San Juan de Aznalfarache desvía fondos a una ONG afín al PSOE para un proyecto que «no existe»

Alberto García Reyes

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesión

05/10/2020
Actualizado 06/10/2020 a las 14:18h.

Compartir

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesión

Los cuatro habilitados nacionales del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache —interventor, la secretaria, el vicesecretario y la tesorera— han firmado un escrito conjunto para denunciar el presunto fraude que está cometiendo el gobierno municipal, dirigido por el socialista Fernando Zamora, con la creación de la llamada «Moneda ossetana» . Concretamente, se trata de un acuerdo que el Ayuntamiento firmó con la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía para poner en marcha una «moneda social» con la que los más desvaforecidos del municipio pueden hacer compras en distintos supermercados locales. Esta moneda ya venía funcionando en la localidad aljarafeña desde 2014, pero el 28 de diciembre de 2018 el alcalde y el director de la citada ONG, José María Ruibérriz , que fue el número 17 de la lista socialista a las elecciones de 2015 en San Juan, firmaron un convenio para que a partir de entonces este programa lo gestionase esta entidad. Es decir, Zamora dejó en manos de uno de los miembros de su propia candidatura este proyecto . El Ayuntamiento entrega el dinero a ACPP Andalucía y ésta se encarga de transformarlo en «moneda ossetana» para distribuirlo entre las personas que considere. Así se ha hecho durante los últimos tres años, pero los altos funcionarios municipales han decidido denunciar la situación porque consideran que con este convenio el gobierno municipal ha sacado los fondos del erario eludiendo los controles oficiales para que otro miembro del PSOE los utilice de manera discrecional.

En el informe firmado por los cuatro habilitados nacionales, al que ha tenido acceso este periódico, se explica que «la figura de ACPP como beneficiaria de una subvención está siendo incorrectamente utilizada», ya que los verdaderos beneficiarios tendrían que ser las familias desfavorecidas y no una entidad intermediaria. A la vista de estos hechos, «se ha procedido a realizar una investigación en los expedientes de esta Secretaría descubriendo que no existe expediente alguno sobre el programa de moneda ossetana », recalca el informe, que incide en que «no existe regulación en el Ayuntamiento sobre la moneda ossetana que establezca garantías jurídicas a los usuarios o que establezca una motivación para haber procedido a la referida contratación, sindo un contrato ajeno a las competencias municipales».

Por tanto, los cuatro funcionarios firmantes «advierten que los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido para ello son nulos de pleno derecho, pero articular un programa de moneda social de facto sin reglamentación alguna es una actuación en paralelo, opaca a las funciones reservadas de control y fiscalización de los empleados públicos que deben tener conocimiento de esta actividad municipal, ya que se les está comprometiendo en su labor profesional y se le está hurtando información esencial ». El informe es durísimo en todos sus términos y subraya que «la vía de hecho no está permitida en la Administración Pública, de tal forma que cualquier actuación no amparada en acto administrativo supone una infracción al ordenamiento jurídico », añadiendo que «si esa actuación lleva implícito un reconocimiento de obligaciones o ejecución de gasto, nos podremos mover en ilícitos penales o de responsabilidad contable».

Los funcionarios insisten en que «con independencia del concepto de moneda social o de la decisión de su implantación se ha de partir de un punto fundamental: el programa de la moneda ossetana no existe ». Esto es, se trata de un programa falso a través del cual el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache estaría desviando fondos a la ONG de excandidato socialista. Y si esto no fuera suficiente, los cuatro habilitados nacionales añaden que «lo que se está produciendo es la articulación de un mecanismo paralelo a la contabilidad y gestión del gasto municipal, algo que es absolutamente contrario a la ley ».

El alcalde, Fernando Zamora, tiene este informe en su poder desde hace varios meses , pero hasta el momento no ha tomado ninguna medida y la entidad ACPP del socialista José María Ruibérriz sigue administrando los fondos de un programa «que no existe».