El Defensor abre una investigación sobre los fallos en la protección de la joven asesinada en Olivares

SILVIA TUBIO

20/10/2016
Actualizado a las 15:29h.

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El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto queja de oficio para investigar «qué tipo de medidas están fallando» en la protección de las mujeres que denuncian malos tratos. Una investigación que se inicia a raíz del último crimen machista registrado en Olivares. La víctima había solicitado un mes antes de su muerte una orden de protección que le fue denegada por una juez. La queja está dirigida al Ayuntamiento de Olivares, el Instituto de la Mujer (IAM) y la Delegación del Gobierno.

«Hay que ver la eficacia de las medidas y aportar a la Fiscalía el tipo de medidas que deberíamos tener en cuenta», ha señalado el Defensor Jesús Maeztu en declaraciones a los periodistas en Sevilla tras inaugurar unas jornadas. «Hay muchos fallos en la práctica tanto por parte de los implicados como de las medidas que se toman».

En este sentido, el Defensor asegura: «tenemos que seguir insistiendo para ver cómo se pueden corregir esos fallos. Este dominio sobre la mujer debe acabar como sea».

El asesinato de Stefani María sigue teniendo repercusiones. Este miércoles, el crimen de la joven de Olivares se colaba en la intervención inicial de la presidenta de la Junta de Andalucía en el debate sobre el Estado de la Comunidad. Susana Díaz fue contundente y habló de «negligencia» y «cadena de errores« y reclamó a las instituciones públicas más fondos y también más control sobre la gestión de esos fondos para la lucha contra la violencia de género.

Un día antes, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, se refería al «fallo en la valoración de los riesgos» y cómo eso «había producido un asesinato», añadiendo que en cualquier caso esos errores se «escapan de las competencias de la Junta».

Desde San Telmo, aunque lanzaron un mensaje conciliador con el resto de administraciones, para «arrimar el hombro» y trabajar juntas en contra de esta lacra social, las miradas están puestas en la decisión que adoptó la juez de Sanlúcar la Mayor, que le restó importancia a la versión de Stefani y entendió que estaba ante una pelea de pareja ; como también en las herramientas que usan los cuerpos policiales para evaluar el riesgo de las víctimas. Una evaluación que los jueces tienen en cuenta a la hora de decidir qué medidas de protección deben adoptarse.

Como informara ABC en su edición del martes , Interior presentaba este pasado verano los nuevos test de evaluación de riesgos , que debían realizar una mejor labor de criba para detectar los casos más extremos, y que sustituían a los que funcionan desde 2007. Esa herramienta entró en funcionamiento en la provincia de Sevilla en agosto.

En 2014 se había decidido modificar el protocolo, mejorando los cuestionarios con la inclusión de más indicadores de riesgo, después de que nueve mujeres que habían sido previamente evaluadas por los cuerpos policiales acabaran asesinadas en 2012 y 2013 . En ninguno de esos casos el sistema detectó un peligro elevado. Ahora con la muerte de Stefani, la historia vuelve a repetirse.

El delegado del Gobierno, Antonio Sanz, anunció el lunes que se abría una investigación para aclarar lo que había ocurrido. Hacía tan sólo escasas semanas que anunciaba la puesta en marcha de los nuevos tests, calificando la herramienta de "muy valiosa", la cual podría aportar información más personalizada de la víctima con el objetivo de alcanzar una protección más eficaz.

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