Tribunales
La Fiscalía de Medioambiente de Sevilla investiga por fin el abandono del yacimiento del Carambolo
El artículo 323 del Código Penal castiga con entre seis meses y tres años de prisión a quien cause daños en zonas arqueológicas
La Fiscalía de Medioambiente de Sevilla ha abierto una investigación de oficio sobre el abandono que sufre el yacimiento tartésico ubicado en Camas, donde en 1958 se descubrió el tesoro que lleva el nombre del cerro donde se hallaron las 21 piezas de oro del Carambolo .
Entre los argumentos que le ha llevado a tomar esta decisión está la publicación de un reportaje aparecido hace unos días en un medio de comunicación nacional donde se mostraba el abandono que sufre el citado yacimiento.
Esta decisión del Ministerio Público llama la atención porque llega precisamente ahora y a raíz del artículo de «El País», cuando coincide que desde hace un año la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía está en manos del Partido Popular , «olvidando» las continuas denuncias que ha ido realizando ABC desde el año 2008 hasta la fecha alertando del estado de abandono, si bien ya llevaba así varios años antes.
En esos años, hay que recordar que la Junta de Andalucía estaba gobernada por el PSOE, por lo que resulta más que llamativo que sea ahora cuando abra las diligencias, sobre un delito tipificado en el artículo 323 del Código Penal, «que castiga con entre seis meses y tres años de prisión a quien cause daños en zonas arqueológicas».
En una noticia fechada en enero 2009, ABC publicaba el artículo titulado «El Carambolo sigue abandonado tras los fastos de su cincuenta aniversario» , donde «el yacimiento sigue siendo zona de marcha nocturna y junto a él ayer se veía la misma imagen que antes del verano: botellas vacías, preservativos, rescoldos de candelas recientes, escombros...».
Entonces, la Fiscalía no abrió un expediente, como tampoco lo hizo hace cuatro años tras la publicación de un nuevo artículo en ABC. Fue en enero de 2016 cuando de nuevo se alertaba del abandono. «El Carambolo, una escombrera Bien de Interés Cultural» fue el titular del artículo, donde se recordaba que «la Junta de Andalucía da la máxima protección administrativa al yacimiento, pero el cerro donde se adoraba a Astarté es un basurero desde hace décadas». Y tampoco en esta ocasión, el Ministerio Público abrió expediente. La Junta seguía en poder de los socialistas.
Cuatro años después —y a raíz de la polémica declaración del alcalde de Camas, el socialista Rafael Recio, quien achacaba a una «cacicada franquista» la titularidad del Tesoro del Carambolo y la posibilidad de exhibir las piezas en el Antiquarium de la capital— llama la atención la coincidencia de que sea ahora con el nuevo gobierno de Juanma Moreno y a raíz de la publicación del artículo en este medio de comunicación nacional, cuando se haya dado este paso de judicializar el «estercolero» del yacimiento tartésico.
Para su investigación, la Fiscalía requiere ahora a la delegación de la Consejería de Cultura en Sevilla información sobre el estado del yacimiento y la existencia de los posibles delitos causados así como su valoración, según explica en las diligencias abiertas a las que ha tenido acceso Efe.
En el yacimiento se encontró en 1958, durante la construcción de las instalaciones de la Sociedad Sevillana del Tiro de Pichón , un tesoro formado por varias piezas de oro de alto valor arqueológico, y en el año 2000 los terrenos fueron adquiridos para construir un hotel, aunque varias protestas impidieron esa iniciativa.
La Fiscalía subraya que la zona arqueológica está protegida porque los informes explican que contiene vestigios materiales de una de las principales localizaciones protohistóricos excavadas en el Bajo Guadalquivir y supone «un hito y una referencia en el conocimiento de los periodos históricos del Bronce Final de la edad del Hierro en el sureste de la Península Ibérica».
Pese a ello, la parcela está siendo utilizada como «vertedero», con la acumulación de « todo tipo de basura, lixiviados, escombros y aguas estancadas », lamenta la Fiscalía, que atribuye la conservación al dueño del terreno y a la Consejería de Cultura su control.
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