Una sentencia impide al Ayuntamiento el cobro de 2,3 millones de tasas urbanísticas
El anterior Gobierno municipal reclamó esa cantidad por la recalificación de la finca Las Esperdidillas
El Ayuntamiento de Espartinas no podrá cobrar los 2,3 millones en concepto de tasas urbanísticas que había requerido a los propietarios de la finca Las Esperdidillas por la tramitación de convenio urbanístico de planeamiento y gestión para el cambio de clasificación de ese suelo, según una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo 6 que da la razón a los propietarios. «La sentencia deja un agujero importante en los presupuestos del Ayuntamiento, que habían contado con ese ingreso», según fuentes municipales, que recuerdan que el artíficie de este desaguisado fue el anterior alcalde, Domingo Salado (PP).
«Por si fuera poco, la sentencia del Tribunal Contencioso-Administrativo número 6 obliga al Ayuntamiento a hacerse cargo de las costas judiciales generadas en el procedimiento. Con esta sentencia, el Consistorio espartinero tiene ahora una anulación de ingresos previstos por la cantidad cercana a dos millones y medio de euros», según el Gobierno municipal, que recuerda que el informe de la Cámara de Cuentas de 2012 ya advertía de la enorme cantidad de derechos reconocidos pendientes de cobrar del Ayuntamiento de Espartinas y ponía en duda el cobro de tales derechos. «Esta sentencia da la razón a la Cámara de Cuentas y pone en tela de juicio la realidad de los presupuestos aprobados por el anterior gobierno del Partido Popular, cuentas infladas que no tienen nada que ver con la realidad, y que mermarán, sin duda, futuros presupuestos», apunta José María Fernández (C´s), alcalde espartinero.
«Esta sentencia llega un mes después del pago del primer millón de una de las sentencias condenatorias por el cobro de tasas urbanísticas, efectuado el pasado septiembre. Esta sentencia del Tribunal Constitucional está relacionada con los propietarios de los suelos de la zona de Tablantes y suma la cantidad total de casi cinco millones de euros, más los intereses y las costas del procedimiento, que elevan la cifra a casi 7 millones de euros», indica el Ayuntamiento. El calendario de pagos de esta sentencia contempla el pago de un millón de euros en septiembre de 2015, ya realizado; el pago de otro millón en febrero de 2016 y posteriores pagos trimestrales de 250.000 euros a partir de 2017 hasta llegar al total de la condena. A esta sentencia en firme, ante la que ya no caben recursos, hay que sumar otras causas por un total de 8.9 millones de euros, más los intereses y las costas del procedimiento, una cantidad desorbitada por las cuentas de un ayuntamiento de 15.000 habitantes.
