Archivo definitivo del juzgado a la denuncia del «caso Tomares»

La titular del juzgado de instrucción número 8 de Sevilla, María de los Reyes de Flores, ha acordado el sobreseimiento y archivo de la denuncia inicial del «caso Tomares» , que ya había sido desestimada por el Tribunal Supremo. En un auto firmado el pasado 3 de agosto, la magistrada da carpetazo definitivo al caso, tal y como había hecho el Alto Tribunal hace dos años y como había solicitado la propia Fiscalía de Sevilla.

La investigación judicial se originó en 2013 a raíz de una denuncia ante la Fiscalía del grupo municipal del PA en el Ayuntamiento de Tomares , que aseguró que el Consistorio cometió irregularidades al contratar a Juan Antonio Campos para labores de asesoría y consultoría, facturándole distintas cantidades al Ayuntamiento entre los años 2007 y 2011. La Fiscalía presentó la denuncia ante el Juzgado de Instrucción 8 de Sevilla, resultando investigados el alcalde de la localidad , José Luis Sanz, así como tres concejales del PP (Eloy Carmona, Pilar Domínguez y Mercedes Fuentes) y el trabajador Juan Antonio Campos . En la causa están personados Izquierda Unida y el Partido Andalucista.

En 2015, el Tribunal Supremo, al que había elevado la causa el juzgado de Instrucción por ser José Luis Sanz aforado, archivó la causa contra el alcalde al no apreciar indicios relevantes de prevaricación y malversación de caudales públicos. El nuevo archivo exime asimismo de responsabilidad al resto de los acusados.

Según el informe de la Brigada Provincial de la Policía Judicial, el alcalde de Tomares, José Luis Sanz, contrató a Juan Antonio Campos Jabalquinto en 2007, siendo la duración del contrato de un año y fijándose unos honorarios de 975 euros mensuales fijos y 150 euros por la elaboración de cada informe que revistiera especial complejidad. Esa relación se prorrogó durante los años 2008 y 2009. A partir de 2010 se firmó contrato entre el alcalde y una empresa para la supervisión del Plan E 2010. La empresa en cuestión terminó contratando a Juan Antonio Campos para esa labor. La Brigada de la Policía Judicial concluyó que los informes que hizo Juan Antonio Campos carecían de complejidad administrativa , tratándose de escritos de casas líneas, muchos de ellos consistentes en fotografías.

Por otra parte, la Fiscalía de Sevilla ha elevado un escrito al mismo juzgado de instrucción solicitando que remita al Tribunal Supremo las diligencias previas 1189/2014, consistente en una causa judicial desgajada de la pieza cuyo archivo definitivo acaba de ser ordenado por la titular de dicho juzgado.

Esta causa alude a la existencia de una presunta trama de empresas que se habría beneficiado de contratos con el Ayuntamiento tomareño «entre 2007 y hasta 2014» -bajo el mandato de José Luis Sanz-, según denuncia la Fiscalía, una contrataciones en las que «se iba a prescindir total y absolutamente, en la mayoría de los casos, del procedimiento legalmente establecido». Se da la circunstancia, sin embargo, de que las sociedades se constituyeron entre los años 1995 y 2009, antes de la llegada de Sanz al Consistorio, y contrataron también con el gobierno del PSOE que precedió al del PP. Paradójicamente, en esta causa está también imputado el exconcejal del PA Alberto Mercado, denunciante inicial del «caso Tomares».