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El Ayuntamiento de Cádiz se pone serio con las expropiaciones de fincas
En el Pleno extraordinario de Vivienda que se celebrará la próxima semana se aprobará «intensificar» el trabajo para iniciar «cuantos expedientes de expropiación de fincas sea posible»
Esta medida se suma a otras siete que va a implementar el equipo de Gobierno para dar respuesta a la demanda de viviendas en Cádiz capital
El Ayuntamiento de Cádiz da los primeros pasos para iniciar el expediente de expropiación de la finca Arbolí, 11
Un convenio entre Junta y Ayuntamiento pone la lupa en las viviendas turísticas ilegales de Cádiz
El Ayuntamiento de Cádiz celebrará un Pleno extraordinario de Vivienda el próximo miércoles. La iniciativa parte del Grupo Municipal Popular, al entender el alcalde, Bruno García, que este asunto es uno de los problemas principales, junto con el empleo, de la la capital gaditana, dado su déficit ante la escasez de suelo para edificar. Entre los puntos -ocho en total- que se abordarán en la sesión plenaria, el equipo de Gobierno se requerirá a sí mismo «intensificar» desde el Ayuntamiento el trabajo para iniciar «cuantos expedientes de expropiación de fincas sea posible a tenor de los recursos disponibles y las condiciones físicas y legales de las fincas susceptibles de ese proceso de expropiación». Y ello, con el fin de destinar esos inmuebles que no cumplan la normativa de seguridad y conservación a la construcción de viviendas de alquiler social, al tiempo que se conseguirá así rebajar el número de fincas del casco histórico que se encuentran en una situación precaria.
Esta intención de «intensificar» esos expedientes de expropiación llega casi 14 meses después de que el regidor anunciara -en diciembre de 2023- que el Consistorio gaditano estaba dando los primeros pasos para iniciar el expediente de expropiación de la finca situada en el número 11 de la calle Arbolí. No obstante, a pesar de haber transcurrido más de un año, nada más se ha vuelto a decir en todo este tiempo sobre la tramitación de dicho expediente.
Este medio ha preguntado en varias ocasiones al Ayuntamiento por este asunto, y no será hasta la semana que viene -coincidiendo con la celebración del Pleno de Vivienda- cuando se vuelva a dar información sobre ese expediente de expropiación de Arbolí 11, así como de otros que se han abordado en la Delegación de Urbanismo en este último año.
Lo que sí han lamentado desde el Gobierno local es que en los ocho años de mandato de José María González 'Kichi' no se iniciara ningún proceso de expropiación que facilitara la creación de nuevas viviendas, como hizo tiempo atrás el Gobierno municipal de Teófila Martínez hasta el año 2015. Justamente, Procasa sacó a licitación en diciembre los servicios de dirección de obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud para la construcción de viviendas en Pericón de Cádiz, 3 y 5, Calderón de la Barca, 19 y Sagasta, 77 y 79. Todas ellas fincas expropiadas por el anterior Gobierno del Partido Popular, al igual que Santiago, 11.
Otras medidas que se aprobarán en el Pleno de Vivienda
Asimismo, otras de las medidas presentadas por el PP que se aprobará el miércoles en el Pleno será la de «impulsar» por parte del propio equipo de Gobierno una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) encaminada a «incrementar las opciones de construcción de vivienda pública en aquellos suelos que sean susceptibles de dicha modificación». Una modificación que se aprovechará para prohibir el uso de hospedaje en las fincas con protección de grado uno.
Al respecto, fue el propio Bruno García quien, el pasado mes de noviembre, ya informó de esta intención: cambiar el PGOU para poder aumentar el número de viviendas en la capital gaditana, abriendo así la puerta a destinar espacios con uso comercial a uso residencial. «Con esta modificación, el número de viviendas debe crecer. Ése es el planteamiento, y ya estamos valorando desde Urbanismo cómo realizar ese cambio en el PGOU con trabajo, con cabeza y con sentido», dijo entonces el primer edil.
El Gobierno local también pretende sacar a licitación la contratación de «una herramienta de análisis, diagnóstico y control en tiempo real del parque de vivienda público y privado de la ciudad», con el objetivo de identificar el número de viviendas vacías, solares sin uso, viviendas de uso turístico registradas u operando en plataformas sin los permisos necesarios, entre otros. Y asimismo, impulsar medidas que permitan «la recuperación de viviendas vacías para el mercado de alquiler» y, entre ellas, «las que legalmente puedan encaminarse a la imposición de penalizaciones fiscales a las viviendas vacías».
Por otra parte, el equipo de Gobierno se alentará a sí mismo a continuar poniendo en marcha medidas para «restringir» la implantación de viviendas turísticas con objeto de que no superen el 4% del número total del parque residencial de la ciudad. Y ello, en base a un informe anterior al mandato de Bruno García que establecía el 4% como índice óptimo para Cádiz. Según apunto el alcalde el pasado noviembre, la ciudad se sitúa en torno al 4,23% de VFT, por lo que debe darse antes un proceso de bajada y luego la limitación. «Cuando lleguemos a ese 4%, topamos, es decir, no va a poder nunca crecer», señaló entonces el mandatario popular, que también insistió en que en 2024, «por primera vez» desde que hay registro oficial de las viviendas turísticas (2016), ha descendido el número de viviendas turísticas en más de 600, situándose en unas 2.600.
A todo ello, los populares sumarán en la sesión plenaria instar tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno de la Nación para «desarrollar las operaciones de viviendas que ya tienen entre manos». Así, en el caso del Gobierno andaluz, que aproveche «cualquier oportunidad de suelo existente» y desarrollando el convenio firmado el pasado mes de enero entre ambas administraciones en materia de patrimonio y urbanismo. Justamente, en la rueda de prensa conjunta que convocaron el alcalde de Cádiz y la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, para informar sobre el contenido de dicho documento, se anunció la polémica intención de destinar el edificio de la antigua Escuela de Náutica a uso residencial, es decir, a la construcción de viviendas, a pesar del grado de protección del emblemático edificio y del compromiso que había de darle uso universitario, reforzando así el cinturón universitario del Campus de Cádiz.
Y en cuanto al Gobierno central, se le instará para que «se implique en la búsqueda de oportunidades de suelos susceptibles de acoger la construcción de vivienda pública».
El «impulso definitivo» a la barriada de Tacita de Plata
Por último, en el Pleno se aprobará también -con la mayoría absoluta del Grupo Municipal Popular- que el Ayuntamiento de Cádiz encargue a Procasa «el impulso definitivo» de la actuación de vivienda en la Barriada Manuel de Falla, más conocida como Tacita de Plata.
Al respecto, señalar que la intención del Gobierno municipal es vender el solar de las Casitas Bajas para así poder pagar el inicio de la reforma integral de esa operación urbanística de gran envergadura que implica la demolición de 112 viviendas, las más antiguas del parque público municipal -entregadas en 1938-, así como la construcción de cuatro bloques con 209 viviendas (97 más que en la actualidad), además de una plaza como espacio central, zonas verdes y arbolado, zonas de juegos infantiles, un tablao, locales comerciales y garajes.
