Sucesos
Aumentan hasta triplicarse las agresiones a guardias civiles en Cádiz: «Les sale gratis patearnos»
Si no hay lesiones, las multas son menores y en muchas ocasiones los autores se declaran insolventes, se alerta
En caso de que vaya por lo penal las condenas quedan a menudo minimizadas en conformidades o por retrasos en juzgarlos
Cádiz, entre las provincias de España donde más agresiones se cometen contra policías y guardias civiles
Recientemente se producía un nuevo capítulo en el que agentes de la autoridad, en este caso guardias civiles, haciendo su trabajo -es decir, velar por la seguridad de todos y cumplir con la ley- salían perjudicados por hacerlo. Eran agredidos. Una circunstancia que puede formar parte del riesgo de su labor al tener que enfrentarse a determinadas personas y circunstancias, pero que cada vez, según sostienen, se repite con mayor asiduidad. Así lo alertan. «Ya da igual a que intervención vayas que puedes encontrarte con cualquier cosa...». Este último capítulo ocurría en Conil donde un chico al que se le intervenía droga se ponía extremadamente violento mientras que los agentes intentaban impedir que se tragara la papela que le habían cogido. Entre otras cosas, para que él mismo no se hiciera daño.
Y así «casi a diario». Policías y guardias civiles acuden a multitud de servicios sin saber qué les puede esperar. Si quien tiene enfrente se extralimitará en algún momento o no. No siempre pasa, claro, pero ocurre. Y cada vez más. De esta forma se refleja en los escasísimos y últimos datos que ha facilitado el Ministerio del Interior sobre agresiones a agentes dando respuesta parlamentaria a una pregunta del PP a este respecto. Una información, por tanto, oficial.
Como indican estos datos, las agresiones a guardias civiles crecieron en España un 18% en 2024, alcanzando un total de 1.404 casos, lo que supone la cifra más alta registrada. En 2021 se situaron en 1.051 y en 2022 fueron 1.193.
Así, sólo en los dos últimos años, esta cifra ha aumentado un 34%, reflejando así el deterioro del principio de autoridad de los cuerpos policiales del Estado, que observan frecuentemente como los efectivos deben ser atendidos por los servicios médicos por lesiones recibidas durante sus intervenciones u operativos.
Las cifras facilitadas no entran en mayor profundidad. No se ofrecen públicamente por comunidades ni tampoco por provincias, ni entra en detalle sobre qué tipo de agresiones son o desglosado en los diferentes cuerpos. El dato oficial, el solicitado y que no ha sido facilitado, es muy escaso. Tampoco se sabe muy bien qué entiende el Ministerio por agresión, si sólo los atentados con lesiones, sólo aquellas que se denuncian en el juzgado y no por sanción administrativa, o únicamente las que provocan lesiones graves y bajas. No se aprecia -teniendo en cuenta este número total- que se incluyan todas las conductas violentas que pueden sufrir los agentes, ni, por supuesto, las amenazas y otro tipo de acciones en su contra.
El triple de asistencias
Esta situación se podría decir que tiene una especial incidencia en la provincia de Cádiz por la alta conflictividad que existe por asuntos relacionados con el narcotráfico. Así, y tomando solamente como base los datos facilitados por la asociación Jucil, durante 2024 desde este colectivo atendieron en Cádiz 26 casos de agresiones y atentados contra guardias civiles, mientras que el año anterior no llegaron a la decena. Es decir, el triple.
Sin embargo hay que tener en cuenta que esta cifra, aunque relevante porque refleja un importante incremento, es, como decimos, orientativa, ya que se refiere sólo a los casos atendidos desde esta asociación y a los que habría que añadir los que asumen otras asociaciones y sindicatos o tienen otro tipo de representación y vía. Además, por supuesto, del resto de agresiones que soportan otros cuerpos como policías nacionales, locales, o funcionarios de Aduanas, entre otros.
«Pocas intervenciones policiales terminan ya sin parte de atentado a la autoridad», advierte Agustín Domínguez, secretario provincial de Jucil en Cádiz. «En los últimos años, el número de agresiones en la provincia ha aumentado considerablemente, convirtiéndose en una preocupación constante para los agentes destinados en la zona», incide.
«Antes podía haber altercados, pero hoy en día se sobrepasan todos los límites»
Según lo explica el problema radica en varios factores que desembocan en que el principio de autoridad «se esté perdiendo». «Antes podía haber altercados, pero hoy en día se sobrepasan todos los límite», señala Domínguez. «Una simple denuncia de tráfico puede terminar en insultos y menosprecios, que se consideran infracción administrativa, según la ley 4/2015 de seguridad ciudadana».
Desde Jucil se advierte de que este fenómeno se ha intensificado especialmente desde la pandemia. «El problema es que muchos ciudadanos saben que las leyes son blandas», denuncia el secretario provincial. «Si no hay lesiones, las multas son irrisorias, entre 90 y 200 euros. Esto genera un efecto adverso y desprotege a los agentes».
