La Autoridad Fiscal llama la atención a la Diputación de Sevilla a un mes del 28M por disparar el gasto
Es la única corporación provincial que cerrará el año en números rojos, según la Autoridad Fiscal, que le pide que limite las inversiones y ayudas
Más de 8,5 millones para concluir teatros y pabellones de Montellano, Marinaleda, Carrión y Burguillos
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En año electoral el gasto se dispara. Esa es la norma en todas las administraciones públicas, pero unas se lo toman más a pecho que otras, a juzgar por las conclusiones del informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), en el que da un toque de atención a la Diputación de Sevilla por el aumento de inversiones y subvenciones durante este 2023.
El órgano, creado por el propio Gobierno central en 2013 para el análisis y control de la fiscalidad del sistema público, advierte de que «desde 2018 la corporación provincial «ha visto reducido su superávit en más de 26 puntos, fruto de la aplicación de remanentes». Con ello se refiere a los anticipos que la institución hace a los ayuntamientos y al pago de planes de subvenciones, ayudas o préstamos.
Para este ejercicio, que está marcado por las elecciones municipales del 28 de mayo, la Airef prevé que la Diputación sevillana incurrirá en un déficit junto al Ayuntamiento de Barcelona, siendo los únicos entre las grandes entidades locales españolas que lo harán. Ese desvío será de un 5% de sus ingresos. Es la primera vez en una década que elaboran el presupuesto con saldo negativo y se debe a ese aumento del gasto corriente que se viene produciendo desde hace tres años.
El cierre de las cuentas en números rojos es posible porque el Gobierno central tiene suspendidas las reglas de equilibrio fiscal que se impusieron tras la crisis de 2008. Se ha establecido así precisamente para hacer frente a otra crisis, la del Covid-19. En su lugar se han fijado unas tasas de referencia que no son obligatorias, lo que permite a las administraciones destinar más recursos a inversiones, a subvenciones e incluso a aumentar el personal que tiene a su servicio.
La institución encargada de velar por la fiscalidad de las administraciones públicas no ve con buenos ojos que se hayan dejado de aplicar las reglas fiscales, especialmente ahora que se percibe una mayor inestabilidad económica. Señala que en cuanto se abre la mano se dispara el gasto: «las grandes corporaciones locales lo hicieron en 7% en 2020, un nivel que es muy superior al permitido en años en los que había unos objetivos que cumplir». En 2022, los municipios han realizado desembolsos por valor de más de 1.500 millones procedentes del ahorro conseguido en años anteriores. Es decir, recursos que no están aparejados a una fuente de financiación permanente.
Así, el mayor dispendio de la Diputación se detecta en 2021, coincidiendo con el agravamiento de la emergencia sanitaria. De manera general, las 24 grandes corporaciones locales que analiza el ente fiscalizador en este informe –entre las que están las tres diputaciones forales vascas, otras cuatro diputaciones provinciales, dos cabildos insulares y los ayuntamientos de las ciudades de más de 250.000 habitantes–, elevaron el gasto un 23% de media durante ese ejercicio, pero no todas lo hicieron en la misma proporción. En el caso de la corporación hispalense, el incremento fue del 140% en 2021 y del 1% en 2022, como recoge el estudio de la Airef consultado por ABC. Además alerta de que «el mantenimiento en 2023 de las tasas de crecimiento del gasto corriente de más del 9% ya supondría un deterioro del saldo de las grandes corporaciones locales y un riesgo para la sostenibilidad».
Las dos recomendaciones que hace en este Informe Complementario de Evaluación Individual de los Presupuestos para este año son «un análisis de carácter estructural de sus desembolsos desde 2019» y, sobre todo, «evitar nuevos incrementos que no estén respaldados por una financiación permanente».
Se agota el ahorro
Hasta el momento el dinero que se ha empleado procedía del ahorro de años anteriores, pero al agotarse ese ahorro, «se corre el riesgo de caer en déficit de manera permanente», advierte. El destino de esos fondos ha sido en un 65% del total a las inversiones en infraestructuras, empresas públicas o mejoras de los servicios en distintos municipios y el 35% restante, a gasto corriente, ayudas sociales y subvenciones. Es en este punto donde la Autoridad Fiscal da el toque de atención: «La recurrencia a futuro de este tipo de gastos y el carácter plurianual de las inversiones hacen que, en el medio plazo, sea necesario contar con recursos suficientes para la cobertura de los gastos recurrentes».
Desde 2018 la Diputación ha visto reducido el superávit en un 26% de sus ingresos «fruto, fundamentalmente de la aplicación de remanentes a gasto por transferencias de cerca de 350 millones de euros», indica el informe.
Las cuentas de la corporación provincial para este 2023 ascienden a 543,13 millones de euros. La partida más abultada que recogen es la destinada a personal, que supera los 135 millones de euros, y en eso entran tanto los sueldos como las cotizaciones de la plantilla de funcionarios y de trabajadores de los organismos y sociedades. Si se mira en perspectiva, significa que casi uno de cada cuatro euros del presupuesto van a pagar salarios. A bienes corrientes y a servicios del funcionamiento de la entidad provincial se destinan 49,3 millones de euros (9% del total) y al gasto no financiero, que es el destinado a inversiones y a subvenciones y es precisamente el que analiza la Airef, se dedican 435 millones de euros (el 66% del total).
También están recogidos en esa cifra global más de 561.000 euros en gastos financieros, siete millones para el fondo de contingencia, 131,6 millones para transferencias corrientes, 64,2 millones para el capítulo de inversiones reales, 47,8 millones para transferencias de capital, 106,6 millones que permanecen como activos financieros acumulados por la entidad y casi 595.000 euros como pasivo, es decir como deuda, que de momento sigue controlada.