Tribunales

La Audiencia de Cádiz decidirá si aparta o no del caso de Barbate a la jueza por llevar puesta una pulsera de la Guardia Civil

La imparcialidad de la instructora ha sido cuestionada por el abogado de uno de los detenidos y a ello se han adherido otras defensas y también el padre de uno de los agentes fallecidos

La instrucción continúa adelante y el pasado viernes declararon los guardias civiles que arrestaron a parte de los primeros sospechosos en la playa de La Línea

Jucil muestra su preocupación porque la recusación de la jueza de Barbate cause demoras en el caso

M. Almagro

El caso del asesinato de dos guardias civiles en Barbate arrollados por una narcolancha continúa instruyéndose en el juzgado la localidad pero en los últimos días ha surgido una posible incidencia procesal que ha ocasionado la apertura de otra causa paralela para su estudio y dictamen. El abogado de uno de los primeros detenidos -y ya exculpados del delito de asesinato- ha emitido un escrito de recusación contra la instructora después de que en una de las tomas de declaración a los testigos comprobara que la jueza llevaba puesta una pulsera de la Guardia Civil, concretamente, del Grupo de Acción Rápida (GAR), la unidad a la que pertenecía David Pérez, uno de los agentes fallecidos.

A dicha recusación, formulada hace unas semanas, se han sumado otros abogados de la defensa pero también de la acusación particular que representa los intereses de la familia del agente isleño fallecido al considerar que puede haber cierta «imparcialidad» en cuanto a lo que se dictamine sobre las órdenes dadas por los mandos en dicho operativo. La Fiscalía, por su parte, no se ha adherido a dicha recusación.

Una vez que la magistrada rechazó esta recusación y finalizada la instrucción de este expediente, el escrito ya ha sido remitido y recibido por la Audiencia de Cádiz, concretamente por la Sección Cuarta, cuyo tribunal es ahora el competente para decidir si vistas las pruebas aportadas aparta o no a la jueza.

Como indica en dicho escrito al que ha tenido acceso este periódico el abogado Rafael Jiménez de Vicuña Urbieta, letrado de D. G., uno de los mecánicos de la lancha detenido, fue durante el desarrollo de una de las declaraciones de los agentes en el juzgado cuando el letrado se percató de que la instructora llevaba en su muñeca izquierda una pulsera con la bandera de España, el escudo de la Guardia Civil y las siglas de tres cuerpos de la Guardia Civil, estos son: UAR – GAR – CAE.

Los motivos

«No es necesario indicar, puesto que dada la proyección mediática de esta causa ha sido notable, que uno de los fallecidos pertenecía a los GAR, y que tanto la policía judicial, como acusaciones particulares, y la mayoría de los testigos son guardias civiles», manifiesta el abogado. Y continúa: «la señora instructora es conocedora de la denuncia efectuada en sede judicial por haber sido la misma que les tomó declaración el 12 de febrero 2024 a los investigados que a quienes denuncian todos por las lesiones sufridas producto de agresiones físicas son también guardias civiles, concretamente alguno de ellos, miembros del GAR, los cuales colaboran en la detención, y son conocedores del fallecimiento de otro miembro del GAR».

Por tanto, para el letrado, instruyendo esta causa, «portar una pulsera en la que se podía leer perfectamente tanto Guardia Civil como el resto de grupos, es una clara quiebra de la imparcialidad, máxime cuando a quien se le toma declaración es a un guardia civil acusado de agredir a los investigados, y que además para mas inri porta la misma pulsera que la instructora en el acto de su declaración», además, denuncia «el día en el que están señaladas las declaraciones de siete guardias civiles, lo que supone una complicidad inaceptable».

«Evidentemente, que el guardia civil luzca la pulsera y los símbolos del Cuerpo al que pertenece no es en absoluto reprochable, todo lo contrario, es signo de orgullo y camaradería, pero que la instructora lo haga en pleno acto de sus funciones y con las circunstancias expuestas, evidencia al exhibir tales símbolos, una cercanía o simpatía complemente fuera de lugar que impide la percepción de neutralidad e imparcialidad».

Por otro lado, el abogado también denuncia en el escrito otras cuestiones formales que considera que no se han ajustado a Derecho en cuanto a la propia recusación. Según expone, él mismo al percatarse de que porta dicha pulsera solicitó la asistencia personal al acto en sala de la letrada de Administración de Justicia a fin de que dejase constancia fehaciente de la recusación, así como de la existencia de esta pulsera. Además -indica- dicho hecho quedó grabado en vídeo y también solicitó que se hiciera fotografía de la pulsera a lo que, según expone, la jueza se negó.

Por último denuncia que no se le facilitó toda la información que se vertió en el acta sobre este incidente que, como afirma, hizo la propia jueza. Asegura que únicamente se le dio una fotocopia del documento manuscrito que había efectuado en el que ni se identifica quien levanta el acta, ni la fecha y la hora, ni todos los intervinientes (únicamente refleja las defensas por adherirse a los solicitado por este letrado), ni el juzgado, ni identifica tampoco a la magistrada recusada.

Tras estos hechos y presentado el escrito en plazo y culminada la instrucción de esta posible incidencia, el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia gaditana tendrá que resolver. Incluso se podría celebrar una pequeña vista tal y como ha solicitado el abogado si así lo considera la Sala.

Esta recusación no ha paralizado de momento la instrucción del caso. El pasado viernes declaraban cinco guardias civiles. Algunos de ellos, los que participaron en la detención en la playa de La Línea de los únicos procesados hasta el momento. Los agentes contestaron a preguntas sobre cómo se les interceptó aunque, según las fuentes consultadas, no dieron muchos detalles sobre el procedimiento en estos arrestos.

Por su parte, todos los detenidos tras los hechos y procesados en esta causa por encontrarse con una narcolancha en el puerto de Barbate, continúan en prisión como medida provisional al haber sido rechazados todos los recursos presentados una vez que se conoció que ellos no habían sido los que había arremetido contra la lancha de los agentes.

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