Los patrulleros, más riesgo
Y en este sentido, el riesgo es mayor cuanto más es la exposición. Es decir, cuanto más se acude y se está. Y en ese punto son las unidades de Seguridad Ciudadana las que se encuentran con estas situaciones la mayoría de las veces. Así se ha visto en multitud de ocasiones cuando las patrullas acuden a los avisos y se enfrentan a personas que les acometen o intentan parar las acciones violentas de delincuentes que muchas veces están fuera de sí. Por ello, más de la mitad de las agresiones las sufren los agentes de patrulla. «Es un problema generalizado en toda España, pero especialmente sensible en provincias como la nuestra, donde los coches patrulla sufren amenazas constantes».
Además, se ha constatado que en estas situaciones de violencia el consumo de alcohol, de drogas y también las enfermedades mentales son factores que agravan el problema ya que se repiten en los perfiles de muchos de estos agresores, gente que en muchos de estos casos son delincuentes reincidentes que, una vez que son detenidos, salen en libertad provisional una y otra vez.
Y así, cuando se cometen estos delitos de atentado, lesiones o resistencia, la denuncia se formula y comienza el trámite judicial, unos procedimientos que, para los agentes, no acaban recibiendo el castigo penal que realmente pueden tener. Ello se debe en muchas ocasiones a los retrasos que existen a la hora de juzgar a los acusados, o también, a las conformidades a las que se llegan y que terminan minimizando estas posibles condenas.
En cuanto a las indemnizaciones económicas que vienen a solventar el hecho de que ese agente ha permanecido fuera de servicio y además ha sufrido lesiones y posibles secuelas, este castigo sobre el agresor tampoco se materializa tal y como supuestamente tendría que cumplirse ya que muchas de estas personas se declaran insolventes y ese pago, si se llega a concretar, lo asume entonces la Administración. Esta forma de eludir su responsabilidad penal provoca, según se advierte, «una sensación de impunidad, de que no les va a pasar nada». «Les sale gratis patearnos. Es así».
Desde Jucil y el resto de asociaciones y sindicatos policiales se insiste en la necesidad de una legislación más dura, homogénea y que contemple penas ejemplares para quienes agreden o amenazan a los agentes. «Defendemos a los nuestros y seguiremos alzando la voz para que se nos respete como servidores públicos que somos».
Defensas extensibles, táser, cámaras unipersonales... se piden más medios ante el incremento de agresiones
Por su parte, Jucil reclama la implementación de medidas materiales y de prevención adecuadas, que «permitan a los guardias civiles desempeñar sus funciones con la seguridad que merecen. Es imprescindible que el Gobierno actúe de inmediato para proporcionar recursos y herramientas que minimicen los riesgos a los que están expuestos los agentes».
En este sentido, considera imprescindible la dotación de defensas extensibles, una por cada guardia civil; pistolas eléctricas paralizantes para cada patrulla; cámaras unipersonales; chalecos antibalas individuales, pues actualmente se comparten y muchas veces utilizando otras tallas; chalecos antibalas y trajes de flotabilidad para el Servicio Marítimo; fundas de pistola antihurto y vehículos modernizados.
Además, solicita protocolos de custodia de detenidos y para evitar desplazamientos en solitario de un único efectivo para formar patrulla.
Pena 'minimizada'
Recientemente se conocía la sentencia sobre uno de los asuntos de atentado que puso en peligro la vida de un guardia civil que formaba parte de un operativo contra el narcotráfico. Al llegar a la zona de alijo fue recibido a tiros y uno de estos disparos le dio en la mano causándole graves lesiones.
El autor, un vecino de Alcalá de Guadaira con antecedentes graves ya previos, fue detenido días después y reconoció los hechos. Ello unido al pago de parte de la indemnización ha minimizado en más de diez años finalmente la pena que se solicitaba como autor de un delito de intento de homicidio. Así ha sido condenado a ocho años de prisión.
La sentencia, que es firme, no dejaba dudas: «Con ánimo de atentar contra la vida del agente y con total desprecio al principio de autoridad» apareció de forma sorpresiva portando un arma larga de fuego y disparó «a bocajarro» a una distancia de 70 y 80 centímetros y una altura de 102 centímetros contra el guardia civil».
Ante este tipo de situaciones y otras a las que se enfrentan a diario, en cualquier lugar y momento, desde los sindicatos de Policía Nacional y Guardia Civil se sigue insistiendo en que se les catalogue como profesión de riesgo, denominación laboral que no tienen y que sí se contempla para agentes locales u otros cuerpos autonómicos, e incluso a profesionales como mineros, bomberos, trabajadores ferroviarios, personal de vuelo o artistas.
