INDUSTRIA
Los astilleros gallegos adelantan a Cádiz en las protestas por el convenio y la carga de trabajo
Una manifestación y un encierro de dos días constituyen esta semana las primeras acciones en Ferrol
El comité de San Fernando ha movido ficha para presionar a la empresa, pero aguarda aún la respuesta de Puerto Real y Cádiz
La situación laboral en los astilleros de la Bahía de Cádiz atraviesa una calma tensa a la espera de que los comités de empresa de las tres factorías concreten y pacten un calendario de movilizaciones conjuntas. De momento, los representantes del comité de la factoría de San Fernando, capitaneado por el Csif y apoyado por UGT, ha avanzado abiertamente su intención de echarse a la calle en los próximos días para reclamar, por un lado, carga de trabajo y, por otro, un acuerdo para firmar el nuevo convenio colectivo.
Precisamente las negociaciones para acordar el nuevo marco laboral de Navantia se encuentran estancadas y con las posiciones enfrentadas. De hecho, en junio de 2023 los trabajadores de esta empresa pública votaron en asamblea sobre el apoyo o no a las directrices fijadas por la compañía de cara al nuevo convenio. El resultado de la votación fue negativo y, desde entonces, el Comité Intercentros de la empresa, que representa a los seis astilleros públicos, además de a las oficinas de Navantia, mantienen un tira y afloja con la dirección para la mejora de condiciones laborales y aclarar, de una vez por todas, qué carga de trabajo es la que contempla este nuevo plan laboral, bautizado con el nombre de Horizonte 5.0.
¿Qué está pasando? Para entender este conflicto laboral es necesario retroceder al convenio anterior, que ha estado vigente hasta 2022. El anterior plan estratégico, denominado Astillero 4.0, entró en vigor en el año 2019 y finalizó en diciembre de 2022. Este plan ha significado el rejuvenecimiento de la plantilla y el inicio de la transformación del sistema productivo para ganar más competitividad. Así, a nivel de empleo, implicó las salidas de personal a los 61 años, y la reposición del 75% de las plazas amortizadas en esos cuatro años, alrededor de 2.200 en toda la compañía.
Ahora se debate sobre las nuevas incorporaciones y también sobre el grado de subcontratación al que llegará Navantia en esta segunda fase para ser más competitiva. Los sindicatos no comulgan con las tesis de la compañía en materia laboral y exigen flexibilidad en la negociación para alcanzar el acuerdo.
Navantia aseguró en su momento que el nuevo plan que se propone es una «hoja de ruta ambiciosa y realista». La empresa destacó en su día que su punto de partida es una contratación histórica, de 10.000 millones de euros en el periodo 2023-2027, fruto de los acuerdos alcanzados y de la labor comercial. Esta cartera de pedidos permitirá alcanzar una facturación anual de 2.000 millones de euros a partir de este año 2024, lo que supondrá duplicar la facturación anual de los últimos ejercicios. La contratación recoge las Fragatas 110 que construye el astillero de Ferrol para la Armada Española, el patrullero que construye San Fernando para la Marina de Marruecos, y el BAM-IS que toma forma en la planta de Puerto Real.
Las plantillas de Navantia no comulgan con las tesis de la dirección en materia laboral ni se fían de los encargos de obra
Igualmente, el plan hace referencia a dos buques hidrográficos para la Armada Española, que se construirán en el astillero de Puerto Real y que, pese a su anuncio, aún no hay fecha en el calendario. Recoge también el contrato con la Royal Navy para la construcción a partir de 2025 de tres barcos. Este proyecto se desarrollará de manera conjunta entre la empresa Navantia UK, división inglesa de la compañía pública española, creada en Reino Unido para participar en proyectos conjuntos con astilleros de aquel país. Así, Navantia y los astilleros inglesesHarland & Wolff, BMT serán los encargados de la construcción de estos buques, cuyo corte de chapa se llevará a cabo en el astillero de de Puerto Real. Este plan también contempla un segundo acuerdo con el Gobierno de Arabia para la construcción de tres nuevas corbetas, así como el acuerdo con Angola para la construcción de seis patrulleros. Los sindicatos acusan a la empresa de configurar un plan que todavía no tiene garantías concretas de ejecución, ya que buena parte de esos acuerdos de construcción están aún por firmar.
La empresa, por su parte, asegura que para hacer posible la ejecución de esos programas, el plan prevé la contratación de 1.500 personas en todos los centros de trabajo (Ría de Ferrol, Bahía de Cádiz, Dársena de Cartagena y Madrid) y recoge inversiones por más de 630 millones de euros, un importe cercano a todo lo invertido por la compañía desde su nacimiento como Navantia en 2005.
El plan se ha diseñado para dar un marco de previsibilidad. En todo caso, Navantia ha establecido esta hoja de ruta, las líneas maestras por las que debe avanzar para seguir cumpliendo con sus clientes con niveles de excelencia, impulsar su eficiencia y su transformación digital y sostenible y arrojar beneficios en los próximos años. Por lo tanto, la empresa analizará el escenario y decidirá el rumbo y las acciones más adecuadas.
