PROVINCIA
El juez pide todos los papeles de la moneda ‘Ossetana’ de San Juan del Aznalfarache
También reclama los documentos justificativos de las ayudas concedidas desde 2014 y los informes de la intervención municipal sobre este proyecto social
La investigación por el presunto fraude en la moneda ‘Ossetana’ , la moneda social del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache , y por el que está investigado el alcalde socialista Fernando Zamora , sigue dando pasos. El juez de Instrucción número 14 de Sevilla ha solicitado «toda la documentación» municipal relativa a este proyecto , y lo quiere «a la mayor brevedad».
En una providencia, el instructor requiere al Ayuntamiento para que le haga entrega de toda la documentación y expedientes que existan en los archivos municipales sobre la moneda ‘Ossetana’ . En el citado escrito judicial, con fecha de 20 de abril y al que ha tenido acceso este periódico, el magistrado reclama también los documentos justificativos de las ayudas concedidas y los informes de fiscalización remitidos por la intervención municipal al respecto.
Aunque el proyecto de la moneda ‘Ossetana’ se puso en marcha en 2014, en diciembre de 2018 Fernando Zamora firmó un convenio con la Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía , una ONG dirigida por un compañero del alcalde en las listas del PSOE en las elecciones municipales de 2015. A partir de este acuerdo, esta entidad se hacía cargo de coordinar el programa social financiado con fondos municipales.
Según el gobierno local socialista, esta moneda social ha contado desde su creación en 2014 con unos 213.000 euros aportados por el propio Consistorio, la Junta de Andalucía o La Caixa, para ayudar a vecinos del municipio a adquirir productos básicos de primera necesidad en supermercados del pueblo.
El informe de los habilitados
En octubre de 2020, este periódico publicó un informe elaborado por los cuatro habilitados nacionales del Ayuntamiento —interventor, la secretaria, el vicesecretario y la tesorera—, en el que denunciaban el presunto fraude que se estaría llevando a cabo con la creación de dicha moneda: el Ayuntamiento entregaba el dinero a la ONG para que ésta lo transforme en moneda ‘ossetana’ para distribuirlo entre las personas que considere.
En palabras de los cuatro habilitados nacionales, con este convenio el gobierno municipal saca los fondos del erario eludiendo los controles oficiales para que otro miembro del PSOE los utilice de manera discrecional. Esto fue llevado a los juzgados por PPy Vox.
Pero el informe va más allá y expone que «no existe expediente alguno sobre el programa», así como que «articular un programa de moneda social de facto sin reglamentación alguna es una actuación opaca a las funciones reservadas de control y fiscalización de los empleados públicos». « Se está produciendo la articulación de un mecanismo paralelo a la contabilidad y gestión del gasto municipal, algo que es absolutamente contrario a la ley», concluye el informe.
Sobre este programa y el convenio firmado con la ONG tuvo que dar explicaciones ante el juez el pasado 23 de marzo el alcalde socialista de San Juan, Fernando Zamora, único investigado en esta causa.
El alcalde apunta a los funcionarios
El primer edil aseguró que este programa era controlado por los empleados públicos de los Servicios Sociales y de la Intervención local, cuyos informes ha pedido ahora el juez. Además, indicó que en el momento que tuvo conocimiento del informe de los habilitados nacionales del Ayuntamiento, emitido el 22 de mayo de 2020, paralizó dicho programa.
No obstante, la documentación obrante en la causa pone en entredicho esto, pues el 1 de junio la teniente de alcalde delegada de Desarrollo Local y Turismo y Protección a la Vivienda y Economía propuso a la junta de gobierno local la firma de una adenda al convenio con la ONG para aumentar la partida de fondos para reforzar dicho programa social.
El 16 de septiembre, Zamora emitió una providencia disponiendo que se emita un informe de la intervención de fondos del Ayuntamient o para aprobar a una adenda al convenio para aportar más fondos.
En este asunto no sólo el informe de los habilitados nacionales pone dudas sobre la gestión del programa social. En 2018 y 2019 se emitieron hasta tres informes (un despacho de abogados, la secretaria general del Ayuntamiento y dos técnicas) sobre la moneda ‘ossetana’, señalando, por ejemplo, «no hay reglamento y ordenanza alguna que recoja con claridad los criterios que se utilizan desde servicios sociales para designar los beneficiarios». Además, se insta al Ayuntamiento a aprobar una ordenanza general de subvenciones.
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