesta es una buena noticia para la ciudad».

Al respecto, el primer edil ha defendido que la fórmula público-privada para la construcción de la sede de la justicia, anunciada por el consejero José Antonio Nieto es «positiva» porque «es absolutamente posible y legal», además de «ágil». Y no sólo eso, también ha remarcado que «lo que se va a producir dentro de la Ciudad de la Justicia obviamente será todo público».

Así, ha insistido en que esta operación pública-privada es «positiva» para una ciudad como Cádiz con «muchas cosas pendientes», y una de ellas, la Ciudad de la Justicia, «con muchos años de retraso, ya empieza a ser una realidad».

Esta propuesta formulada por las empresas Iridium, Martín Casillas y Carmocon es la de un edificio icónico, que nace con la pretensión de convertirse en la seña de identidad de la Justicia en Cádiz y que se gestionaría por esa fórmula de la concesión público-privada, tal y como contempla la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

De esta forma, el contrato de concesión comprendería la redacción del proyecto de ejecución del nuevo edificio, su construcción y puesta en servicio y la explotación de los servicios de limpieza, mantenimiento y conservación del inmueble, la recogida de residuos, tratamientos de desinfección y desratización, la monitorización del consumo energético, así como las reposiciones de elementos de la infraestructura durante el tiempo de la concesión. Antes de la firma del contrato se creará una sociedad concesionaria, que será la titular de este.

Por su parte, la Junta de Andalucía una vez que el edificio ya esté disponible para trasladar los órganos judiciales, a partir de que se apruebe el acta de comprobación de obra, abonará un canon durante 27 años. La propuesta estima que sea de 6,5 millones de euros anuales (incluida la construcción, explotación, financiación y seguros) que, una vez cumplidos, supondrá la reversión del inmueble a manos de la administración andaluza.