Los gallegos se plantan
En relación con el convenio colectivo, la empresa entiende que la propuesta es positiva para la plantilla y ha mostrado su disposición a continuar con las negociaciones. Nada más lejos de la realidad. Las voces más críticas a este plan se concentran en los astilleros gallegos, mientras que las plantas gaditanas aguardan acontecimientos para tomar decisiones.
Así, la plantilla de Navantia Ferrol se encerrará en el astillero los días 8 y 9 de mayo para demandar un avance en las negociaciones del convenio colectivo. El personal también saldrá a la calle en manifestación el día 7 de mayo y una semana después celebrará una nueva asamblea general. Estas son algunas de las decisiones que los trabajadores tomaron la pasada semana en una asamblea. Una reunión en la que se ha aprobado continuar con las protestas, pero no aumentar su presión.
Las plantas de la Bahía de Cádiz se muestran más tibias que las gallegas a la hora de convocar las movilizaciones
El encuentro ha servido también para abordar los últimos pasos dados por la dirección de la empresa. Desde el comité hablan de un cambio de actitud en la dirección de Navantia, que «se compromete a negociar sobre un futuro sistema de promociones para todos los grupos profesionales». También se compromete a publicar los niveles salariales de los grupos 1 y 2 y convoca al Comité Intercentros a una nueva reunión el 9 de mayo para avanzar en la negociación del convenio.
Sobre el plan estratégico, el comité de empresa ha trasladado que la dirección tiene la intención de arrancar su negociación, aunque no ha fijado fechas para tratar el documento.
En el caso de los astilleros de Cádiz cabe recordar que el primero en anunciar protestas ha sido el de San Fernando, que ha exigido el retorno a la factoría de los trabajadores que tiene desplazados en otros centros, además de advertir que la plantilla trabajará a reloj sin prolongación de jornada.
La ministra de Hacienda y responsable de la Sociedad Española de participaciones Industriales (SEPI), organismo público al que pertenece Navantia, María Jesús Montero, visitó el pasado18 de abril la planta isleña con el fin de apaciguar ánimos. Montero aseguiró que «si todo va bien» el nuevo convenio colectivo de Navantia puede estar terminado «a finales de este año», y animó a las partes a llegar a un entendimiento. En declaraciones a los medios tras la visita, la ministra se refirió a la solicitud por escrito que el Comité Intercentros había hecho a la SEPI para que interceda con la compañía, que mantiene bloqueada, según los sindicatos, la negociación colectiva sin permitir ningún avance después de que el actual convenio venciera en diciembre de 2021. «Si todo va bien, nuestra idea es que a finales de año tengamos acordado el convenio colectivo, aunque va a depender de la voluntad de las partes de llegar a un entendimiento», respondió Montero, quien aseguró que estas conversaciones sobre el nuevo documento se están produciendo, aunque «con discreción, confianza y tranquilidad».
Montero animó a aunar en este convenio el doble interés de «ganar en competitividad y atender reivindicaciones de la plantilla». La vicepresidenta aseguró que Navantia tiene «carga de trabajo óptima y máxima» para diez años y anunció que eso permitirá «no solo mantener las plantillas sino contratar más personas», de ahí su llamamiento a los jóvenes a que amplíen sus estudios sobre las titulaciones industriales y tecnológicas que hoy se están reclamando en la empresa naval.
La reunión tuvo lugar en el Navantia Training Centre de San Fernando, convertido «en referencia de la formación naval, que desarrolla programas de adiestramiento y otras actividades de formación y divulgación para la industria naval y de defensa».
Reducir tiempos de producción
La dirección del centro presentó entonces a la vicepresidenta la evolución de las inversiones en marcha, entre ellas, el taller de unidades abiertas planas, donde la tecnología láser híbrida está permitiendo reducir los tiempos de producción y competitividad de la empresa desde el punto de vista de la calidad de los productos y los plazos. También le mostraron el centro de excelencia de sistemas navales, que será un foco de intercambio de información y desarrollo de proyectos I+D, «abierto a la colaboración de empresas, universidades y centros tecnológicos». Forma parte de una red de seis centros de este tipo repartidos por los distintos centros productivos de la compañía, destinados a distintas tecnologías y negocios.
La modernización de San Fernando se suma a la de Puerto Real, donde está en marcha la construcción del nuevo taller de bloques planos, y a las emprendidas en Ferrol, con la fábrica digital de bloques, o a la reforma del astillero de Fene, estos dos últimos en la provincia de A Coruña.
La ministra estuvo acompañada en esta visita por la presidenta de la SEPI, Belén Gualda; el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez; el director de negocio de corbetas y buques de acción marítima, José Antonio Rodríguez Poch; el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores.
