El Gobierno pagará los contratos irregulares con el seguro de responsabilidad civil

El Gobierno municipal de Espartinas, sustentado por el pacto alcanzado el pasado verano por Ciudadanos y PSOE, ha confirmado que usará el seguro de responsabilidad civil del Ayuntamiento para afrontar el pago de las contrataciones irregulares de personas con cargo al plan de emergencia social de la Junta de Andalucía. Como algunas de esas contrataciones no cumplían los requisitos exigidos por la Junta para la baremación de los candidatos, el Ayuntamiento tendrá que usar ahora el seguro de responsabilidad civil para afrontar ese gasto no previsto en los presupuestos municipales.

En un principio se contrataron a 18 personas pero tras las denuncias del Partido Popular y de una vecina no incluida en la lista de admitidos, el Ayuntamiento admitió errores en las baremaciones, por lo que procedió a revisar la totalidad de los expedientes. El interventor ya había emitido un informe advirtiendo que había existido período de alegaciones para que los candidatos pudieran rectificar datos.

Con la nueva baremación, Dolores Villar, la vecina que había iniciado una huelga de hambre para denunciar las irregularidades en las contrataciones, quedó en el puesto tercero de la nueva lista de admitidos, a pesar de lo cual denuncia que no ha recibido ninguna llamada del Ayuntamiento para ser contratada. Villar cree que el Gobierno municipal le está castigando por haber denunciado los hechos e incluso facilitado audios en los que el concejal de Asuntos Sociales admitía que había errores en las baremaciones y que los conocía el alcalde, José María Fernández (Ciudadanos). Villar asegura que el Ayuntamiento ha telefoneado ya a personas de la nueva lista para trabajar como conserjes y limpiar colegios «pero no a mí, que estoy la tercera en esa lista».

El Ayuntamiento dice, sin embargo, «que con la baremación correcta aún no está definido cuántas personas se contratarán a partir del 3 de noviembre, ya que depende del saldo a favor que quede para el Ayuntamiento dentro del P rograma de Ayuda a la Contratación después de los primeros contratos». El Gobierno municipal asegura desconocer cuántas personas han salido de la lista inicial por no contar con suficiente puntuación con la nueva baremación.

El PP ha presentado en los tribunales una querella contra el alcalde y el delegado de Asuntos Sociales, el socialista Ignacio Rubio , por entender que han prevaricado al contratar a los admitidos en la primera lista a pesar de que el interventor advertía que no se cumplían los requisitos y de que los técnicos municipal denunciaban presiones del Gobierno municipal para acelerar las baremaciones, lo que les impidió comprobar muchos de los datos que los candidatos aportaban en sus expedientes.