Financiación autonómica
Andalucía, Madrid y Castilla-La Mancha denuncian que la financiación catalana es «un grave atentado» contra la igualdad
Tax Global Meeting
Los consejeros de Hacienda de las tres comunidades autónomas, las dos primeras gobernadas por el PP y la tercera por el PSOE, se reúnen en Cádiz para analizar el modelo de financiación autonómica
El acuerdo entre el PSOE y ERC para facilitar la investidura de Salvador Illa como president de la Generalit, que incluye un modelo de 'financiación singular' en la comunidad autónoma catalana, no sólo sigue siendo un tema recurrente, sino que está más candente que nunca porque muchas regiones parecen decididas a alzar la voz todo lo que sea necesario hasta conseguir un nuevo marco. Y es algo que trasciende la cuestión partidista, pues hay comunidades gobernadas por el PSOE que también están protestando.
Y en ese contexto, Carolina España, Rocío Albert López-Ibor y Juan Alfonso Ruiz Molina, consejeros de Hacienda en la Junta de Andalucía, la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, se han reunido en Cádiz en la celebración de la quinta edición del Tax Global Meeting, un encuentro en el que se debaten diferentes cuestiones sobre fiscalidad y economía.
Los tres responsables de un área fundamental en los gobiernos autonómicos han participado en una mesa redonda en la que la financiación autonómica era el tema principal. La sesión se ha celebrado a puerta cerrada, pero los tres han comparecido ante la prensa para valorar la situación actual, mostrando un rechazo unánime a que Cataluña vaya a regirse por parámetros diferentes al resto. Ya se sabe que el presidente manchego, Emiliano García-Page, es una de las voces más críticas con Pedro Sánchez dentro del PSOE, pero es noticiable que su cabeza visible en materia tributaria haga piña con homólogas del Partido Popular. El malestar también está instaurado dentro del socialismo.
La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta, Carolina España, ha asegurado que este viernes iban a llevar a cabo «lo que no ha hecho todavía el Gobierno de Pedro Sánchez, que es hablar con rigor y con seriedad de las reformas y de los cambios que deben producirse en el sistema de financiación».
España indica que la ansiada reforma no pilla a nadie por sorpresa, tampoco a la ministra de Hacienda María Jesús Montero porque «ya lo pedía cuando era consejera de Andalucía»: «Al final estamos hablando de nuestra sanidad, nuestra educación y nuestros servicios sociales».
Y hacía referencia a las palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno el jueves en el Congreso en las que pedía un mayor esfuerzo fiscal a las comunidades gobernadas por el PP: «¿Qué nos está pidiendo a los andaluces? ¿Que paguemos más impuestos? Es que Andalucía tiene un problema de financiación, está recibiendo 1.500 millones de euros menos que la media».
«¿Más impuestos los andaluces para financiar el cupo independentista? ¿Nos van a crujir fiscalmente a los andaluces para pagar el cupo independentista?», ha proseguido, reprochando que cuando Montero era consejera de Hacienda en la Junta «Andalucía era un auténtico infierno fiscal».
La consejera ha defendido la política de bajada de impuestos impulsada por el gobierno de Juanma Moreno: «Hemos conseguido recaudar 14.000 millones de euros más en los cinco años de gobierno», ha expresado, agregando que hay 600.000 declarantes nuevos.
Consider un «desprecio» que el Gobierno quiera «limitar los derechos que tenemos por ley las comunidades autónomas para aplicar nuestra política fiscal: «Entendemos que es un abuso de poder y, desde luego, una muestra de deslealtad institucional permanente».
La consejera se ha referido a unas declaraciones de María Jesús Montero, también en Cádiz este viernes, que entiende que tenían la intención de trasladar el mensaje de que Juanma Moreno no cree en la autonomía: «¿Cómo puede decir eso una ministra del Gobierno de España que está traicionando a Andalucía y a los andaluces? ¿Cómo puede decir alguien eso de nuestro presidente cuando ella es la persona que está desmantelando el Estado de las autonomías?».
