El actual gobierno municipal denuncia que una empresa pública apoderó en 2007 a un torero

El Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla), gobernado por Ciudadanos y el PSOE, ha anunciado su personación en las diligencias judiciales abiertas hace dos años por posible delito de malversación de caudales públicos en el caso del torero Agustín Pérez García y la supuesta financiación de más de 120.000 euros de la que habría gozado gracias a la sociedad municipal de desarrollo local Esdelsa cuando era alcalde el popular Domingo Salado. A raíz de una denuncia del PSOE de Espartinas cuando estaba en la oposición, la Fiscalía pidió en 2013 a los juzgados de Instrucción de Sanlúcar que investigasen los hechos por existir indicios de un posible delito de malversación de caudales públicos.

El actual concejal del PP Javier Jiménez Rodríguez, ex consejero delegado de Esdelsa e imputado en la causa, ha declarado a ABC que «la Fiscalía ha entendido que se ha usado dinero público para la promoción privada de un torero, algo que no es cierto, ya que la empresa se financiaba con patrocinios de empresas constructoras interesadas en la promoción de Espartinas. Con esos patrocinios no sólo se ha promocionado al torero Agustín Pérez con la condición de que incluyera en su nombre artístico la denominación "de Espartinas" , sino que también se organizaron carreras ciclistas, ferias del toro, teatro... etcétera».

Según el equipo de Gobierno municipal, la denuncia del PSOE señalaba un posible delito de malversación de fondos públicos al haber sido librados supuestamente fondos de Esdelsa para fines «que no son los propios» de esta sociedad municipal, mientras el Gobierno municipal del PP defendía en su momento que el torero gozó de un «patrocinio» al igual que varias entidades deportivas de la localidad, dentro del «objeto social» de 'Esdelsa'.

En el escrito de denuncia entregado por los socialistas en la Fiscalía se recoge que la sociedad municipal Esdelsa firmó en 2007 un contrato con el entonces novillero Agustín Pérez García, según el cual «asumía su representación artística y apoderamiento, hecho del que los propios miembros del consejo de administración no tenían constancia». La denuncia expone que el propio Consistorio, en su página web, daba cuenta en su momento de que había destinado «para la proyección» de Agustín Pérez García «recursos públicos superiores a 120.000 euros».

Jiménez señaló que «en el contrato que Esdelsa tenía con el torero había una cláusula de rescisión del contrato por la cual Agustín Pérez García tendría que pagar 120.000 euros al Ayuntamiento si cambiaba de apoderado. Al final cambio pero nosotros le condonamos esa deuda. ¿Cuánto invertió la sociedad municipal en su promoción? Todo lo que se invirtió en su promoción se recuperó con las corridas de toros. Un perito deisgnado por el juzgado de Sanlúcar que investiga el caso examinó las cuentas hace dos años y desde entonces no sabemos nada más».

El PSOE sospechaba de «irregularidades contables en esta empresa pública que han permitido destinar tal cantidad de dinero a fines que no son los propios de dicha sociedad», detectando posibles delitos de malversación de fondos públicos.

A día de hoy, y según el Ayuntamiento, «el ministerio fiscal entiende que hay indicios de la comisión de delito de malversación de caudales públicos, ya que los costes de la representación artística de un torero local en ningún caso pueden considerarse un empleo racional y para fines públicos y del bien común del municipio. Están imputados en dicho procedimiento, según el Ayuntamiento, el actual concejal del PP Javier Jiménez Rodríguez como ex consejero delegado de Esdelsa y ex primer teniente de alcalde, y Juan Torrecillas Méndez, que por aquel entonces era el gerente de la sociedad.

El juzgado, según el Consistorio, requirió a los imputados que aportasen las auditorías de los años 2008 y 2009, algo que no se ha producido, ya que «no existen auditorías de esos años de la sociedad Esdelsa, ya que no había fondos para llevarlas a cabo», si bien ha sido designado un perito judicial para que lleve a cabo la auditoría. Hasta la fecha, el perito habría reclamado tanto a la sociedad como al Ayuntamiento toda la documentación necesaria para poder llevar a cabo esta auditoría. Esta se unirá a la encargada recientemente por el consistorio espartinero de los dos últimos ejercicios, ya que se ha detectado que la sociedad, que lleva en liquidación desde 2014, ha realizado actividades que «en poco o en nada tienen que ver con un proceso de disolución». En este sentido, se habrían observado gastos relacionados con la celebración de una corrida de toros o la organización de espectáculos musicales (concierto de Raphael) y de ocio (actuación Los Morancos).