El alcalde de San José del Valle, acusado de cobrar tasas municipales a feriantes en terrenos privados

Los líos judiciales en la Sierra de Cádiz no cesan. Si esta semana se ha sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Cádiz el exregidor del PSOE de Villarmartín, José Luis Calvillo, por una presunta prevaricación al conceder obras de manera presuntamente ilegal a la empresa del que era entonces su arquitecto municipal, ahora, es el alcalde de San José del Valle, el también socialista Antonio González Carretero, quien, próximamente tendrá que rendir cuenta ante un tribunal.

Y también por prevaricar. O así lo considera la Fiscalía Anticorrupción que solicita que el regidor sea condenado a once años de inhabilitación para cargo público por cobrar de manera irregular en 2016 unas tasas municipales a algunos feriantes de su pueblo al eximirles de algunos impuestos y a otros por hacerles pagar en terrenos que no eran municipales. El Ministerio Público cree que González Carretero es responsable de un delito de prevaricación y otro de exacción ilegal.

Y así lo explica Anticorrupción en sus conclusiones provisionales: «ante la próxima celebración de la feria de dicha localidad en el verano de 2016, con conocimiento de su ilegalidad, de manera arbitraria y anteponiendo su voluntad y capricho a la ley y pese a la advertencia de ilegalidad por parte de la Secretaria-Interventora del Ayuntamiento» el alcalde firmó dos decretos.

En uno de ellos, fechado el 25 de mayo de 2016 acordaba, pese a estar en terrenos «no públicos sino privados» situados en la calle Parada Baja, el cobro a seis feriantes de una tasa municipal por ocupación de dichos terrenos por parte de diversas casetas que se instalaron en esta ubicación por una cuantía total de 1.709,4 euros.

Al día siguiente firmó otro decreto para cobrar las tasas a otro trece feriantes que instalaron sus puestos de venta de golosinas, hamburgueserías, y demás sobre otros terrenos privados en la avenida Alcalde Arturo Mariscal. En total pagaron 1.058,95 euros.

«La cantidad exigida indebidamente y con conocimiento de su improcedencia alcanzó la cantidad de 2.768,35 euros».

Por otro lado, continúa el fiscal, en este último decreto del 26 de mayo se eximió del pago de la tasa a determinadas atracciones de feria que se encontraban en terreno público y que en este caso si era obligatorio exigir una tasa conforme se establece en el artículo 2, de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por ocupación de dominio público con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos y atracciones y el artículo 6 que dice que no se concederá exención ni bonificación alguna en la exención de la presenta tasa y como se le advirtió por la Secretaria Interventora.

En este mismo decreto se eximía del pago de la tasa a los feriantes de las atracciones de feria, amparándose en un acuerdo con ellos por los que estos rebajarían los precios de las atracciones en determinados días y por el que a su vez entregarán al Ayuntamiento treinta tickets como como compensación a los beneficios, «acuerdo a todas luces ilegal conforme a la ordenanza municipal».

Además, y aunque no se individualizó el lugar exacto en el que se iban a instalar cada una de las atracciones de feria a las que se refiere, la Fiscalía sostiene que algunas de ellas iban a instalarse en terreno público y otras en terreno privado, no constando en el Ayuntamiento ningún documento que permita conocer su ubicación exacta si bien se sabía que parte de las atracciones estaban en terrenos privados y otras en públicos en la avenida Alcalde Arturo Mariscal.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya condenó a González Carretero a nueve años de inhabilitación para cargo público por prevaricación al no derribar una construcción ilegal. Además en noviembre del pasado año fue condenado por injurias graves a tres policías locales de su localidad. El alcalde vallense llegó a afirmar que los agentes eran corruptos al servicio de la oposición y que disimulaban «muy mal a quién perseguían y por qué motivos».