Y finalmente se ha referido nuevamente al pacto catalán: «Lo que están haciendo con esta financiación privilegiada es darle más recursos a unos territorios que reciben ya por encima de la media y nosotros estamos por debajo de la media». «Lo hacen de la mano cómplice con los que quieren romper España, con los que no creen en nuestro país», ha criticado.
«Es un cupo como el vasco»
Rocío Albert López-Ibor, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, ha hablado del «cupo» catalán: «Por mucho que lo llamen financiación singular y por mucho que la señora vicepresidenta del Gobierno, la señora Montero, trate de evitar esa palabra».
«Lo cierto es que el acuerdo que hemos visto lo que da es una serie de privilegios muy parecidos a los que tenemos en el cupo vasco», ha expresado. Y ha abogado por llevar a cabo una negociación «seria, técnica y multilateral» en la que estén presentes todas las comunidades autónomas, incluida Cataluña, y el Estado.
A su juicio, la nueva financiación catalana lo que hace es «destruir la soberanía nacional y el modelo de España a través de los temas impositivos». «Y esto no puede ser, porque nosotros tuvimos un modelo de consenso de 1978 donde se pactó el régimen de las autonomías, que por supuesto ha ido evolucionando», afirma.
Ha afeado a la ministra Montero que esté cayendo en «contradicciones» para justificar la cesión de los tributos en Cataluña: «Como no hay manera desde el punto de vista técnico de justificar esa financiación singular o cupo de Cataluña, porque no se justifica ya que Cataluña no está infrafinanciada, dice que hay que dar autonomía fiscal a Cataluña».
«Al mismo tiempo dice que tiene que haber una armonización fiscal, pero que Cataluña, mejor dicho los independentistas catalanes, puede tener completa independencia para quedarse con todos los recursos de todos los españoles», expone. «Lo que quieren es tener más recursos para poder decidir sobre cosas que realmente no afectan a los ciudadanos», ha finalizado.
«Es un grave atentado al principio de igualdad»
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha ahondado en lo que su presidente García-Page ha expresado en estas semanas: «Queremos un sistema de financiación que garantice la igualdad, ya no solamente de los castellanomanchegos, sino de todos los españoles y españolas».
«Lo que hay que hacer es ponernos de acuerdo todas las comunidades autónomas y ver qué singularidades tenemos a la hora de valorar el coste que llega a cada comunidad», ha expresado. Y ha sido tajante, los recursos son insuficientes: «Consideramos que el Estado tiene que aportar más recursos de los que viene aportando hasta ahora para prestar servicios que además son inelásticos, como en la sanidad, que, con independencia del ciclo económico, tenemos que seguirlos prestando».
Expresa el consejero manchego que aspiran a un modelo de financiación que permita que todas las comunidades tengan las mismas condiciones de acceso a los servicios públicos: «Tenemos que conseguir un modelo sencillo que sea entendible por la propia ciudadanía y además que a los responsables también nos permita la planificación de un modelo que es absolutamente complejo y de difícil previsión», dice en alusión a cuestiones como la superficie de cada comunidad, la población o la dispersión.
Se ha abierto a discutir una posible quita de deuda, que achaca a un fallo precisamente del modelo de financiación, con la ministra Montero: «Siempre que hemos tenido oportunidad, hemos puesto de manifiesto la necesidad de una reestructuración de la deuda».
«Tenemos claro qué queremos y qué no, y no queremos un concierto catalán porque es un grave atentado al principio de igualdad», ha dicho el consejero socialista, molesto con el acuerdo alcanzado por su propio partido a nivel catalán y nacional. «La riqueza nacional nos pertenece a todos y está desde luego al servicio del interés general», indica.
Más para Cataluña significa menos para el resto: «Un concierto con Cataluña supone una pérdida de recursos para las comunidades autónomas y para el propio Estado. Y si el Estado pierde, también perdemos las comunidades autónomas». «Estamos en contra de cualquier modelo que se negocie de manera bilateral porque se está decidiendo también el futuro de la financiación del resto de comunidades autónomas».
