Explotación laboral en Sanlúcar: Los acusados señalan que los denunciaron porque querían más dinero

Jesús Díaz

23/05/2022
Actualizado a las 15:46h.

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Un matrimonio de origen rumano y dos de sus hijos se han sentado este lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Sevilla , enfrentándose a una petición de pena total de 110 años de cárcel por explotar laboralmente a una decena de compatriotas suyos en los campos de Sanlúcar la Mayor , donde recogían patatas a cambio de 25 euros el saco recoletado . Presuntamente los tenían hacinados en condiciones insalubres en una vivienda de este municipio sevillano, controlados para no poder salir, sin teléfono y vigilados hasta para ir baño. Los cuatro presuntos explotadores han apuntado durante la vista oral que las víctimas los denunciaron porque querían ganar más dinero.

Los acusados han negados todos los hechos por los que la Guardia Civil y la Policía Nacional desarticuló este clan familiar y por los que le acusa el Ministerio Público . Tenían a diez compatriotas hacinados, entre ellas una chica embarazada y dos con discapacidad mental, en la planta superior de una vivienda de Sanlúcar la Mayor, sometidos a jornadas laborales de diez horas recogiendo patatas a cambio de 25 por saco. Con la falsa promesa de regularizar su situación en España le pedían 530 euros, pero también le cobraban la gasolina por llevarlos al campo. Así iba aumentando la deuda contraída con el clan familiar. Éstos son algunas de extremos descritos por la Fiscalía en su escrito de calificacion, al que tuvo acceso este periódico.

Sin embargo, los acusados, durante el juicio, en el que sólo han respondido a preguntas de su letrado, han negado todos estos hechos. Según su relato, las víctimas estaban malviviendo en un pueblo de Zamora , desde donde uno de ellos contactó con el hijo mayor del matrimonio acusado a través de Facebook «llorando» y «pidiendo trabajo».

Entonces, el patriarca del clan familiar, al que la Fiscalía acusa de organización criminal, fue con uno de sus hijos hasta Zamora para recoger a las víctimas, muchos de ellos miembros de una misma familia. Según los procesados, ninguno fue obligado a venir a Sevilla , a trabajar o a quedarse en su casa de Sanlúcar, donde los acusados vivían de «okupas».

Igualmente, han negado los malos tratos y los insultos hacia las víctimas o que le quitaran su documentación y el teléfono móvil. Preguntado por su defensa, los cuatros han apuntado que las víctimas los denunciaron porque querían más dinero, llegando a señalar uno de los investigados que uno de los trabajadores incluso les amenazó con denunciarles previamente. « Pensaban que venían a España a vivir como un rey , pero luego aquí encuentras la pura realidad«, ha afirmado uno de los hijos acusados, que ha insistido en que ellos cobraban lo mismo que las víctimas por trabajar en el campo.

Esta red familiar fue destapada en 2020 por la Guardia Civil y la Policía Nacional, que contó con la colaboración de la Policía Rumana . Inicialmente detuvieron a ocho personas, aunque sólo cuatro están siendo juzgados por captar a compatriotas bajo la promesa de un trabajo digno en España y de unas condiciones de vida prósperas. Otro de los hijos del matrimonio, menor de edad, está siendo investigado por la Fiscalía de Menores de Sevilla .

El trabajo policial, según recoge la Fiscalía, evidencia una realidad muy distinta a la que han expuesto los acusados este lunes en la Audiencia de Sevilla. En el marco de la operación Flowerpot–Litter, los agentes liberaron a diez personas rumanas que se encontraban hacinadas sobre colchones y mantas sucios dispuestos sobre el suelo, careciendo de electricidad y agua caliente.

El clan era dirigido por el padre , quien se ayudaba de su mujer en las labores de dirección y control doméstico, y se valía de sus hijos para los traslados de las víctimas y su custodia.

Entre abril y mayo de 2020 las víctimas fueron trasladadas desde Zamora a Sanlúcar la Mayor , donde todos fueron alojados en una única habitación de una planta superior de la casa donde vivían los investigados. Una vez aquí, el cabecilla del clan familiar les explicó a los trabajadores que cobrarían 25 euros por cada saco de patatas, al tiempo que les requirió su documentación personal con la excusa de tramitarles los papeles para poder regularizar su situación laboral. A cambio de estos trámites les requería 530 euros. Ahí comenzaba la deuda de las víctimas con su presunto explotador, al que también tenían que entregar sus móviles, según expone la Fiscalía.

Las víctimas tenían una jornada laboral de ocho de la mañana a cinco o seis de la tarde , con un breve descanso para el bocadillo. Los trabajadores, encima, tenían que asumir cinco euros de gasolina por el viaje a la finca agraria.

No cobraron un salario, sino que «lo máximo que llegaron a percibir las víctimas fueron diez o quince euros » a la semana. Hoy los acusados han precisado que cobraban al día. «Se gastaban el dinero en ropa de marca, móviles buenos y comida y bebida», según ha indicado uno de los acusados para explicar que las víctimas vivieran en esas condiciones.

Para la Fiscalía, estos hechos constituyen diez delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, subtipo agravado por pertenencia a organización criminal en concurso medial de un delito explotación laboral. Solicita para cada uno de los cuatro acusados once años por cada uno de los diez delitos, siendo de aplicación el límite máximo de cumplimiento efectivo de condena de veinte años. El juicio continúa este jueves.

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