El Ayuntamiento de Bormujos gasta 90.000 euros en una obra que tendrá que demoler

El grupo popular del Ayuntamiento de Bormujos acusa al equipo de gobierno, formado por PSOE y Participa, de incurrir«en una ilegalidad urbanística y un despilfarro económico » en las obras de ampliación de la nave municipal de obras y servicios.

Según explican desde el grupo popular, el proyecto de la obra fue redactado por servicios externos al Ayuntamiento, hecho que tuvo un coste de más de 5.000 euros y que impidió que los servicios técnicos municipales pudieran supervisar el proyecto.

Según un informe de los servicios técnicos municipales solicitado por la portavoz del grupo popular y el interventor municipal, se dictamina que la obra ejecutada no cumple la normativa urbanística de Bormujos, ya que el cerramiento sobrepasa la altura permitida y no se han respetado las dimensiones establecidas para el uso de materiales. Además, asegura dicho documento, existe un sobrecoste de 14.716,57 euros en las partidas de hormigón, pavimento y placas alveolares.

De otro lado, la Intervención Municipal también ha emitido un informe con un reparo de ilegalidad al procedimiento y la ejecución de la obra «porque va en contra del plan existente de ordenación urbana y porque no queda acreditado el modo de adjudicación del contrato». El expediente concluye con un informe del secretario del Ayuntamiento instando a «restablecer el ordenamiento jurídico y proceder a la demolición de la obra para que cumpla con el Plan de Ordenación Urbana de Bormujos».

Por todo ello, desde el grupo popular exigen al equipo de gobierno, «que se proceda a la adecuación de la obra a la normativa tras los informes contundentes». « Se han derrochado más de 90.000 euros en una obra sin ningún control, se ha ofrecido un ejemplo penoso a los vecinos de Bormujos, de cuyos bolsillos saldrá un dinero malgastado», reprochan los populares, que exigirán en el próximo pleno municipal la dimisión del Alcalde, Francisco Molina , y la delegada de Obras y Servicios, María del Carmen Garfia , «como responsables de la ilegalidad cometida y del grave perjuicio económico sufrido por las arcas municipales».

Desde el equipo de gobierno no quieren pronunciarse sobre la denuncia popular ya que, aseguran «se trata de un expediente abierto y pendiente de resolución». «El Gobierno local considera imprescindible esperar a conocer el dictamen de dicho expediente y cumplir lo que marca el RD 2568/1986 de 28 de noviembre, sobre el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que en su artículo 16.3 establece que os miembros de la Corporación tienen el deber de guardar reserva en relación con las informaciones que se les faciliten». Fuentes municipales afirman que, una vez resuelto el expediente se facilitará toda la información.